El anuncio presidencial de que los propietarios de vehículos avaluados en más de USD 20 000 tendrá un efecto contractivo que generará un impacto directo en las ventas de estos productos y, por ende, en la recaudación de otros impuestos, asegura la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade).
La Asociación difundió un comunicado en el que sostiene que “en lugar de recaudar los USD 220 millones anunciados por el Gobierno, esto reduciría USD 75 millones en ingresos fiscales“.
La medida será incluida en un proyecto de ley económica que también tratará reformas al Código de Finanzas Públicas.
Entre enero de 2019 y febrero de 2020 se vendieron 176 000 vehículos con un valor superior a los USD 20 000, el 60% de un total de 289 447 automotores comercializados, anota la Aeade.
“Suponemos que de ninguna manera este impuesto se aplicaría a vehículos de trabajo. Si se excluyera al 36 de estos vehículos (que corresponden a camiones, buses, taxis y furgonetas) los que pagarían efectivamente este
tributo son 110 000 unidades con un a recaudación potencial máxima de USD 165 millones y no los 220 millones anunciados por el Gobierno. Sin embargo, esa potencial recaudación no toma en cuenta la contracción del mercado por la situación económica y los efectos de esta medida”, reza el comunicado.
Antes de que se conozca la intención del Ejecutivo, los comercializadores de vehículos ya preveían una caída del 10% del mercado para este año. Si se adiciona el nuevo tributo las proyecciones apuntan a que habrá una disminución adicional de las ventas de hasta el 15%, lo que significaría 24 000 unidades menos.
Así mismo, la Asociación señala que el país tiene la carga tributaria a los vehículos más elevada de la región, ya que los compradores ecuatorianos pagan ocho impuestos cuando adquieren un auto nuevo, lo cual dispara los precios de los productos a comparación de cuando llegan a los puertos.
“Estas medidas no aportan una solución a los problemas estructurales del Ecuador. Desafíos tales como unos ingresos petroleros disminuidos, un riesgo país que supera los 2800 puntos, un acceso limitado al financiamiento internacional, apenas un 38% de empleo pleno y una desaceleración económica global; deben afrontarse con una estrategia de reactivación productiva, reformas institucionales y una optimización de los ingresos y gastos fiscales”, finaliza el comunicado de la Aeade.
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