Alrededor de 11 000 de los 32 000 presos que tiene Ecuador, equivalente a un tercio de la población penitenciaria del país, se identifica con alguna de las bandas criminales que se disputan el control interno de las cárceles y cuyos enfrentamientos han dejado más de 400 reos asesinados desde 2020.
Así lo indicó este miércoles, 24 de agosto de 2022, el director general del Servicio Penitenciario Nacional (Snai), Pablo Ramírez. Esto con base en estimaciones realizadas por el organismo estatal, encargado de administrar y custodiar las prisiones, donde desde el 22 de agosto se inició el primer censo penitenciario de la historia del país.
Ramírez indicó en una comparecencia con periodistas que el Snai tiene identificadas entre nueve y diez bandas que son las causantes de esta crisis carcelaria.
Si bien reconoció que los indicios apuntan a que estas bandas tienen nexos con el narcotráfico, no necesariamente las personas que están al mando de ellas están vinculadas o han sido sentenciadas por delitos de tráfico ilícito de drogas.
Hacinamiento a la baja
El director del organismo penitenciario afirmó que su institución va por el camino correcto para pacificar las cárceles de Ecuador. Especialmente en el objetivo de que el hacinamiento sea “cero” a final de 2022.
En ese sentido, destacó que la tasa actual de hacinamiento en el conjunto de las 36 prisiones que tiene el Ecuador es de 7,52%. Prácticamente, veinte puntos menos que a finales de 2021. “El hacinamiento es nuestro principal objetivo”, refrendó Ramírez.
Esta reducción se está logrando a través de un programa de libertades condicionales y de indultos a presos condenados por delitos menores que hayan cumplido la mayor parte de la pena. A través de los que se han excarcelado entre 4 000 y 4 500 reos.
No obstante, Ramírez admitió que hay cárceles con un hacinamiento aún alto. Se llega al 20%, 30% e incluso 50%, ya que hay presos que piden permanecer en ellas por cercanía a sus familias, por que están procesados en esas jurisdicciones.
Más guardias y tecnología en prisiones
Asimismo, el director del Snai manifestó su confianza en que el Estado podrá recuperar el control de las prisiones con el deshacinamiento y la contratación este año de 1.300 nuevos agentes penitenciarios. Permitirán casi doblar la plantilla actual de 1 600 carceleros.
Unidos a los 1.000 adicionales que esperan contratar el próximo año, el equipo de funcionarios de prisiones ascenderá a casi 4 000. Lo cual, dará un rango de un guardia por cada ocho presos, por encima de las recomendaciones internacionales que aconsejan uno por cada diez, según destacó Ramírez.
Al respecto, reconoció que es difícil controlar los objetos prohibidos, como las armas, que ingresan a las cárceles y que luego son usados en las masacres entre presos. Aseveró que estas organizaciones son capaces hasta de utilizar drones para ingresar lo que desean a los centros carcelarios.
Sin embargo, Ramírez expresó su confianza en que en el transcurso de este año todas las cárceles dispongan de escáneres y equipos de rayos X para un mayor control de las personas y de los objetos que entran y salen de las prisiones.
Reclama estrategia Estatal
Más allá de esas iniciativas, advirtió que la visión para solucionar la crisis carcelaria debe ser estatal, lo que a su criterio debe incluir la implicación de la Justicia para no abusar de la prisión provisional para procesados por delitos menores, que hace que entre el 25% y 30% de los presos estén en esas condición actualmente.
Además, el director del servicio penitenciario valoró la cooperación internacional recibida para aplacar esta crisis carcelaria. Especialmente, de los Estados Unidos y de la Unión Europea, a través del Programa de Asistencia Contra el Crimen Trasnacional Organizado (El Pacto).
La situación ha suscitado la atención internacional. En marzo de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado recuperar el control interno de las prisiones. Brindar condiciones dignas a los presos y elaborar una política de prevención del delito que no tenga al encarcelamiento como principal estrategia.
Por su lado, la organización Human Rights Watch (HRW) identificó al hacinamiento, la falta de control estatal y el poder adquirido por grupos criminales como los factores que explican esta ola de violencia intracarcelaria.
