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La Asamblea deja pendiente la resolución del juicio político a la Judicatura

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La oficialista BAN propuso la reconsideración, que logró 85 votos. Pero no fue posible volver a votar la censura y destitución de los tres vocales por la ausencia de Viviana Veloz (UNES). El PSC anunció que presentará un nuevo pedido de juicio político.

El Pleno de la Asamblea trató la reconsideración del juicio político a la Judicatura, este 8 de septiembre de 2022.

Nota actualizada a las 16:25 con la suspensión de la segunda votación sobre el juicio político.

El resultado del juicio político al Consejo de la Judicatura se mantiene en suspenso. El Pleno de la Asamblea dio paso a la reconsideración de la votación sobre la censura y destitución de Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Murillo; pero no volvió a votar sobre ello.

La reconsideración de esta votación estaba pendiente desde el pasado 1 de septiembre de 2022, cuando no alcanzaron los votos para censurar y destituir a los tres vocales. Por ello, la ocasión para revisar esta votación era la sesión de este 8 de septiembre.

La bancada oficialista BAN optó por proponer la reconsideración desde su lado. Gruber Zambrano (BAN), que lo mocionó, aseguró que es necesario zanjar el tema “por la unidad y la paz que demanda Ecuador”.

Su moción logró 85 votos a favor, es decir que fue aprobada. Esto quiere decir que queda eliminada la votación del 1 de septiembre, y que el Pleno debía votar nuevamente a favor o en contra de la censura y destitución de Murillo, Barreno y Morillo.

Pero aquí comenzó la polémica. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, aseguró que Viviana Veloz (UNES), que propuso originalmente la moción de censura y destitución, debía volver a presentarla. Pero ella no estaba presente.

Esto generó críticas a Saquicela de parte de los asambleístas que no apoyaban el juicio político. Lo señalaron de dar tiempo a UNES para lograr los 92 votos para aprobar la censura y destitución.

Saquicela suspendió la sesión por 15 minutos para consultar con sus asesores. Al regreso, se ratificó en su criterio y suspendió ese punto ante la ausencia de Veloz. Por lo que el punto debería retormarse en una reinstalación, que debería ser fijada por Saquicela.

La Asamblea tomará su vacancia entre el 12 y el 26 de septiembre. Es decir que la resolución final del juicio político quedaría para fin de mes.

No hay los votos

Horas antes, la misma Veloz aseguró que no pedirían la reconsideración porque solo contaban con los 87 apoyos que obtuvieron en la primera votación.

Veloz dijo que los 49 legisladores que votaron por la abstención “habrían recibido prebendas, en una transacción política con el Consejo de la Judicatura”. La legisladora aseguró que entre agosto y lo que va de septiembre ha habido 403 vinculaciones de nuevos funcionarios, una parte a través de contratos ocasionales.

Además, dijo que la Judicatura estaría por entregar 51 notarías bajo la figura de encargo, supuestamente, relacionadas con los votos para salvarlos del juicio político.

Y adelantó que parte de los cargos entregados serían las direcciones provinciales de Pastaza, Napo, Chimborazo, Los Ríos y Esmeraldas.

También señaló al asambleísta Edgar Quezada (Pachakutik, votó por la abstención). Dijo que la Fiscalía archivó una denuncia en su contra por fraude procesal, que coincide con esta negociación.

Un nuevo juicio político

Pero la paz para la Judicatura será temporal. El Partido Social Cristiano (PSC) ha anunciado que presentará un nuevo pedido de juicio político, en este caso con nuevas pruebas.

Estas se referirían a los audios filtrados al vocal Juan José Morillo, en el que se revelarían supuestas interferencias de la Función Ejecutiva en la Justicia.

Este nuevo proceso, de ser presentado, debería pasar primero por una calificación del Consejo de la Administración Legislativa. En ese organismo está pendiente la calificación de los juicios políticos al ministro del Interior, Patricio Carrillo, y a la exministra de Salud, Ximena Garzón.

Además, en la Comisión de Fiscalización recién comienza el trámite del proceso de fiscalización contra los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana, que durará, aproximadamente, un mes.

 

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