Una disminución de ingresos durante los meses del confinamiento es uno de los efectos de la pandemia del COVID-19 en las zonas rurales del país, según una encuesta del Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) y el ministerio del ramo.
El COVID-19 maximizó los problemas del campo nacional, en el que casi la mitad de su población (48 %) sobrevivía con un ingreso mensual menor a $ 84 en diciembre del 2020. Mientras, casi una tercera parte, el 27,5% de los habitantes del campo, vivían con menos de $ 2 al día ($ 47 al mes).
El 79% de los hogares del campo percibieron ingresos menores durante la pandemia, lo que repercutiría en que haya menos cultivos. El 29% de los hogares encuestados espera una reducción de la superficie plantada este año ante la falta de dinero para financiar los sembríos y la cosecha.
A ello se suma la falta de acceso a tecnología, afirma Eiter Lozano, un arrocero de 51 años del cantón Santa Lucía, en Guayas. “Como la movilización se vio afectada, entonces el uso de una herramienta como internet fue indispensable, pero la mayoría no tiene acceso”.
Desde antes de la pandemia había una afectación con el incremento de los costos de producción. Un factor fue la disposición gubernamental que llevó a la subida paulatina del diésel tras las protestas de octubre del 2019. “Se incrementó casi el 25%, lo que encarece el trabajo. Un tanque de diésel de 55 galones valía $ 60, ahora cuesta $ 81. En bombas de riego, tractores y traslado de los camiones que son a diésel se gasta $ 300 por cada hectárea. Con el combustible subsidiado se gastaba hasta $ 220”.
Las restricciones de movilidad desde las 14:00 afectaron el ciclo productivo, porque las cosechadoras entraban a los arrozales a partir de las 18:00, luego de que el grano húmedo se secara durante el día. “Las máquinas perdían de trabajar y parte de la producción se perdió”, indica.
El 37% de los hogares encuestados menciona que el precio de sus productos fue más bajo de lo normal el año pasado con respecto al mismo periodo del 2019.
Los arroceros vendieron a un promedio de $ 30 por quintal entre abril y octubre del 2020, pero el precio bajó y fluctuó desde noviembre hasta enero del 2021 de $ 22 a $ 25. “Tenemos que vender por encima de $ 25 para pagar las deudas y ganar, por eso hay un precio de sustentación que el Estado fijó en $ 31,5, lo que genera ya una rentabilidad, pero no se respeta”, asegura Lozano.
La intermediación afecta al consumidor, ya que la baja de precios no se evidencia en las ciudades, donde la libra de arroz se vende entre $ 0,35 y $ 0,45, es decir, a $ 35 o $ 45 por quintal. “La intermediación aduce que los fletes suben”.
El cierre de los silos públicos para almacenar los granos obliga a los campesinos a vender su producción a las piladoras privadas al precio que se disponga en ese momento, lo que genera desfases en la economía de las familias rurales.
La caída de los ingresos también afectó a la producción ganadera, lo que limitó el acceso a alimentos para animales, a servicios veterinarios y la compra de insumos que tuvieron precios más elevados.
El problema es que los campesinos asumen deudas con tasas de interés y plazos fijos sin saber lo que finalmente obtendrán por sus productos. No pueden ni planificar el pago de una deuda. Es un ciclo que los lleva a prestar a chulqueros, cuando entran en mora y ya no son sujetos de crédito en las instituciones financieras, o a migrar a las ciudades.
El 20% de la población con edades entre 16 y 29 años vive en las zonas rurales. De estos jóvenes solo el 4% tiene estudios superiores, indica Ángel Catucuamba, coordinador del Frente de Productores de Leche y dirigente ganadero.
Él mismo es la excepción, ya que decidió retornar al campo tras empezar sus estudios de educación superior. “Solo llegué hasta sexto nivel en Administración de empresas, los recursos eran limitados”, dice este ganadero de 36 años del cantón Cayambe (Pichincha).
La falta de relevo generacional deja comunidades rurales envejecidas con tierras de sembríos abandonadas, indica.
En el caso de la comercialización de leche, los precios bajos ya se mantenían desde antes de la pandemia. “Hay un precio oficial establecido por decreto en $ 0,42 el litro más beneficios de calidad, pero nadie lo acata. Hay empresas que nos pagan entre $ 0,30 y $ 0,35. En las fronteras pagan entre $ 0,22 y $ 0,25”, afirma Ángel.
En Ecuador hay 250.000 familias ganaderas que producen 6,5 millones de litros de leche al día, pero solo 4,5 millones logran comercializarse.
El 25% de esa cantidad tiene un costo de producción promedio de $ 0,25 por litro. “La mayoría no produce eficientemente por falta de conocimiento o de asistencia técnica con costos que superan incluso los $ 0,35”.
Un factor es el costo de los insumos que casi siempre están al alza. Un saco de 45 kilos de nitrógeno se vende en $ 28, antes costaba $ 22.
Hay un impacto en la seguridad alimentaria
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El estudio de la FAO y del Ministerio de Agricultura y Ganadería recomienda, entre otros aspectos, una innovación agrícola digital para que los campesinos accedan a “información de precios y mercados en tiempo real, detección automática de plagas y enfermedades en la agricultura y líneas especiales de financiamiento para el mantenimiento de la capacidad productiva”.
Con ello podrán mejorar y tener más fiabilidad de los ingresos que obtendrían las familias rurales.
Agustín Zimmermann, representante de la FAO en Ecuador, afirma que la pandemia irrumpe en un escenario que ya era complejo en toda la región de América Latina y el Caribe desde antes del COVID-19. “Con siete años de bajo crecimiento en las economías y de aumento de la pobreza. Todos los avances en la reducción de las tasas de malnutrición se habían revertido ya hace algunos años. La pandemia lo que hace es profundizar estas desigualdades estructurales, impulsando aún más los niveles de informalidad, desprotección social y baja productividad”.
En el sector agrícola, agrega Zimmermann, hay un impacto en la seguridad alimentaria de las familias rurales que reportaron una disminución de ingresos durante los meses del confinamiento por el COVID-19.
Una familia de cinco miembros, indica el especialista, necesita como mínimo un ingreso de $ 8,5 diarios para acceder a una dieta saludable en nutrientes en Ecuador, sin tomar en cuenta el resto de gastos del hogar. “Considerando que el ingreso total per cápita de una persona pobre es menor a $ 84 mensuales y de un pobre extremo, menor a $ 47, hay una brecha importante”, indica.
Desde la FAO se plantea una agenda de recuperación con transformación. La propuesta incluye reforzar los programas de alimentación escolar, apoyar las iniciativas de asistencia alimentaria con las organizaciones de la sociedad civil y facilitar el acceso a insumos para los agricultores y pescadores artesanales, entre otras acciones.
Zimmermann manifiesta que la FAO apoyó al Ministerio de Agricultura y Ganadería en la construcción del Plan Nacional Agropecuario (2020-2030), en el que se abordan estas temáticas y sus soluciones fundamentales. “Con estas medidas entendemos que a largo plazo se puede sacar al sector rural adelante, convertiéndolo en un motor de crecimiento y de la recuperación económica con transformación”.
Una de las acciones es reducir los niveles de intermediación de los circuitos de comercialización, fortalecer la política de asociatividad y la agenda de innovación y de conectividad.
“Todo esto es reflejo de los hallazgos de la encuesta que hicimos”, afirma Zimmermann.
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