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Asamblea se allanó a Ley de Telecomunicaciones

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El Pleno de la Asamblea Nacional se allanó a la objeción parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, excepto en el artículo 34 que se ratificó en lo que habían aprobado los asambleístas el pasado 17 de diciembre.

 

El artículo 34 fija los porcentajes que deberán pagar las operadoras de servicios de telecomunicaciones, de acuerdo a su número de clientes. Así, las que posean entre el 30%  y 34,99% del mercado deberán pagar el 0,5% de sus ingresos totales anuales; las empresas que tengan desde el 35% al 44,99% de usuarios deberán cancelar al Estado el 1% de sus ingresos anuales; entre el 45% y 54,99% de usuarios, el pago será de 3%; desde el 55% hasta el 64, 99% de clientes, el pago subirá a 5%; del 65% al 74,99% de abonados, el pago será de 7%; y del 75% en adelante el pago al Estado subirá al 9% de sus ingresos totales.

 

Según lo aprobado por la Asamblea, esta tabla se da para “evitar distorsiones en el mercado de servicios de las telecomunicaciones y servicios por suscripción” y además para promover la competencia. El pago será trimestral a través de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

 

La asambleísta por Alianza País, Paola Pabón, puntualizó que “esta medida es para controlar monopolios y oligopolios”.

 

En la objeción parcial remitida por el presidente Rafael Correa a la Asamblea se planteó subir la base del 30% del porcentaje inicial de concentración de clientes o de mercado al 35% de abonados de las operadoras de los servicios de telecomunicaciones para generar un pago al Estado.

 

Una vez publicada la nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones en el Registro Oficial, desaparece a la Superintendencia de Telecomunicaciones y crea en su lugar a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

 

EXCLUSIVA

Entrevista a José Pileggi, expresidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador

José Pileggi, expresidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador. Fotografía: Luis Mora.

Para tratar sobre el tema de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y el proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, revista La Verdad, entrevistó al ingeniero José Pileggi Véliz, quien tiene una amplia experiencia en el sector de telecomunicaciones, energía y construcción.

 

Pileggi, ingeniero de profesión, se ha desempeñado como Presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador, teniendo como su mayor logro la liberalización del mercado de telecomunicaciones a la libre competencia.

 

Fue Presidente de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones y demás organizaciones Hemisféricas de este ramo. Además ha sido parte de Organizaciones Regionales con idénticos fines.

 

A nivel privado, tiene 25 años de experiencia en el sector de la construcción, tanto en obras mecánicas, eléctricas  y civiles.

 

José Pileggi es gerente general de Pileggi Construcciones, una empresa tipo EPC (Engineering, Procurement & Managment) especializada en  la planificación, diseño, ejecución y gerenciamiento de proyectos de construcción, en especial sistemas eléctricos de potencia y proyectos de energía alternativa.

 

Ingeniero, ¿cuál es su opinión sobre los nuevos agregados de la Ley de Telecomunicaciones: que los recursos generados por el redondeo de tarifas de las empresas telefónicas vayan al Presupuesto General del Estado?

Esta Ley de Telecomunicaciones aprobada el 17 de diciembre pasado, por la Asamblea y que aún no consta en el Registro Oficial, tiene muchos elementos que obligarán al sector de telecomunicaciones a tomar acciones para sugerir, solicitar y requerir en muchos casos cambios.

 

Uno de los cambios podría ser que el excedente del redondeo se lo establezca en una transitoria, porque si ha existido un perjuicio por la falta de un adecuado redondeo, no ha sido al fisco, han sido a los consumidores, y por tanto hay que buscar más bien, formas de compensarlos a ellos. Esto debería ser revisado y vetado, puesto que el beneficiario de haberse comprobado un perjuicio, debe ser el consumidor y no el Estado como tal.

