La audiencia preparatoria de juicio en el caso Sobornos 2012-2016 se reinstalará a las 09:00 del viernes 15 de noviembre del 2019.
Así lo decidió la jueza Daniella Camacho, luego de que suspendiera la diligencia de ayer 12 de noviembre.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado ha presentado 231 elementos de los 587 anunciados por Diana Salazar.
En esa lista está una serie de contratos suscritos a través de cartas de invitación y convenios de pago, “figuras utilizadas para no seguir los procedimientos previstos en la normativa de contratación pública”. Las pruebas entregadas se enfocan en el delito de cohecho.
Según el Código Integral Penal (artículo 280), este ilícito se configura cuando los servidores públicos reciban o acepten beneficio económico sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas con sus funciones. Quienes sean declarados culpables serán sancionados con cárcel de uno a tres años.
La Constitución (art. 113), en cambio, señala que quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por cohecho no podrán ser candidatos de elección. Además, se indica que ningún servidor estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. En este expediente judicial son procesados Rafael Correa, Jorge Glas, sus excolaboradores y empresarios.
La investigación realizada por la Fiscal General determinó la existencia de una estructura integrada por empleados estatales que facilitaron la entrega de recursos (a través de cruce de facturas y dinero en efectivo) por parte de empresarios para beneficiarse de contratos con el Estado.
La defensa de las personas señaladas en esta causa dice que no hay pruebas en contra de sus defendidos y que estos no cometieron delito alguno. Por eso, seis de ellos pidieron que se les dejara en libertad, para defenderse.
Pero el 7 de noviembre pasado, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces David Jacho, Wilman Terán e Iván Larco, ratificó la prisión preventiva que pesaba, por ejemplo, contra Correa.
Ayer 12 de noviembre del 2019, los abogados de los procesados señalaron que la detención es una medida exagerada y que responde a represalias políticas. El fiscal subrogante, Wilson Toainga, indicó que el trabajo de Fiscalía es “absolutamente objetivo y técnico, con base en lo que disponen la Constitución y la Ley”.
En este caso también están señaladas Pamela Martínez y Laura Terán, exempleadas de la Presidencia de la República. Ellas ya no están encarceladas, pero las investigaciones en contra de ellas continúan.
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