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El futuro de Participación se debate en plena campaña

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Con cuarenta y tres candidatos dando a conocer sus méritos para convertirse en integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), una elección inminente y una propuesta del propio CPCCS transitorio para que se elimine este organismo, la institución de poder ciudadano, creada por el Gobiernode Rafael Correa, vuelve al ojo del huracán.

Creado en 2008, a través de la Constitución de Montecristi, la entidad tenía a su cargo cinco funciones principales: la promoción de la participación ciudadana, el control social a través de la creación de veedurías y observatorios, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción en el sector público y la selección y designación de 25 autoridades de control.

No obstante, la revisión del CPCCS transitorio, conformado tras el referéndum de 2018, transparentó resultados menos que favorables sobre la gestión de la entidad previa, cuyas propias autoridades fueron cesadas en medio de críticas y demandas constitucionales.

Estos determinaron que numerosas autoridades designadas por el Consejo fueron elegidas por afinidades políticas y habían servido como funcionarios de ministerios y otras dependencias. Encontraron que numerosas denuncias de casos de corrupción fueron ignoradas y que responsabilidades como la rendición de cuentas de las entidades públicas no se supervisaron de manera correcta.

Además del planteamiento de la eliminación del Consejo, otras propuestas favorecen su redefinición, o la disminución de funciones, como la lucha contra la corrupción y la designación de autoridades.

Pero en ambos puntos, los juristas constitucionalistas discrepan. Para el Dr. Roberto López, ambas propuestas son inviables, pues plantean una “regresión en derechos” y no se pueden aplicar por medio de reformas o consultas populares. “La única salida sería una asamblea constituyente, porque tanto el Consejo como sus competencias nacen de la Constitución y no se pueden cambiar o eliminar por medio de una reforma”, subrayó.

En el bando contrario está el jurista Mauro Terán, quien considera que a través de una consulta popular se podría resolver la eliminación del mismo o la reducción de sus funciones. “La manera más sencilla es llevando a cabo una consulta, obviamente con la aprobación de la Corte Constitucional. La vía larga sería una constituyente”. Pero para él, la respuesta a las dudas que genera el CPCCS es más radical. “Si me preguntan a mí, elegir a los consejeros vía voto popular o limitarlos es otro problema. Yo creo que la solución es eliminar la Constitución de Montecristi y regresar a la de 1998, que era más progresiva en derechos”.

Propuesta

Los veedores también piden cambios

Aunque se declaran en contra de la eliminación del CPCCS, varias veedurías ciudadanas también han lanzado propuestas para asegurar la transparencia del futuro Consejo.

La Veeduría Ciudadana Mandato Popular señaló que entre las medidas a instaurar debería estar “la publicación de los criterios e indicadores de la calificación de candidatos a las distintas dignidades” y añadieron que en este nuevo proceso no deberían participar “quienes han sido parte del Consejo o del CNE”, para de esta forma evitar conflictos de intereses.

A su vez, el Observatorio Ciudad y Política indicó que, lejos de la eliminación del Consejo, este debería transparentar todos sus procesos y trabajar con mayor cercanía con las universidades. “Las funciones que tiene el CPCCS están bien, pero no fueron bien aplicadas por blindajes políticos y partidarios. Se necesita también que haya veedores de los veedores para evitar omisiones”.

Los aspirantes a vocales del Consejo de Participación

María Rosa Chalá Alencastro

Es una abogada y máster en Cooperación Internacional y Cultura de Paz, y Cooperación de Desarrollo. Ha trabajado como consultora en proyectos sociales para entes privados y para la Gobernación de Imbabura. No registra pasado político.

Bernardo Cañizares Esguerra

Es licenciado en Comunicación y Medios y máster en Filosofía. Dirige la fundación Octaedro, que realiza iniciativas como la preparación de líderes sociales y muestras de cine comunitario. Es director de cine. No registra pasado político.

Carlos Escudero Sánchez

Es licenciado en Artes Plásticas y magíster en Desarrollo Social. Tiene un PhD en Sociología. Ha ejercido la docencia en dos institutos superiores de Loja y ha trabajado para la Gobernación de esa provincia. No registra ninguna vinculación política.

Carlos Mosquera Benalcázar

Es un médico quiteño. Laboró en el IESS durante varios años, luego dirigió la maternidad Isidro Ayora. Actualmente trabaja en la Fundación Médica Eduardo Mosquera. Ha participado en brigadas de voluntariado. No registra pasado político.

Teddy Tama Aguirre

Es abogado y director del Estudio Jurídico Tama y Asociados. Fue asesor de la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Constituyente de 2008 y es asesor jurídico de las organizaciones Pueblo Montuvio Ecuador y Fundación Familia.

Walter Gómez Ronquillo

Es licenciado en Mercadotecnia y Publicidad y máster en Ciencias Internacionales y Diplomacia. Fue consejero para el Consejo Nacional para la Igualdad de Género y también delegado provincial del Consejo de Participación Ciudadana.

Graciela Estupiñán Gómez

Oriunda de Esmeraldas, es economista y tiene un máster en Investigación y Participación Ciudadana. Fue directora nacional de Participación e Igualdad en el MIES y ha laborado en distintas áreas del Consejo de Participación Ciudadana.

María Fernanda Rivadeneira Cuzco

Es una abogada manabita. Fue abogada regional de su provincia para la Procuraduría General del Estado y laboró en el departamento jurídico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Fue candidata a la Asamblea Nacional por Alianza PAIS. (I)

Fuente:https://www.expreso.ec/actualidad/candidatos-cpccs-elecciones-seccionales-politica-BA2640012