Tras la votación en el Congreso de Estados Unidos, la aprobación del SGP logró pasar su primer eslabón y todo apunta a que Ecuador podrá a fines de marzo volver a beneficiarse del libre arancel para exportar sus productos. Un mes que, para los exportadores, debe significar el punto de arranque para empezar a corregir la política comercial del país (hoy observada por organismos internacionales como la CAN) y con ello allanar el camino hacia la firma de un acuerdo de mayor alcance.
Con 400 votos a favor y 2 en contra, el beneficio se extendió por tres años más para 122 países (incluyendo a Ecuador), pero ese es un tiempo que no sosiega a los empresarios. Saben que esta ayuda es endeble y que Estados Unidos en cualquier momento podría suspenderla. Entre el contenido de esta normativa, explica Daniel Legarda, presidente de la Federación de Exportadores (Fedexpor), está el propósito de EE. UU. de reforzar su control anual para verificar si los países son merecedores o no de este beneficio. Se hace especial énfasis al respeto en temas de propiedad intelectual, pero también son objeto de análisis las barreras que cada nación impone al comercio.
“Eso nos debe obligar a revisar con mayor determinación las barreras al comercio que tiene Ecuador y que ya han sido observadas por el mismo EE. UU., la Unión Europea, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y varios socios. Hablamos de la tasa aduanera, de la denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversión”, señaló.
El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, fue uno de los primeros en anunciar la aprobación y en decir que el país está en buena dirección para alcanzar su crecimiento. No obstante, los empresarios y expertos en comercio exterior creen que la extensión del SGP es solo un paso importante. Hablan de la necesidad de acelerar el proceso de reactivación del Consejo de Comercio e Inversiones para impulsar desde ese escenario un acuerdo comercial con EE. UU.
Con un convenio bilateral y de largo alcance, 400 productos ya no dependerían del SGP, además de que el país lograría cubrir la canasta de ciertos productos que quedaron desprotegidos luego de que en el año 2013 el Gobierno anterior decidió sacar al país del programa Atpdea (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas).
Fuente: Diario Expreso
