El colectivo YASunidos anunció que para el 2015 continuará en su lucha contra la explotación petrolera en el Yasuní. Así lo anunció uno de sus voceros, Patricio Chávez, quien indicó que la organización se encuentra afinando los detalles de la estrategia que implementarán en el nuevo año a fin de evitar “bloqueos”.
Esto en referencia a los tres eventos que marcaron el 2014 de esta agrupación: el rechazo de firmas para una consulta popular, el impedimento para sostener una reunión en el país con diputados alemanes y la retención de un bus que iba a Perú.
La organización surgió en agosto del 2013, cuando el presidente de la República, Rafael Correa, anunció que eliminaría la iniciativa Yasuní-ITT, que buscaba preservar el petróleo en un área del parque Yasuní, en el Oriente.
Ante esto, integrantes del colectivo y varios voluntarios, recogieron firmas para convocar a un plebiscito en el que se pregunte a los ciudadanos si estaban o no de acuerdo con mantener el crudo bajo tierra.
Las 757.623 firmas fueron entregadas en abril pasado y en mayo el Consejo Nacional Electoral (CNE) informa que las rúbricas no alcanzaron el mínimo legal luego de rechazar 230.000 firmas en la fase de verificación, luego el CNE acepta validar 9.353. Por lo que el colectivo denunció irregularidades, mientras que el organismo electoral las negó.
En junio del presente año, YASunidos solicitó medidas cautelares a la CIDH porque dice que varios integrantes han sido amenazados.
El abogado de YASunidos, Pablo Piedra, anuncia que en el 2015 se cabildeará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, para obtener alguna respuesta.
Piedra agrega que desde octubre, en la CIDH, reposa una demanda contra el Estado por supuesta violación de varios derechos, entre esos los políticos (guarda relación con la presentación de firmas) y un pedido de medidas cautelares (por supuesta “persecución” a varios activistas del colectivo).
El jurista estima que el análisis de la demanda demorará; y destaca que el otro proceso registra “avances”, pues la CIDH pidió información adicional, como lo ocurrido con los parlamentarios alemanes y con el bus de la “caravana climática”.
Por su parte, el Gobierno alega que el grupo de diputados de Berlín fue impedido de ingresar al país por no cumplir con los protocolos y que la retención del bus (por más de dos semanas), se debió a varias infracciones cometidas por el colectivo. (I)
