Un informe de responsabilidad penal de la Contraloría determina un perjuicio al Estado por $ 31,4 millones.
Con una inversión de algo más de mil millones de dólares y 187 estudiantes seleccionados del país, el 31 de marzo de 2014 inició sus labores académicas la Universidad Tecnológica Experimental Yachay.
Proyectada para contar con 10.000 estudiantes para el año 2.040, promovería la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la difusión del conocimiento.
Esta es parte de la denominada Ciudad del Conocimiento Yachay, la primera ciudad planificada del Ecuador con carácter universitario, investigativo e industrial.
El “megaproyecto educativo” impulsado por el gobierno anterior cuenta con una extensión de 4.461 hectáreas y está ubicado en el cantón San Miguel de Urcuquí, provincia de Imbabura.
Según la iniciativa, ahí se pretende desarrollar junto al sector público y privado el primer parque tecnológico propio del Ecuador y la primera ciudad de este tipo.
En los dos primeros años de funcionamiento creció notoriamente. En infraestructura, se multiplicó el número de edificios, laboratorios y espacios verdes.
Sin embargo, a cinco años cinco días de que inició labores el centro educativo, el megaproyecto tiene problemas técnicos, financieros y, lo que es peor, legales.
Irregularidades y corrupción
La Ciudad del Conocimiento, que fue uno de los proyectos emblemáticos del correísmo, hoy funciona a medias, está en riesgo y en manos de la justicia.
Esto porque hace un año un día, el 4 de abril de 2018, el contralor del Estado, Pablo Celi, remitió a la Fiscalía el examen especial realizado a Yachay, donde establece indicios de responsabilidad penal por el delito de peculado.
La Contraloría determinó un perjuicio al Estado por $ 31,4 millones en la ingeniería, estudios, fiscalización y construcción de cinco de los 10 edificios del campus universitario de Yachay.
En el informe DNA2-0015-2018 se detallan las responsabilidades por parte de tres exautoridades de la empresa pública Yachay, la firma consultora Hospiplan, la constructora ConEcuakor y el consorcio fiscalizador HP.C. Los auditores constataron que la construcción de los cinco edificios (ver infografía) está detenida hace dos años, debido a las deflexiones y fisuras en elementos como vigas, losas y escaleras.
Además, establecieron que por decisión de las autoridades de Yachay EP se cambió arbitrariamente el diseño de los edificios. Constataron que el complejo de laboratorios no cuenta con columnas y vigas exteriores, como se especificaba en los planos estructurales.
Pero los problemas no fueron solo de construcción. El informe de la Contraloría detalla que las obras empezaron sin estudios concluidos ni planos aprobados por el Municipio de Urcuquí. Además, que avanzada la obra los constructores cambiaron especificaciones de materiales y, por tanto, los costos de los edificios.
El 12 de septiembre de 2017, el presidente Lenín Moreno visitó Yachay para constatar la situación. “He encontrado muchas falencias, muchas deficiencias, insuficiencias”, manifestó. Para el exgerente de Yachay, Jorge Martínez, el gran problema actual es el financiamiento. (I)
Fiscalía abrió tres procesos investigativos reservados Por las irregularidades detectadas en Yachay, la Fiscalía inició tres investigaciones. De ellas, la que tiene informe de responsabilidad penal se abrió en Quito.
Las otras dos se acumularon en una y se encuentra a cargo de la Fiscalía de Urcuquí. La Fiscalía informó a EL TELÉGRAFO que “las tres se encuentran en investigación y se detuvieron”, según los fiscales encargados de los casos, por el alto costo que representa el contratar a los peritos.
El valor va entre $ 20.000 y $ 25.000, y son cinco pericias las que se requieren realizar. Ante esta situación, la Dirección Jurídica de la Fiscalía y el fiscal a cargo en Quito gestionan ante los gremios de profesionales en ingeniería para tratar de que alguno de los profesionales acepte ser perito.
El problema radica en que el tope máximo que puede pagar Fiscalía es de $ 3.900, dependiendo de la pericia. Según la fiscal general (e) Ruth Palacios no se ha podido agilizar las investigaciones de todos los informes de Contraloría, no solo por falta de peritos, sino por el número limitado de fiscales.
El examen de la Contraloría es uno de los 92 que con informe de responsabilidad penal ha remitido a la Fiscalía entre el 1 de junio de 2017 y 1 de enero de 2019 (ver infografía).
En declaraciones anteriores, el Contralor, Pablo Celi, dijo que aparte del informe enviado a la Fiscalía, alrededor de 14 exámenes especiales se realizan a la administración de Yachay. (I)
Fuente: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/yachay-contraloria-fiscalia