 

Es importante indicar que el tema del redondeo, la eliminación del mismo, no es un tema de la actual ley. Es un tema que se hizo durante el gobierno del Dr. Gustavo Noboa, que fue el primer país del mundo donde se eliminó el redondeo y en el Ecuador se tarifa con la referencia del tiempo real, esto es el segundo.

 

Según el Gobierno, tanto Conecel (Claro) como Otecel (Movistar), tuvieron ingresos indebidos por causa del redondeo de tarifas que se cobraron a los usuarios por 17 meses, sin embargo, tras diversas resoluciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones, se les obligó a devolver unos $ 27 millones a los dos operadores en total. ¿Qué opina al respecto?

En realidad el redondeo comenzó a operar en el año 2000 y no en 1999 como se dice. Sin embargo e independientemente de ello, si la Superintendencia resolvió y sobre esa resolución tomó acciones contra las dos operadoras y comprobó que se pagó, entonces el tema debe estar terminado, pero, si comprobó que no le llegó realmente el beneficio al usuario, entonces se debe buscar mecanismos en ese orden para compensarlos.

 

Lo que sí me parece una cosa completamente descabellada es que los fondos que pudieran provenir del redondeo mal aplicado vayan a ser parte de la caja fiscal.

 

Para combatir la concentración de mercado, Claro sería la única empresa de telefonía móvil que pagaría $ 115 millones por el nuevo rubro, ¿cuánto pagaría Movistar?

Según el artículo 34 de la nueva Ley de Telecomunicaciones, establece una tabla que va desde el 0.5% hasta el 9% de pago de los ingresos totales de las operadoras a favor del Estado, en caso de que excedan el 30% de concentración del mercado.

 

La única que excede el 30% de concentración del mercado es Claro, porque tiene cerca del 70% del mercado, mientras que casi el 29% tiene Movistar y el restante lo tiene CNT (anteriormente Alegro PCS).

 

Creo que este es un tema con dedicatoria y las leyes no pueden tener nombre y apellido. Las leyes deben tener la condición de ser generales, y en este caso la afectación que se le estaría haciendo por ley a Claro anda en el orden del 9% de sus ingresos totales anuales. Si esta empresa tiene ingresos anuales que andan promediando los 1.600 millones de dólares, estamos hablando que existe una afectación que anda entre los 130 y los 150 millones de dólares por año, y esto es un valor enorme, que sumado a lo que ya las operadoras pagan por el contrato de concesión negociado en el 2008-2009, por uso de frecuencias y por Impuesto a la Renta, realmente estarían pagando una cantidad exorbitante, frente a lo que realmente se paga en mercados similares.

 

Por otro lado, establecer que el mercado lo definen la cantidad de usuarios es una forma de definir mercado, porque lo lógico también sería utilizar como mecanismo de definición de mercado, los ingresos anuales que se tienen dentro del sector y entonces las cifras cambian radicalmente, porque dependiendo de la estrategia que uno tenga de mercado en Ecuador o en cualquier parte del mundo, uno puede ir por descremen o por volumen.

 

Claro tiene un ingreso anual con 70% de los usuarios que bordea los $1.600 millones y Movistar tiene cerca de $800 o $900 millones de ingresos con menos del 30% de los usuarios; es decir, no hay proporción. Por eso se tendría que definir qué es mercado, o número de usuarios o participación efectiva de los ingresos del mercado, y esta sería la forma lógica de hacerlo, pues en cualquier país se lo hace a partir de esa fórmula. Pero más allá de ello, yo creo que sea una u la otra forma de medirlo, no se le puede cargar a ninguna de las dos o tres operadoras, valores adicionales por su participación en el mercado. A no ser que se demuestre que están haciendo prácticas oligopólicas o monopólicas que afecten el mercado y ahí lo que aplica es una multa, más no una contribución adicional que se convierte en un nuevo impuesto.

