Pascual Del Cioppo, nombrado como embajador de Ecuador en España, denunció que en esa representación diplomática se habrían pagado dineros públicos para favorecer a empresas relacionadas a figuras de la organización izquierdista Podemos, cuya cabeza más visible es Pablo Iglesias.
En una entrevista con Carlos Vera, el flamante diplomático, que militó en el Partido Social Cristiano, dijo que ha pedido -por el orden del presidente Guillermo Lasso– que se suspenda “de inmediato” la vigencia de los contratos cuyos recursos económicos iban a esa organización política española.
“El Presidente ordenó, de inmediato, que se suspenda la vigencia de esos contratos, que se pare y no se siga pagando las cuotas del mes de junio incluso, ni del mes de julio”, afirmó. Sin embargo, no especificó cuál es el periodo de contratación.
Del Cioppo explicó que el caso denunciado trata de supuestos pagos a empresas relacionadas con Irene Montero, ministra de Igualdad de España y esposa del máximo dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, y Rafael Mayoral, diputado de Podemos desde el 2015.
Ambos estarían al frente de empresas relacionadas con supuestas defensas legales de ecuatorianos y pagadas por el Gobierno de Ecuador, pero que no se han ejecutado.
¿Cuánto se destinó para aquello?
Del Cioppo explicó que el pago anual era de 1,2 millones de euros por año, es decir casi USD 1,5 millones. Incluso, el año pasado, en plena pandemia, se firmó un contrato anual por 775 000 euros (USD 914 000).
“Pero ahí no viene el tema, el tema es algo peor, es que era para asesorar a ecuatorianos para que no exista el desahucio por falta de pago de hipoteca… Es que la Ley española, precisamente hace un tiempo atrás cuando hubo la crisis, impidió ya que exista el desahucio, entonces no sé qué defendían”, criticó.
Las declaraciones del flamante embajador generaron la reacción de Víctor González, vicepresidente Primero y diputado del partido español Vox, quien ha pedido la comparecencia Montero y Mayoral. “Preguntaremos al gobierno y actuaremos. El pueblo de Ecuador tiene derecho a saber qué se hizo con su dinero y los españoles a que se depuren las responsabilidades políticas y judiciales oportunas. Gracias”.
