domingo, diciembre 4, 2022
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Asamblea Nacional envuelta en un nuevo lío jurídico-político por el informe de destitución de Guadalupe Llori

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La Asamblea Nacional nuevamente entró en un conflicto jurídico derivado de una medida cautelar otorgada a favor del movimiento Pachakutik, que bloquea la intención de la oposición de conocer y resolver sobre el informe presentado por la comisión pluripartidista que recomienda la destitución de Guadalupe Llori como presidenta del Parlamento.

Una medida cautelar dictada por la Unidad Judicial Penal de Quitumbe ordena a la Asamblea Nacional abstenerse de conocer, tratar y resolver el informe de la comisión pluripartidista que recomendó la destitución de Guadalupe Llori en calidad de presidenta de la Asamblea.

Este 27 de mayo, un juez de la Unidad Judicial Penal de Quitumbe en Pichincha, Pedro Troya, aceptó la petición de medidas cautelares propuesta por el movimiento Pachakutik, por violentar el derecho de la organización política al colocar como integrante de la comisión pluripartidista ad hoc a Peter Calo (PK-R), cuando no contaba con la aprobación del partido político ni de la bancada.

La comisión pluripartidista fue designada por el pleno de la Asamblea Nacional el pasado 26 de abril para que procesara la denuncia en contra de Guadalupe Llori presentada por el asambleísta Esteban Torres (PSC), por supuesto incumplimiento de funciones. La comisión concluyó la investigación y aprobó el informe el pasado 25 de mayo, recomendando la destitución de Llori en su calidad de presidenta de la Asamblea.

El juez en su sentencia dispone que los miembros de la comisión pluripartidista ad hoc se abstengan de tratar cualquier tema puesto en su conocimiento, debido a que la conformación de esta ocurrió sin respetar la representación y el derecho de decisión democrática del movimiento Pachakutik. También ordena que la presidencia y el pleno de la Asamblea deben abstenerse de conocer, tratar y resolver el informe emitido por la comisión pluripartidista, aprobado el 25 de mayo pasado.

Para los representantes de Pachakutik Sofía Sánchez y Salvador Quishpe es un triunfo la decisión judicial sobre la acción constitucional, y se generó un precedente en la Asamblea, porque “todo lo actuado por la comisión pluripartidista, creada de manera ilegítima e ilegal, ya no podrá seguir actuando. Y el informe que se conoció hace unos días no se podrá conocer en el pleno, porque la comisión no fue creada de manera democrática, respetando a las organizaciones políticas”, sostuvo Sánchez.

Quishpe manifestó que con las medidas cautelares no solo se hacen respetar los derechos del movimiento Pachakutik, sino que precautelan “los derechos que tienen todos los movimientos y partidos políticos en adelante: cuando tenga que organizarse una comisión multipartidista, tendrá que respetarse, como lo señalan los jueces constitucionales”. A su criterio, con la decisión judicial se queda “pulverizada” la comisión multipartidista.

El coordinador nacional de Pachakutik, Marlon Santi, dijo que no se puede aceptar en la Asamblea a un grupo de amigos que se llama comisión pluripartidista cuando las estructuras de los partidos y movimientos políticos no han tomado esa decisión. Las medidas cautelares otorgadas dan la razón a los reclamos y exigirán respeto a las organizaciones constituidas y respeto a las reglas del Consejo de Administración Legislativa.

El coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres, afirmó que no tiene validez jurídica la medida cautelar, y que la Asamblea debe tratar el informe presentado por la comisión pluripartidista y votarlo cuando tenga la oportunidad de hacerlo.

Torres recordó que en el pasado exasambleístas llegaron al Legislativo con medidas cautelares en la mano para impedir su destitución, y el pleno, con la propia argumentación del actual coordinador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, jamás dio paso a eso y jamás hubo consecuencias para un asambleísta. Entonces, ¿por qué debe ser distinto el escenario esta vez?, preguntó.

En este caso, añadió el legislador que acusó a Llori, la Asamblea debe salir por sus propios fueros. Afirmó que detrás de todo esto está el Gobierno, porque siempre ha señalado que se opone al proceso de destitución de Llori, por las actuaciones judiciales que no han sido rechazadas por el Gobierno y por el control que tiene en el Consejo de la Judicatura. Es evidente que tratan de sostener en la presidencia a Llori, afirmó.

El legislador John Vinueza (UE), miembro de la comisión pluripartidista, rechazó la acción judicial y señaló que el asambleísta Peter Calo puede no estar de acuerdo con una acción de una bancada, pero eso no significa que deje de ser parte de un movimiento o que haya olvidado sus orígenes.

Indicó que no se debe olvidar que una cosa es la Función Legislativa y otra la Función Judicial, y quien manda a la Función Legislativa es la Constitución de la República; por lo tanto, lo actuado por la Unidad Judicial Penal de Quitumbe es una intromisión.

El representante de la bancada UNES, Ronny Aleaga, rechazó la acción judicial que pretende entrometerse en decisiones políticas de la primera función del Estado, e invitó a todas las fuerzas políticas a rechazar este tipo de actos.

Dijo que ante el país queda en evidencia que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, recurre nuevamente a la justicia para solucionar un problema político interno del Legislativo, lo cual es nefasto.

Frente a los hechos, Aleaga comentó que la única salida que existe es la autoconvocatoria al pleno para conocer el informe de la comisión pluripartidista, debido a que existen varias sesiones pendientes que deben reinstalarse y en las cuales no se puede modificar el orden del día.

La Asamblea Nacional no solo debe conocer y aprobar el informe de la comisión pluripartidista ad hoc que recomienda destituir a Guadalupe Llori, sino también advertir a la Función Judicial sobre una intromisión en decisiones políticas del Legislativo. (I)

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