 

Algunos sectores políticos como Madera de Guerrero, alegan que el Gobierno aspira obtener mayores recursos en base a la limitación de utilidades de los trabajadores de las telefónicas con la creación de un pago, que no se califica ni como impuesto ni como regalía, sino como “un impuesto a la venta de las telefónicas”. ¿Usted está de acuerdo con este argumento?

El tema de la participación de las utilidades es un tema arreglado por ley y para eso existe la Ley de Trabajo o el Código de Trabajo, y por lo tanto no puede venir otra ley a cambiar las reglas del juego de esa ley. No olvidemos que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y por tanto, no puede venir una ley de otro sector -o una Ley del sector de Telecomunicaciones particularmente-, a quitarle los beneficios que le da el Código de Trabajo, porque eso raya en lo inconstitucional.

 

Ahora si el motivo es ingresos para el Estado, entonces más bien hagamos un cambio radical –a futuro- en el Código de Trabajo y establezcamos valores más racionales. Por ejemplo, en la participación de utilidades de los trabajadores en las utilidades de las empresas, como se hace en otros países, en donde lo que se hace es una participación sectorial.

 

Hay que ir pensando en una redistribución a largo plazo de lo que son las utilidades en el país. En lo personal considero que las utilidades restringen la inversión tanto local como extranjera. Es preferible que se vea reflejado en el ingreso final mensual del obrero o del empleado un ingreso adicional, antes que las expectativas de unas utilidades.

 

Ciertamente, el tema no es político, más bien es quita votos, pero si queremos pensar en el país a largo plazo, hay que repensar el tema de las utilidades.

 

¿Esta ley afecta a las empresas telefónicas por el hecho de tener más clientes o afecta a sus trabajadores, quienes ya se han manifestado en contra del Gobierno?

“Creo que este es un tema con dedicatoria y las leyes no pueden tener nombre y apellido”. José Pileggi.

Básicamente afecta a los empleados porque ya las empresas el 15% lo tienen establecido como un costo y ese porcentaje en el caso de Claro sería de 130 millones de dólares en el último ejercicio fiscal 2014.

 

A la empresa no le hace mella, pero sí afecta a los empleados que tienen una expectativa de ingresos y satisfacción de necesidades en base a ese ingreso adicional que van a tener en abril.

 

Otro punto que generó polémica, es la desaparición de la Superintendencia de Telecomunicaciones para crear la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Algunos lo consideran “inconstitucional”, ¿usted como la calificaría?

La buena práctica regulatoria en el mundo, como las recomendaciones que vienen de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) o de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), -que tuve el honor de presidirla durante tres años en Washington-, ¿qué recomiendan? Recomiendan que los organismos de regulación y control sean uno solo, sean fuertes y autónomos.

 

El hecho que se elimine la Superintendencia y sus funciones pasen a ser ahora parte de la  Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones me parece bien. El tema es cómo queda constituida la agencia, de tal manera que se cumplan las premisas de autonomía y de independencia financiera para poder hacer las acciones oportunas, tanto de regulación y control. Independiente inclusive, de las disposiciones que pudiera tener en algún momento el mismo Gobierno, porque al final del día ellos están asegurándole al usuario el cumplimiento de los servicios en cantidad, calidad y precio; y por el otro lado, obligando a las operadoras a hacer las inversiones necesarias para que eso se cumpla. Además de promover dentro del mercado de telecomunicaciones, la libre y leal competencia.

 

Bajo la forma como se ha creado la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, muchas de esas cosas se están perdiendo, ese es el peligro.

 

¿Las cuatro disposiciones (finales) de la ley, buscan centralizar el control de las telecomunicaciones en el Ecuador desde el Ejecutivo?

Sí, porque la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Arcotel), está constituida en la presidencia por el Mintel, que es el ministro de Telecomunicaciones, por el secretario de Planificación y por el delegado del Presidente. En otras palabras, tres de tres, son designación directa del Ejecutivo y eso le quita y le resta al Arcotel: autonomía, independencia y muchos de esos elementos que probablemente el Gobierno sea muy bueno y tenga en estas tres personas, una excelente regulación y control, pero quién nos asegura que pasado los seis meses la misma administración cambien y sean personas que no son calificadas para el puesto.

