Desde el 27 de marzo de 2020, la Contraloría General del Estado inició acciones de control sobre los procesos de contratación efectuados por varias entidades públicas, para solventar la emergencia sanitaria.
El 17 de abril, el Contralor General, Pablo Celi, solicitó a la directora general del Servicio Nacional de Compras Públicas, toda la información de los contratos suscritos para adquirir bienes, servicios, consultorías e ínfimas cuantías, celebrados en los meses de marzo y abril de este año.
También se requirió al Sercop que verifique la pertinencia de las contrataciones y el cumplimiento de la normativa vigente para la emergencia nacional, como las directrices presupuestarias para el segundo trimestre emitidas por el viceministro de Finanzas, el pasado 16 de abril.
Al momento, la Contraloría efectúa 26 exámenes especiales. Las entidades intervenidas son el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y los hospitales que administra, Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales y cantonales, las unidades hospitalarias del Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, Petroecuador EP y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. En el seguro social también se observa la contratación de servicios comunicacionales para el fortalecimiento de su imagen institucional.
Las auditorías se efectúan para determinar el cumplimiento de la normativa en las adquisiciones de dispositivos e insumos médicos, para solventar la emergencia; compra de tractores e implementos para fumigación y desinfección; adquisición de kits complementarios de alimentos destinados a atender a la población; compra y utilización de ventiladores mecánicos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo.
En el Ministerio de Finanzas se inició el examen especial al registro y pago de los bonos soberanos 2020. Esta auditoría tiene por objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas para el pago o servicios de los bonos soberanos.
También busca comprobar el debido registro contable y presupuestario de los pagos y sus efectos en las finanzas públicas.
También en esa institución, el viceministro de Economía y Finanzas fue notificado del inicio del examen para determinar si ha incumplido con lo dispuesto en la Ley Orgánica para la aplicación de la Consulta Popular de 19 de febrero de 2017, que prohíbe el desempeño de cargos en el sector público a los propietarios de bienes o capitales en paraísos fiscales. Esto, en respuesta a la solicitud efectuada por el Defensor del Pueblo, derivada de las investigaciones y denuncias periodísticas publicadas en medios de comunicación.
Contraloría además audita la utilización del fondo de emergencia y pago de artistas, en el Ministerio de Cultura y Patrimonio; y, la contratación de pólizas de seguros en el Ministerio de Defensa.(I)
