Foto: Diario El Universo.
La terminación unilateral del contrato de compra de cuatro radares a la empresa china CETC Internacional, que decidió el Ministerio de Defensa en el 2013, produjo una nueva demanda judicial por daños y perjuicios contra el país, que pretende una indemnización de alrededor de $ 280 millones.
En julio del 2013, el representante de la empresa, Sheng Zhangfu, inició el proceso, y luego de tres años no avanza. Según el portal web de la Función Judicial, el Ministerio de Defensa solicitó se declare el ‘abandono’ de la causa.
Pero el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito negó el recurso el 21 de junio pasado, pues al momento de la presentación del escrito, el 16 de abril de 2015, “el tiempo referido no ha superado el plazo prevenido” en el Código de Procedimiento Civil. Es decir, aún no se cumplían 18 meses de plazo para declarar el abandono de la causa por parte de la empresa.
El contrato de compra de los radares para realizar vigilancia aérea en la frontera norte ecuatoriana se suscribió en el 2009 y ascendía a $ 60 millones.
Los equipos fueron colocados en cuatro puntos estratégicos, pero no se pudieron realizar las pruebas de aceptación, denominadas SAT, por lo que nunca funcionaron. (I)