 

¿Qué es lo que se busca por la buena práctica regulatoria internacional? Que quienes sean directores o miembros de este consejo de regulación, sean personas que no vengan directamente del Ejecutivo, sino que sean elegidas por procesos públicos competitivos. En otras palabras, personas que tengan el conocimiento en las diferentes áreas del sector y que en concursos públicos competitivos ganen estos concursos y pasen a ser miembro de este directorio y en ternas que son cambiadas de forma alternada.

 

Para finalizar con este tema y pasar al siguiente, ingeniero ¿cuáles son los puntos positivos y negativos de la Ley de Telecomunicaciones?

Uno de los aspectos positivos es el integrar la regulación y el control en una sola agencia. Lo negativo, es que las tres personas que constituyen el ente de regulación –ambos- dependan directamente del Ejecutivo (ministro de Telecomunicaciones, secretario Nacional de Planificación y el delegado de la Presidencia).

 

Me parece bien que se conforme la Agencia Nacional de Telecomunicaciones y desaparezca de una vez el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel), que se lo suprimió por disposición o resolución administrativa de la Presidencia de la República y eso es inconstitucional.

 

En definitiva, la Ley de Telecomunicaciones como tal que ha sido enviada por la Asamblea, necesita urgentemente antes que sea inscrita o registrada en el Registro Oficial, una revisión exhaustiva por parte del Ejecutivo, porque existen muchos elementos en esta ley, que están afectando a futuro el desarrollo de las telecomunicaciones del Ecuador, sobre todo en lo que tiene que ver a inversiones que las restringe.

 

Y lo que actualmente tenemos en el sector de telecomunicaciones que es un sector completamente sano de toda la economía del país, es gracias a una reforma que se hizo en el año 2000 y que abrió el mercado de telecomunicaciones a la libre competencia y a partir de ahí se generó toda una regulación, que ha permitido que el mercado del Ecuador se desarrolle.

 

Hay que recordar, que a inicios del 2000 Ecuador tenía 300 mil abonados celulares después de casi siete años de concesión, en la actualidad el Ecuador tiene 18 millones de abonados basados en una regulación de apertura, lo que significa que la regulación ha dado sus frutos.

 

Por otro lado, las concesiones que se otorgaron nuevas en el país, se las otorgó entre el periodo 2000 y 2002 y son las que han permitido la participación de nuevos actores en el mercado, que han generado competencia por ejemplo, en transmisión de datos, servicios de internet. La gente ya no depende de un solo proveedor, el mercado está muy liberalizado, la gente tiene donde elegir precios, calidades, por último gustos y colores; esto es lo que tiene que haber en un mercado que está en libre competencia.

 

Otro elemento, es el ingreso que le significa para el país el mercado tal cual está.

El primer ingreso es el movimiento anualizado que tienen todas estas empresas del sector que al año mueven más de $ 3.600 millones en facturación (hablamos de empresas de telefonía móvil, de telefonía fija, de transmisores de datos, de empresas que dan servicio de internet, radio, y televisión); solamente en IVA (Impuesto al Valor Agregado) le significa a favor del Estado cerca de $400 millones al año. ¿Qué sector le produce sin hacer absolutamente nada? Ninguno.

 

El segundo ingreso, es el Impuesto a la Renta (IR). Todas las empresas están aportando mucho en impuesto a la renta o por lo menos cifras importantes, que suman en conjunto cerca de unos $300 o $400 millones más. Y aparte de ello, lo que las empresas pagan al Estado por sus concesiones anualmente y también por las renovaciones y usos de frecuencia; es decir, es un sector que sin el Estado meter un solo centavo, el Estado recibe a cambio mucho. Yo diría que el Estado está recibiendo anualmente más de 800 millones de dólares.

