El Registrador de la Propiedad de Guayaquil informó al Tribunal de Ejecución del caso Sobornos 2012-2016 que ha procedido a practicar la inscripción del “Comiso” ordenado contra los bienes inmuebles de ocho de los sentenciados en esta causa, entre ellos el ex presidente Rafael Correa, sobre quien pesa una condena de ocho años de cárcel por el delito de cohecho pasivo agravado en calidad de autor mediato por instigación.
En un oficio del 7 de enero pasado, suscrito por Segundo Zurita Zambrano, Registrador de la Propiedad Guayaquil, y recibido electrónicamente por el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el 11 de enero pasado se informó que “el 7 de enero de 2021 del registro de propiedades se ha procedido a practicar la inscripción del Comiso ordenado por su autoridad de los bienes inmuebles”.
Define que los bienes sobre quien ha recaído esta acción tienen como titulares al ex presidente Correa, al ex secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Javier Mera; a los ex ministros Walter Solís y Vinicio Alvarado; los ex asambleístas Viviana Bonilla y Christian Viteri; y los empresarios Bolívar Sánchez y Pedro Verduga. En el oficio enviado se detalla la razón de inscripción conforme a la solicitud 2020-34604.
La inscripción del comiso de un bien inmueble es el paso previo que se debe realizar para que, en este caso, el Estado asuma el poder del bien para que con su venta se complete el pago de la reparación integral dispuesta para cada procesado y además con la acción se evita pueda ser el bien inmueble negociado a terceras personas.
En cambio, desde el Registro de la Propiedad de Guayaquil se informó que respecto a “los comisados” Jorge Glas, ex vicepresidente de la República; la ex ministra María de los Ángeles Duarte; y los empresarios Edgar Salas, Ramiro Galarza, William Phillips, Rafael Córdova, Teodoro Calle y Mateo Choi, “por cuanto no aparecen como titulares del derecho de dominio sobre inmuebles no ha sido posible practicar la inscripción del comiso penal”.
En la providencia del 18 de diciembre pasado, el Tribunal de Ejecución, presidido por el juez nacional Iván León, se señalaba una vez que ha “fenecido en demasía” el tiempo determinado de 30 días para realizar el pago de las reparaciones impuestas a los sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016 como autores mediatos, autores directos, coautores y cómplices, se delega a Procuraduría General del Estado (PGE) para que realice toda gestión que concluya con el comiso y embargo de los bienes hasta por los montos que les corresponde a cada uno de los condenados.
De la medida se exceptuaba a los empresarios Alberto Hidalgo, quien pagó los $ 368.000 de reparación económica que se le dispuso como autor mediato del delito de cohecho, y Víctor Fontana, que canceló los $ 778.000 que se le impuso como autor directo. Los autores mediatos, directos y coautores deben pagar $ 778.000, mientras que Laura Terán como cómplice e Hidalgo $ 368 000.
En esa providencia se explicó que para garantizar el cumplimiento de la medida de restitución se determinó el comiso de los bienes inmuebles de los sentenciados que no han dado cumplimiento dentro del plazo determinado al pago, por lo que se ordenó que la Secretaria de Sala oficie a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de todos los cantones del país.
Desde el 23 de septiembre pasado, la sentencia en el caso Sobornos ingresó en fase de Ejecución. Eso llegó una vez un Tribunal de Casación de la CNJ negó los recursos de ese tipo planteados por los procesados contra una sentencia que en dos instancias anteriores les había declarado culpables del delito de cohecho pasivo agravado. (I)
