La Contraloría ha remitido este martes a la Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal en contra de varios funcionarios de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) por supuestas irregularidades en la contratación de proveedores y servicios para la realización de los denominados enlaces ciudadanos o sabatinas.
Estos espacios semanales fueron utilizados por el expresidente Rafael Correa para criticar y descalificar a sus opositores, así como para transmitir propaganda sobre su gobierno. El informe de la Contraloría abarca contratos desde junio del 2013 hasta mayo del 2017.
Fuentes de la Contraloría, citado por el diario oficial El Telégrafo, han informado que los detalles del informe aún son reservados. La Fiscalía tendrá que iniciar de oficio la investigación contra quienes participaron en los contratos para los enlaces ciudadanos.
El organismo de control además notificó el lunes al superintendente de Comunicación (Supercom), Carlos Ochoa, con el pedido del organismo de control de que se lo destituya, pues los plazos para que presente pruebas de descargo concluyó. Además, se le informó de una multa de 7.720 dólares.
Los auditores observaron que no se justificaron el pago de bonos y la entrega de un vehículo de parte de Gamavisión (canal incautado, en poder del Estado) a Ochoa, cuando este fue director de noticias de ese medio de comunicación.
En su cuenta de Twitter, Carlos Ochoa señaló el martes que todas las resoluciones administrativas son impugnables judicialmente.
Los patrimonios de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, que dirigieron el aparato de comunicación en el gobierno de Rafael Correa, también están siendo auditados por la Contraloría.
El expresidente Rafael Correa ha reaccionado en Twitter. “Informe de Contraloría con responsabilidades ‘penales’ contra los chicos que organizaban los enlaces ciudadanos. El mensaje es claro: no te metas con la prensa corrupta, están en el poder”. “Enlaces ya estaban auditados desde el 2010 hasta el 2015. Vuelven a hacer y les exigen a auditores que pongan responsabilidades penales. ¿Qué dicen los DD.HH? ¿Y la Asamblea? Todos saben que Celi es el instrumento de persecución de este Gobierno”. (I)
