La gestión en la empresa pública Yachay no solo fue negligente, sino que rayó en lo delictivo. Así lo estableció la Contraloría. En marzo envió a la Fiscalía General dos informes con indicios de responsabilidad penal por el manejo financiero y administrativo.
Los casos están en marcha y señalan posibles tráfico de influencias, peculado y falsificación de documentos, actos que ocurrieron entre septiembre de 2017 y mayo de 2020, en el gobierno de Lenín Moreno.
La Contraloría indica una serie de actos irregulares que causaron perjuicios para el Estado. Entre estos, 25 bienes de larga duración, como escritorios, computadoras, sillas, etc., desaparecieron, sin que hasta ahora se hayan recuperado. Estaban valorados en $ 1,3 millones.
De manera especial, la auditoría revisa los procesos de contratación y las fallas que tuvieron, lo que permitió que se escojan empresas que no tenían experiencia o que estaban impedidas para ser contratadas.
Esto se dio en la compra de prendas de protección para los trabajadores de Yachay EP. El contrato era por $ 41.054, mediante el proceso de subasta inversa electrónica.
Como ocurre en otras áreas como la salud, las pujas terminan siendo arregladas, pues se permite solo participar a pocos oferentes. En este caso, lo que sucedió fue que se permitió pujar a dos empresas, a las que se les pedía 15 años de experiencia en contratos similares.
La compañía que logró la adjudicación presentó como experiencia dos facturas. Los auditores revisaron la documentación y encontraron que eran falsas, ya que nunca tuvo ventas.
Un segundo contrato, por $ 2.600, fue por la organización de un foro jurídico con el Centro de Estudios y Capacitación Runachay. En este caso se descubrió que Diliana Domínguez Bastardo, exgerente de Educación Científica, Ciencia y Tecnología de Yachay, y el centro de estudios tenían relación.
“A través de la información de la Superintendencia de Compañías se evidenció que la gerente de Educación Científica, Ciencia y Tecnología, quien aprobó la necesidad y solicitó la contratación, fungió como accionista del Centro de Estudios y Capacitación Runachay”, indica el informe. En el centro privado también eran accionistas otros profesores de Yachay, de nacionalidad venezolana.
Este Diario se trató de contactar, pero no fue posible. A la Contraloría, la exfuncionaria dijo que, pese a ser socia, “en ningún momento se interpuso un beneficio personal ni para la empresa”. La entidad señaló que esto era prohibido.
A estos hechos se suman contratos por materiales de construcción por $ 7.500 que nunca se ocuparon. Ingresos de autogestión, por arriendos y residencias estudiantiles, que suman $ 5.569, y que no se depositaron en las cuentas. Libros valorados en $ 1,2 millones, pero que al ser revisados su costo era solo de $ 151.000. Otros $ 31.100 por arriendos sin justificación y otros $ 986.464 por la venta de equipos de laboratorio, pero nunca se cobraron.
- Una primera denuncia sin avances
En la Fiscalía, desde 2018, una denuncia por posible peculado en Yachay no ha avanzado. La Contraloría en años anteriores ya glosó a exgerentes de la empresa pública con multas de $ 31 millones. Los exfuncionarios han dicho que el problema de Yachay fue el recorte presupuestario y no su mala gestión. En la actualidad hay obras como el sistema eléctrico que llevan cinco años sin concluir. Además, hay edificios a medio terminar y becas sin la información completa.
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