La Comisión de Diálogo terminó su trabajo, hizo recomendaciones y le dejó la tarea de pacificación en las cárceles al SNAI.
El trabajo de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación llegó a su fin. El 16 de junio culmina el periodo de funciones establecido en el decreto ejecutivo 294 y se disuelve.
Pero antes, los comisionados entregaron el informe de diagnóstico y recomendaciones al Presidente de la República, en una reunión en Carondelet, donde participaron los ministros del Interior, Patricio Carrillo, y de Salud, Ximena Garzón.
Además, la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, y funcionarios del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI).
Esto fue posible, ya que por primera vez en casi una década, personas fuera de los gobiernos de turno han podido ingresar a las cárceles del país.
Los comisionados estuvieron en 12 cárceles de las provincias de Guayas, Pichincha, Cotopaxi, Azuay, Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo.
El informe relata que “estos lugares donde se recluye a seres humanos no son centros de rehabilitación, sino más bien almacenes de castigos” y que por eso es mejor llamarlos cárceles y no centros de rehabilitación.
La Comisión inició con nueve integrantes, pero tres de ellos renunciaron, como Nelsa Curbelo, quien presidía la mesa, y que dio un paso al costado por no compartir las opiniones de algunas comisionadas.
En su momento, Curbelo dijo que era difícil que se llegue a una pacificación en las condiciones actuales.
Sin embargo, el 17 de mayo la comisionada Claudia Garzón anunció un acuerdo de voluntades para el diálogo con los detenidos, que provocó tensiones en la Comisión, dice Luis Barrios, porque no conocían de esas negociaciones.
“Esa intención de pacificación no salió de la Comisión, un día llegó Claudia y dijo que había estado trabajando en secreto. Lo sacó sin que lo hayamos trabajado como Comisión”, añade.
Explica que si bien dan la bienvenida a un acuerdo de pacificación, tienen que existir elementos para sentarse a la mesa a negociar.
“El primer paso es una tregua de no nos vamos a matar, no nos vamos a pelear y no vamos a usar las armas, y eso no ha pasado todavía”, aclara Barrios.
Con él coincidió, en su momento, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien dijo que no cree en los mecanismos de pacificación discursivos sin acciones concretas.
En el informe, la Comisión deja clara su postura. “No tenemos certeza de cuán lejos pueda llegar este acuerdo, pero seguimos apostando por la suma de voluntades de todos los involucrados”.
Y admite que no se logró traer paz a las cárceles, pero que “en este momento estamos lidiando con la tranquilidad de personas desesperadas, lo cual es una bomba de tiempo”.
Esos diálogos, según Alfredo Narváez, quien presidió la Comisión los últimos dos meses, continuarán con la comisionada Garzón y el SNAI.
Pero propondrán la creación de “un observatorio independiente de las instituciones del Gobierno involucrados en el sistema penitenciario”.
Porque “no pueden ser juez y parte y debe estar integrado por la academia, instituciones, fundaciones y representantes de la ciudadanía para vigilar lo que ocurre en las cárceles”, explica Narváez.
Las causas de la violencia en las cárceles
La Comisión determinó que la violencia carcelaria tiene varias causas, como la violencia de las organizaciones y de sus líderes, que dominan pabellones y centros de detención, y que producen chantajes por amenazas contra su vida.
Pero también está “la violencia silenciosa y sistemática por parte del Estado, el haber abandonado la atención básica de las personas privadas de libertad en los centros de detención”, detalla el informe.
Detectaron violaciones a los derechos humanos, como el hacinamiento, la falta de acceso a una asesoría legal y beneficios penitenciarios, separación de la población penitenciaria, acceso a servicios básicos, tratamiento de aguas residuales e incluso recibir atención médica.
“Es tan grave esta carencia, que podemos afirmar que muchos privados de libertad han muerto por falta de la atención médica. La falta de atención de enfermedades mentales y psicológicas es palpable. No existe una política para tratar adicciones, ni a los adultos mayores”.
Los comisionados detectaron que la corrupción está adherida al sistema vigente en el que se encuentran “personas privadas de libertad, policías, SNAI y sistema judicial penitenciario. Se ha formado una estructura que favorece a la corrupción”.
Es decir “que va desde sobornos para ingresar objetos necesarios para las personas privadas de libertad, hasta el tráfico de armas y drogas”.
Las recomendaciones
El informe está dividido en seis capítulos y entre todos tienen casi un centenar de observaciones y recomendaciones para las instituciones involucradas en el sistema penitenciario.
Entre las más importantes están “crear el censo penitenciario que vaya más allá de los números, quiénes son, edad, por qué lo sentenciaron, escolaridad, condición de salud física, qué conexiones tiene con la comunidad”.
“Esto ayudará a rehabilitar de manera individual”, explica Luis Barrios.
Además, crear la escuela de formación penitenciaria, para la capacitación integral del personal que trabaja en las cárceles.
Los comisionados recomiendan que el SNAI descentralice y tecnifique de forma virtual la información de cada persona privada de libertad, para que puedan tener sus carpetas de beneficios penitenciarios.
Esto generaría menos desplazamientos de sus familiares y mejoraría la atención a los detenidos.
Insisten en mejorar los servicios públicos en los sectores de donde provienen los detenidos para promover actividades de fortalecimiento educativo, deportivo y cultural.
Piden que todas las funciones del Estado coloquen, en una parte visible y representativa de sus principales instalaciones, una placa en la que la que cada una de las instituciones reconozca que le ha fallado, por acción u omisión, al sistema de rehabilitación social.
Además, en memoria de las 123 personas que murieron en la masacre en la Penitenciaría del Litoral del 28 de septiembre de 2021, se establezca es fecha para que las funciones del Estado presenten un informe de las acciones realizadas para contribuir al mejoramiento de la situación del sistema de rehabilitación social.
