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Alcaldes discrepan por enmienda que alcanza Contraloría

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Los alcaldes del país tienen diferentes posturas sobre la enmienda a la Constitución que alcanza a la Contraloría General del Estado (CGE). Los municipios son las entidades estatales más observadas por la CGE, según su titular, Carlos Pólit, quien atribuye el pedido de enmienda a los reclamos de ese sector.

 

La propuesta, impulsada por Alianza PAIS (AP), plantea suprimir parte del articulado 211 y 212 de la Carta Política. Las frases a eliminar son en el artículo 211: “y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado” y en el 212: “y gestiones (sujetas a control)”. Es decir que eliminarían las auditorías de gestión.

 

Art. 211: La Contraloría es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de esos recursos.

 

Art. 212: Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de lo propio de la Fiscalía.

 

Alexandra Arce, alcaldesa de Durán (Guayas), alega que la CGE no es un organismo de “calificación” sino de control, pues al ser calificador implicaría una “medición del rendimiento”. Afirma que esta labor le compete a cada Municipio y por eso está de acuerdo con la supresión de los términos “la consecución de los objetivos”, en el artículo 211.

 

Fernando Cedeño (Avanza), alcalde de Santa Ana (Manabí), agrega que suprimir la palabra “gestiones” del artículo 212 es lo correcto, porque la institución rectora de tal aspecto es Senplades.

 

Burgomaestres de otros grupos políticos están en desacuerdo con la propuesta.

 

El alcalde de Tena (Napo), Kléver Ron (CREO), cree que a veces el trabajo de la CGE incide en la autonomía municipal porque “se objeta” el uso de ciertos recursos “en favor” de los habitantes. Por ello recomienda reformar la Ley de la Contraloría, y no aprobar la enmienda.

 

El titular de Portoviejo (Manabí), Agustín Casanova (SUMA), sugiere, capacitar a los auditores, pues considera que la institución “se excede” cuando “se fija en nimiedades”, como cuando ciertos funcionarios cuestionan el modelo de gestión local.

 

Por su parte Pólit advierte que la enmienda limitará la labor de la Contraloría, y ha remarcado que el control de los recursos públicos y de la gestión estatal no pueden separarse. Indica que “los más observados” en el sector público son los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), y dentro de estos, los Cabildos.

 

Según la CGE, en el 2014 se realizaron 398 acciones de control a los GAD: 229 a los municipios, 146 a las juntas parroquiales y 23 a las prefecturas.  (I)