 

Por tanto, cualquier afectación que haga por una falta oportuna de vetar adecuadamente esta ley, puede significar afectaciones económicas no solo al sector de telecomunicaciones a futuro, sino al mismo Estado. En otras palabras, el mensaje es claro:

¡No matemos a la gallina de los huevos de oro! ¡Más vale a la gallina hay que seguirle dando de comer para que nos siga dando más huevitos de oro!

 

Proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica

El 8 de enero del presente año, el Cuerpo de Bomberos del Ecuador, se declaró en “duelo nacional”, luego de que la Asamblea Nacional se allanara con 90 votos afirmativos, 27 negativos y 4 abstenciones, al veto presidencial del proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica.

 

El oficialismo aclaró que el tributo que se venía cobrando en las planillas de consumo eléctrico para los bomberos, pasará a una factura independiente y seguirá siendo recaudado por las empresas eléctricas, lo que generó inconformidad entre los más de 200 miembros de la casaca roja, pues ellos pedían que la tasa a favor de este gremio, se cobre en la planilla de energía eléctrica y no sea eliminada de la misma.

 

Según el artículo 60 de la ley aprobada, se establece que el impuesto que las empresas de servicio eléctrico cobran mensualmente en la planilla a los usuarios, “se incluirá única y exclusivamente, los rubros correspondientes a los servicios que presta la empresa eléctrica, cuyo detalle constará en la regulación que emita el Arconel”.

 

Por ello, en el veto presidencial se aclaró este artículo reformando otro (el 32) de la Ley de Defensa contra Incendios que señala que “el tributo (para los bomberos) podrá ser cobrado por las empresas eléctricas previo convenio aprobado por estas y el valor respectivo podrá ser recaudado a través de una factura independiente de aquella que establece el costo del servicio eléctrico”.

 

Cuatro días después que los miembros de la casaca roja amenazaran con un duelo nacional, el 12 de enero, representantes de los 225 Cuerpos de Bomberos del Ecuador se concentraron en la Plaza de la Independencia de Quito para dialogar con el Primer Mandatario. Allí, el presidente Rafael Correa, escuchó las peticiones del grupo de bomberos y se comprometió a prorrogar por un año la ley que permite que la tasa a favor de los bomberos se cobre en la planilla de energía eléctrica, después de lo cual los municipios deberán brindar soluciones a ese presupuesto.

 

Sobre este tema, ¿Ingeniero, se debe seguir cobrando el rubro de impuestos para los bomberos en la planilla eléctrica o ellos deberían tener otra forma de cobro?

 

“Los derechos de los trabajadores son irrenunciables y por tanto, no puede venir una ley de otro sector -o una Ley del sector de Telecomunicaciones particularmente-, a quitarle los beneficios que le da el Código de Trabajo, porque eso raya en lo inconstitucional”.

Ningún servicio puede subsidiar otro servicio; en otras palabras, la existencia permanente de los subsidios cruzados, es una aberración a la economía.

 

Los subsidios deben tener la característica de temporalidad y lamentablemente en el país, las temporalidades se han convertido en eternidades; y así como es el tema de los bomberos, es el tema de la recolección de basura, también es el subsidio para los sectores marginales y otros.

 

Una de las planillas que más cargo tiene en este sentido en el país, es la planilla eléctrica, porque es de fácil recaudación y le llega a todo el mundo.

 

Conceptualmente esos subsidios ya existieron y debieron haberse migrado para ser cobrados de forma directa, pero como este es un tema en donde no se ha tomado como una previsión en el tiempo y afectaría a muchas instituciones, yo creo que aquí hay que hacer una salvedad, si es que vamos a seguir prosperando con esta idea, de darle una temporalidad o un tiempo perentorio para que este subsidio desaparezca paulatinamente, y en el caso de los bomberos esa recaudación comience a generarse por otra vía como por ejemplo por la vía del catastro municipal.

