Odebrecht y sus 78 exdirectivos, colaboradores y adherentes no podrán ser judicializados por Ecuador, según el compromiso que la Fiscalía aceptó cumplir luego de recibir los documentos del caso, el 1 de junio del 2017.
Pese a que la Fiscalía de Ecuador no llegó a un acuerdo con Odebrecht hasta esa fecha, tras los seis meses dados por las autoridades brasileñas, se levantó el sigilo a la información, pero se mantuvo la exigencia.
El 1 de diciembre del 2016, Odebrecht firmó un acuerdo de clemencia para entregar información a cambio de la reducción de penas.
Es decir, que no se podrá procesar civil y/o penalmente a la constructora, a cualquiera de los 78 exdirectivos, que firmaron acuerdos de colaboración premiada con el Ministerio Público de Brasil, ni los adherentes, que eran trabajadores de la compañía y que no están en la lista de las 78 y las firmas proveedoras, que sabían o participaron de los delitos cometidos.
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