En las vitrinas de las funerarias de Guayaquil cada vez se ven más ataúdes blancos. Son cajas de madera exclusivamente para niños y adolescentes. Su comercialización se ha incrementado en los últimos años. Esto sucede especialmente en los barrios más populares de la ciudad, donde se vive actualmente una guerra entre bandas delictivas.
Uno de estos sectores es Pascuales, al norte de la urbe. Allí los padres han prohibido a los niños que salgan a jugar en las calles de tierra. En las tarde, noches y fines de semana ya no se observan a los pequeños en los parques o lotes baldíos, donde acostumbraban a jugar fútbol.
El miedo a que puedan ser lastimados o asesinados en balaceras se ha trasladado hasta las escuelas. Los maestros durante las clases les enseñan a lanzarse al piso si escuchan estruendos o disparos. También les dicen que deben colocarse detrás de paredes, columnas o electrodomésticos.
Llevan dos años con estas alertas, pero este mes se intensificaron debido al asesinato de dos niños en una cooperativa de la zona. Un grupo de armados disparó por reiteradas ocasiones a su casa de bloque y madera. Los pequeños, que eran hermanos, fallecieron tras recibir cada uno un impacto de bala en su cabeza. Los vecinos del sector cuentan que el pequeño tenía 10 años y su hermanita ocho.
La Policía aún indaga las causas del ataque, pero sospechan que fue una retaliación a sus familiares. En la balacera un bebé también resulto herido en su brazo. Las huellas de las balas aún permanecen en la fachada de la vivienda.
Pero la muerte de estos niños no es un hecho aislado. Tampoco lo es el incremento de la venta de los pequeños cofres en las funerarias. Estos muestran una realidad que cada vez se repite en el país. Los datos oficiales lo corroboran. De hecho, el año más violento para los menores ha sido el 2022.
Solo desde enero hasta julio del 2022, a escala nacional ya se contabilizan 229 muertes violentas. Es la cifra más alta desde el 2019. De hecho, en todo el 2021 hubo 198.
La Policía admite que son muertes colaterales de la violencia que vive Guayaquil. Pero el problema se repite en todo Guayas, Esmeraldas, Manabí, El Oro y Los Ríos. Justamente sucede en las provincias donde las muertes violentas por disputa de bandas delictivas han crecido exponencialmente en estos últimos años.
De allí que, en barrios populares de Guayaquil, las canchas y parques se han convertido en sitios peligrosos para los pequeños. Por ejemplo, en los Guasmos, los padres prefieren que sus hijos no salgan a las calles. En el último año, más de 15 pequeños han sido heridos en balaceras.
Los médicos de un hospital de la zona lo confirman. Ellos son los primeros en recibir a los infantes cuando llegan con heridas de bala. “Son balas de pistolas, revólveres y hasta automáticas. Los pequeños sanan, pero las marcas de los proyectiles las van a tener de por vida”, cuenta una especialista que ha atendido a tres pequeños.
A pesar de que el Gobierno ha anunciado una intervención social -a través de los ministerios de Salud, Inclusión Económica y Social, entre otros, para salvaguardar la vida de los infantes-, en los barrios dicen que la ayuda y la protección no llegan.
De eso conocen también entidades de derechos humanos como el Comité Permanente de Guayaquil. Este ente tiene contacto con protectores comunitarios que aseveran que la acción estatal en los barrios es nula. La Policía y Fuerzas Armadas son las únicas entidades que tienen mayor presencia en las zonas más conflictivas.
Un ejemplo de esta realidad es Cristo del Consuelo, donde se dio el último atentado narcoterrorista que dejó cinco personas asesinadas y más de 20 heridos. Estos últimos señalan que no han tenido apoyo psicológico por parte del Estado.
En ese ataque todas las personas que fallecieron eran víctimas colaterales. Una de ellas fue Roxana M., de 34 años. Su cuerpo fue hallado en medio de la calzada con ropa de dormir. Sus familiares dicen que la explosión la sorprendió dormida.
Las mujeres son parte de otro grupo vulnerable de la violencia que vive el país. A pesar de que no hay datos consolidados, los entes de derechos humanos calculan que más de 500 mujeres han sido asesinadas en estos últimos tres años.
Eso genera que en el país más de 1 000 niños y mujeres hayan perdido la vida en enfrentamientos originados por miembros de bandas delictivas.
Para reducir los riesgos, la Policía en el último mes han intensificado las tareas de investigación e inteligencia de amenazas públicas. La idea es adelantarse a posibles ataques con explosivos en barrios.
Fuerzas Armadas colabora con esta tarea a través de operativos antiarmas. Militares del Ejército, Marina y Fuerza Aérea han sido desplazados a las zonas más peligrosas de la ciudad.
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