 

La Ley Eléctrica ha generado críticas en los asambleístas de oposición al calificarla como “una fuerte intervención del Ejecutivo dentro del sector”, ya que además de determinar políticas públicas a través del Ministerio de Electricidad tanto en el Arconel como en el Operador Nacional de Electricidad (Cenace), el ministro del ramo conformaría los directorios con un representante de la Senplades y un tercero del Ejecutivo.

Así es. La conformación del directorio del ente de regulación es idéntico a la conformación de directorio del ente de Regulación de Telecomunicaciones. No es posible que un ente de Regulación y Control como es actualmente el Conelec (Consejo Nacional de Electricidad) y que ahora se pasa a llamar de otra forma, tiene los mismos defectos que el de la Ley de Telecomunicación: primero, sus tres delegados son delegados directamente de la Presidencia que son: el ministro de Electricidad, el secretario de la Senplades y un delegado de la Presidencia de la República. Es una intervención directa del Ejecutivo porque no existe ninguna participación de terceros. Lo que tiene que ser es un ente multidisciplinario que tenga economistas, abogados, ingenieros que conozcan de la materia del sector y cuyo nombramiento en mayoría obedezca a una selección pública en procesos públicos competitivos, en donde se privilegie la meritocracia y no el nombramiento directo.

 

Una de las grandes fallas que tienen la Ley de Telecomunicaciones y la Ley Eléctrica, es que el ministro de Electricidad a simple decisión de él puede dar por terminada unilateralmente una concesión a un concesionario privado, lo cual es peligroso.

 

Hoy en día tenemos a un buen ministro de Electricidad, pero si el día de mañana llega alguien que tiene conflicto de intereses con alguna operadora eléctrica (ya sea una operadora o una transmisora), puede decirle ‘como usted hace competencia a la que yo defiendo, yo le doy por terminada la concesión’ y básicamente se convierte eso en un elemento administrativo que no puede existir en una ley, esa discrecionalidad con la cual una sola persona puede tirar abajo una concesión.

 

¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la Ley Eléctrica, según su punto de vista?

“La ley y las acciones ejecutivas, dan a ver que se está convirtiendo esto en un gran monopolio estatal, y lo peligroso en un monopolio estatal, es que el Estado como ya ocurrió en el pasado, no tenga los suficientes recursos para mantener el monopolio”.

Yo creo que la Ley Eléctrica debe ser más estudiada antes de que sea aprobada. Esta ley amerita que por ejemplo, los alcances que debe tener los agentes de regulación y control, no necesariamente pasen por el cambio de nombre, inclusive yo no le cambiaría el nombre, yo le mantendría el nombre de Conelec, lo mismo que hubiese hecho en la parte de telecomunicaciones, porque solamente cambiarle el nombre cambia muchas cosas y a veces creemos que por el hecho de cambiarle el nombre a las cosas estamos haciendo buenos cambios cuando no es así.

 

Las funciones del ente de regulación son completas, lo preocupante es la conformación del ente de regulación, porque tal cual está, difícilmente asegura garantías en su ejercicio. Tal cual está conformado es completamente dependiente de lo que diga o deje de decir el Ejecutivo y un ente de regulación y control no debe de tener esa característica, tiene que ser completamente autónomo inclusive con independencia financiera.

 

En el tema de subsidios hay que trabajar más, para efecto de que la ley de camino de salida a la eliminación progresiva de los subsidios y que  los entes que actualmente tienen actualmente el beneficio de los subsidios que se recaudan a partir de la planilla eléctrica se los cobre por otra vía.

 

La ley promueve el uso de energías renovables y eso es bastante bueno. Yo creo que el Ecuador haría muy bien en ser un líder regional en la promoción de energías renovables. Tiene algunas iniciativas interesantes a nivel fotovoltaico, a nivel eólico, pero la ley puede reforzar esto porque la ley puede captar recursos. Incluso la ley debería promover la captación de recursos por esta vía. La ley debiera promover cierto tipo de excepciones o beneficios a quienes invierten más en generación renovable o de energía renovable que en generaciones convencionales. Por ejemplo, buscar la excepción tributaria, términos arancelarios.

