El “caldo de cultivo” para las protestas que tuvieron lugar en Ecuador a principios de mes se encontraba allí antes de la eliminación de los subsidios a las gasolinas, y lo que se requiere ahora es establecer marcos estructurales de diálogo para evitar futuras escaladas.
Así dice el máximo representante del Sistema de Naciones Unidas en el país, el francés Arnaud Peral, que junto con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana encabezó los esfuerzos de mediación para poner fin, el pasado 13, a una crisis de once días de violencia desefrenada.
“Yo creo que el caldo de cultivo que permitió esta ola tan fuerte de reacciones en todos los sectores estaba presente en la sociedad ecuatoriana”, afirma al hablar de indicios de “insatisfacción” entre ciertos círculos de la población, originados en las brechas sociales y la falta de oportunidades, entre otras causas.
“Muchas personas estaban pidiendo (advirtiendo) que se estaba degradando su calidad de vida y bienestar y, en ese sentido, había una tensión social muy grande que hemos sentido por supuesto en diferentes episodios”, agrega en su primera entrevista desde las protestas.
Una situación originada en “la situación económica y social del país”, “la compleja situación regional”, y “la situación del empleo”.
El pasado 13, Peral vivió uno de los momentos más satisfactorios de su larga carrera cuando, avalado por la Agenda de Desarrollo 2030, consiguió sentar en una misma mesa al presidente Lenín Moreno y al líder indígena Jaime Vargas, un encuentro que puso fin a unos disturbios que dejaron al menos siete muertos y más de 1.300 heridos, además de cuantiosos daños materiales.
Pero lo que aún sorprende al diplomático de la ONU fue el grado de “ruptura de diálogo” y “enfrentamiento generalizado” al que llegó la sociedad ecuatoriana, y por supuesto el alto nivel de violencia de las protestas.
“Tenemos antenas y diálogos con muchos sectores, pero ni siquiera nosotros habíamos visto que podía escalar a este nivel”, asegura.
Convocados por sindicatos, grupos indígenas y de oposición, los manifestantes saquearon granjas, dañaron infraestructuras nacionales, cerraron carreteras, bloquearon varias ciudades y, en Quito, se alzaron contra las fuerzas del orden en batallas campales.
