domingo, mayo 9, 2021
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Frente Cívico de Perjudicados por la Contraloría pide a Fiscalía vincular al caso Las Torres a la contralora subrogante Valentina Zárate y a otros funcionarios

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El Frente Cívico de Perjudicados por la Contraloría pide a la fiscal general Diana Salazar que vincule al proceso por delincuencia organizada en el que son investigados el contralor (s) Pablo Celi y otras ocho personas a la actual contralora subrogante, Valentina Zárate, a algunas autoridades, directores y asesores importantes de la Contraloría General del Estado (CGE).

El vocero del Frente Cívico de Perjudicados por la CGE, Alejandro Rodas Coloma, explicó que mantienen contra la contralora subrogante Valentina Zárate testimonios y documentos que relacionarían a esta funcionaria con irregularidades que deslegitiman su actuación como titular del ente de control.

El vocero del Frente Cívico, Alejandro Rodas Coloma, explicó que mantienen contra Zárate testimonios y documentos que relacionarían a esta funcionaria con irregularidades que deslegitiman su actuación como titular del ente de control. Rodas Coloma dice que en este caso sucedió con Zárate lo mismo que cuando el excontralor Carlos Pólit dejó su cargo y en su lugar quedó Pablo Celi.

“Pablo Celi ha puesto en la Contraloría a Valentina Zárate”, asegura Rodas Coloma, quien públicamente solicitó una reunión con la fiscal Salazar para hacer entrega de toda la información que poseen.

El Frente Cívico anunció que se transformará en el Primer Observatorio a la Función de Transparencia y Control Social. Según su vocero, este es un colectivo social conformado por exservidores de la CGE, funcionarios públicos que se han visto perjudicados por glosas y actos administrativos totalmente inválidos y empresarios que habrían quebrado por no pagar ante las estas extorsiones sistemáticas hechas a través de las autoridades del órgano de control.

Por ejemplo, Alejando Rodas Coloma dice haber sido funcionario de la CGE entre 2018 y 2019, habría sido titular de la dirección provincial de Esmeraldas y director nacional de técnica normativa. “Salí corriendo de esa entidad porque me di cuenta, ya en Quito, cómo funcionaban las cosas”, recordó.

El frente buscaría la reunión con la fiscal Salazar para aportar al proceso, que mantiene abierta una instrucción fiscal de 90 días, testimonios de varios exfuncionarios de la CG que salieron y documentos en los que se revelarían presiones desde el despacho de la ahora contralora encargada, Valentina Zárate.

Además, Rodas Coloma adelantó que realizarán las gestiones necesarias para que, dentro de la denuncia penal que presentó el Frente Cívico, el 11 de enero pasado, por el delito de tráfico de influencias, se dé la vinculación de otros “malos elementos de la función pública, concretamente del ente de control (CGE)”.

Entre quienes deben ser vinculados al caso por delincuencia organizada, dice Rodas Coloma, estaría el director de la CGE, Luis Miño, quien en su versión en este caso señaló que fue Pablo Celi quien dio la “disposición directa y verbal” del desvanecimiento de glosas, y si no cumplía, apuntó, estaba la amenaza de la remoción de su cargo o un sumario administrativo para su destitución.

Rodas Coloma refiere que Miño replicaba lo que hacía Celi, pero en otro nivel. Según el vocero, este director de la CGE obligaba a funcionarios a que desvanezcan glosas, las que medianamente eran cobrables. (I)

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