 

Creo que también deja un poco vago la calificación del consumidor, porque inclusive el consumidor puede ser castigado por sus niveles de consumo, está un poco a la arbitrariedad de la autoridad, y ese es un articulado que a mí no me gustó mucho. Hay mucho que trabajar en esa parte. Tal vez la intención es que el consume más debe pagar más, pero nadie puede decirle a un consumidor que consuma menos.

 

Lo que sí debiera tener esta ley, es hacerle mucho oído a la industria a las opiniones que tiene respecto a la ley porque afecta directamente a la gente. Creo que hay que hacerle mucho oído a los gremios profesionales, respecto a las opiniones que tienen de la ley, y sobre todo tiene que ver también con la organización del Estado que actualmente es el mayor propietario de los activos eléctricos del Ecuador. Prácticamente hemos convertido al sector que se fue abriendo las puertas a la inversión, a ser un sector tal cual se lo constituyó hace 30 años el ex Inecel (Instituto Ecuatoriano de Electrificación) donde todo le pertenecía al Estado: la generación, la transmisión y la distribución.

 

Ciertamente hay algunos artículos que dicen que hay que promover la inversión privada, pero en la práctica, la ley y las acciones ejecutivas, dan a ver que se está convirtiendo esto en un gran monopolio estatal, y lo peligroso en un monopolio estatal no es tanto el monopolio percé, es que el Estado como ya ocurrió en el pasado, no tenga los suficientes recursos para mantener el monopolio, por eso quebró el Inecel, por la falta de recursos y por eso se paralizaron todos los proyectos de inversión a finales de los 80’ y todos los años 90’.

 

Ahora el Gobierno ha retomado muchos de esos proyectos y los ha hecho, porque ha habido dinero. Pero ¿qué va a pasar a futuro cuando no exista dinero? ¡Vamos a volver otra vez al mismo sonsonete y entonces vamos a entrar a privatizar y a vender! La ley por eso tiene que ser un poco más amplia.  (I)

 

Panel Sector Eléctrico

Situación de la generación:

Capacidad instalada

Total: 5738 MW

Renovable: 40%

No renovable: 48%

Interconexión: 12%

 

Producción energía GWH

24.000 GWH al 2013            (P)                    1999      2000      2003      2004     2007    2013

Energía no renovable                                        31%       28%          43%         48%       50%        53%

Energía renovable                                              69%       72%          57%          52%       50%       47%

 

Crecimiento de la demanda %      

                                                                         2010               2011          2012         2013   

                                                                            6.5%                8.33%        6.07%       5.55%

Consumo                                                            17.072 GWH al 2013 (C)

Residencial                                                       5.881 GWH     34%        4.010.000     88%

Comercial                                                         3.486 GWH     20.42%     445.947      9.72

Industrial                                                         5.013 GWH      29%             49.262       1.2%

Alumbrado público                                           963 GWH         5.64%

 

Precios medios ctvos U$ / KWH     2012    2013    abonados       %

Total   Tm                                                        7.95     7.96        4.574.420

Residencial                                                       9.6       9.48      4.010.000        88%

Comercial                                                         7.84     7.74           445.947        9.72

Industrial                                                         5.99     6.01             49.262       1.2%

Alumbrado público                                        11.3     12.68

 

Recaudación del sector (R)

Facturado: U$ 1.359 millones

Recuperado: U$ 1.295 millones  95%

 

Lo que debe facturar

R: Tm*P: U$ 1.910 millones

Diferencia 725 millones U$

Sector telecomunicaciones 4.000 U$ VS. 1.359 U$

 

Fuente: Datos proporcionados por José Pileggi.

Fotografías: Luis Mora