Una vez que la Fiscalía analizó la información obtenida de contratos suscritos por Odebrecht y el Estado para la Refinería del Pacífico, la central hidroeléctrica Manduriacu, el trasvase Daule-Vinces y el poliducto Pascuales-Cuenca, se dio luz verde para que se ejecuten, la madrugada del viernes, los actos urgentes de la operación Odebrecht.
Las evidencias obtenidas en allanamientos a más de doce lugares y la detención de seis personas, entre ellas Ricardo R., tío del vicepresidente Jorge Glas, le permitían a la fiscal Diana Salazar confirmar en la audiencia de formulación de cargos, del sábado, los ”nexos criminales” que los investigados habrían tenido con la constructora.
Los contratos analizados por la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía fueron los que el Gobierno ejecutó con la empresa brasileña, después del 2010.
En julio de ese año, Odebrecht volvió a ser contratista del Estado, luego que el Gobierno le exigió el resarcimiento por los perjuicios ocasionados por la para de la hidroeléctrica San Francisco.
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