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Fiscalía: la red de Tuárez operó desde un hotel de Quito

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La investigación ejecutada al grupo delictivo aparentemente dirigido por Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación, arroja más detalles. 49 días después de la captura de 33 personas, la información recabada por la Fiscalía muestra que los aprehendidos montaron una compleja red para cobrar a quienes estaban interesados en ocupar un puesto público.

Fiscalía: la red de Tuárez operó desde un hotel de Quito

Según las indagaciones, los sospechosos alquilaron una habitación en un hotel de Quito y allí pusieron en marcha su operación delictiva. Los agentes dicen que los interesados en los cargos eran contactados a través de llamadas telefónicas e instruidos para que en día y hora específicos llegaran al hotel y entregasen el efectivo.

El día en que Tuárez y el resto fueron apresados, la Fiscalía dijo que pedían hasta USD 20 millones por un cargo en la Aduana o en la aviación civil.

De las evidencias recogidas, la Fiscalía sabe que los interesados entraban con el dinero en maletas y debían esperar nuevas instrucciones a través de mensajes de texto o llamadas a los celulares.

El expediente advierte que en un momento determinado, un auto pasaba por el hotel, recogía a la persona que pagó por el cargo y era llevado para su posesión. Mientras iban camino a ese acto, otros integrantes de la red delictiva ingresaban a la habitación del hotel, contaban el dinero en efectivo y verificaban si había cancelado todo.

Solo si había cumplido ese requisito era posesionado. Caso contrario, la operación se caía.

Los agentes dicen que ese método es conocido como ‘espejo’, y que no lo habían visto en otros casos. De los datos recabados hasta ahora se sabe que lo usaron con al menos dos personas que buscaban cargos directivos en el Estado.

El expediente se remonta al 28 de noviembre pasado, cuando fueron detenidas 33 personas en un operativo en seis provincias, al que llamaron Emperador. En el expediente se señala que Tuárez y el resto ofertaban cargos públicos.

Hoy, 27 personas, incluidas cinco mujeres, guardan prisión preventiva. El resto (seis) está libre, pero no pueden salir del país y deben presentarse periódica ante una autoridad.

El miércoles último, cuatro detenidas ampliaron su versión en la Cárcel de Ambato.

En cambio, el 3 de febrero se realizará una audiencia, pues nueve de los detenidos pidieron que se les levantara la prisión y se les impusiera otras medidas. Pero Fiscalía sostiene que dentro de las escuchas realizadas a los celulares de los investigados se encontraron detalles de cómo operaban.

Aún falta por extraer información de otros teléfonos, para conocer si existen más conversaciones y pagos en el hotel o en otras instalaciones. Hoy, los equipos de investigación también tienen en su poder seis videos captados con los celulares de tres procesados.

Según Fiscalía, en esas imágenes se observa cómo antes de ir al hotel, los interesados en los cargos públicos debían filmar el dinero en efectivo junto a un periódico del día.

Los agentes dicen que esa era una prueba de que a la fecha en que se circulaba el periódico sí estaba disponible el efectivo.

En las imágenes incluso aparecen euros en billetes. Una vez enviada la filmación, esperaban la llamada de un colaborador que los citaba en el hotel.

Personal de Fiscalía dijo que las investigaciones no terminan; adelantó que habrá más vinculados. La entidad analiza escuchas telefónicas, cuentas de bancos, videos y otras pruebas. “En los audios interceptados se escuchan otros nombres de empleados públicos que ahora son cotejados. Pueden ser homónimos y vamos a determinar quiénes son”, dice la entidad.

Además, advierte que en las conversaciones se escucha a personas con acento extranjero, que también habrían participado en la recaudación del dinero. Por ahora se espera que concluyan las pericias para saber qué grado de participación tuvieron en este ilícito.

Las sospechas de la Fiscalía tomaron más peso el 4 de enero último. Ese día, cuatro de los sospechosos fueron sentenciados tras acogerse al procedimiento abreviado y aceptar su culpabilidad en los hechos.

Sebastián Trejo, Marco Vivanco, Pablo Roberto Llanes, y Luis Loyo (exempleado del CNE) fueron condenados a un año de prisión en calidad de autores del delito de asociación ilícita y deben pagar una multa de cuatro salarios.

En la sentencia, la jueza acogió el pedido de los abogados y ordenó que los tres primeros cumplan su pena en la Cárcel 4 de Quito, un centro para expolicías y personas que corren riesgos. Dispuso que Trejo cumpla su pena en la cárcel de Guayaquil. La Dirección de Rehabilitación informó que todos siguen en el Puerto Principal, incluido Tuárez, que tiene una orden judicial para ser trasladado a la Cárcel 4.

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