Tres días después de que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), Michelle Bachelet, emitiera un comunicado respecto a las movilizaciones ocurridas en octubre, el canciller José Valencia respondió oficialmente que el organismo no está reflejando la real dimensión del contexto de violencia y su impacto social.
“El comunicado pone un desmesurado acento en los supuestos excesos de la fuerza pública, mientras muy de paso describe el gran daño causado por los manifestantes a personas y bienes públicos y privados, o la virulencia de los disturbios, que provocaron terribles efectos”. señaló Valencia a Bachelet.
En el comunicado del 29 de noviembre, la expresidenta de Chile señaló que el uso de gases lacrimógenos y perdigones causaron cientos de heridos “y posiblemente algunas de las muertes”, que se deben revisar los protocolos internos de uso de la fuerza y que las autoridades se aseguren que se ajustan a las normas internacionales.
Bachelet dijo que “algunos manifestantes” también recurrieron a la violencia y pidió a las autoridades que se abstengan de hacer declaraciones o cualquier acción que “estigmatice” a indígenas, extranjeros, periodistas y opositores.
Todos estos criterios fueron rechazados por el canciller Valencia, quien expresó que la fuerza pública actuó de acuerdo con la ley, no usó medios letales y “no se produjeron ni heridos ni muertos por disparos de armas de fuego”.
Respecto a los actos violentos, el canciller añadió que no fueron “algunos” manifestantes que recurrieron a la violencia, fueron centenares los atacantes que actuaron de manera concertada, con tácticas de guerrilla urbana y en grupos coordinados como en el incendio del edificio de la Contraloría.
Valencia calificó de “injusta” la acusación al Gobierno de estigmatizar a indígenas y migrantes, pues se ha restituido la sede a la Conaie y el Programa de Educación Bilingüe, se ha dado amnistía a 48 líderes indígenas apresados en el anterior gobierno y se ha acogido a casi 400 000 ciudadanos venezolanos para regularizar su situación migratoria en colaboración con Naciones Unidas.
