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Muerte civil ronda a servidores públicos del Gobierno pasado

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En la Corte Nacional de Justicia, en diciembre del año pasado, durante el caso Odebretch. Foto EL COMERCIO

Para los políticos y exfuncionarios que están vinculados o investigados por casos de corrupción, la pregunta 1 del referendo constitucional tiene una importancia particular. Con su aprobación, si ellos llegan a ser sentenciados, no podrán volver a tener vida política ni ser funcionarios.

 

David Chávez, sociólogo de la Universidad Central, cree que esta fue la pregunta clave de la consulta y referendo. Advierte que podría dar paso a una persecución judicial contra distintos actores políticos, entre ellos Rafael Correa.

 

Luis Verdesoto, coordinador de la Plataforma por la Democracia y Derechos Humanos, coincide. Para él, se requiere de una legislación “sensata”, que permita evitar que esta normativa se mal utilice.

 

Eso sí se hizo, agrega, en la pregunta para impedir la reelección indefinida, que evita que cualquier figura política que haya sido reelegida desde 2008 pueda volver a ese cargo, lo cual incluye a Correa. Pero, con la aprobación de la pregunta 1 nadie que tenga una sentencia por corrupción (público o privado) podrá ser candidato a ninguna dignidad u ocupar un cargo público.

 

Este será, por ejemplo, el futuro del exvicepresidente Jorge Glas Espinel, si su sentencia por asociación ilícita, dentro del caso de corrupción Odebrecht, se mantiene al final del proceso judicial. En la lista de funcionarios públicos investigados por delitos de defraudación contra el Estado está también el excontralor Carlos Pólit, por supuesta concusión.

 

También podría ser la situación de Ramiro González, expresidente del Consejo Directivo del IESS y del partido Avanza, quien hoy es investigado por la Fiscalía General, por presunta defraudación tributaria y enriquecimiento privado ilícito cuando estuvo a cargo del IESS. Actualmente continúa prófugo.

 

Asimismo, hay varios procesos de investigación en la Fiscalía que vinculan a funcionarios públicos, además de los informes de la Contraloría y que pueden predeterminar responsabilidades de carácter penal por corrupción.