El plan de Gregory Araque, venezolano de 28 años, y sus amigos era llegar al Centro Histórico en Quito.
La migración estaba definida y el trayecto desde su país hasta Ecuador les tomó cinco días.
Dos horas después de arribar a la ciudad, la depresión que sufrió le impidió conquistar su meta: en el puente de Zámbiza, en el norte de la capital ecuatoriana, se quitó la vida al dejarse caer al vacío.
Era 28 de agosto de 2019. Él es uno de los 124 migrantes que se suma a la estadística de muertes violentas que va en aumento en el país. Mientras en 2017 hubo 19 casos, 2018 registró 34 decesos bajo diferentes circunstancias agresivas.
En 2019 este número se duplicó hasta llegar a 71. Fredy Herrera, coordinador técnico del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, indica que las principales causas de muertes van a la par de los fallecimientos de los ecuatorianos: los accidentes de tránsito están a la cabeza, en segundo lugar las muertes por arma blanca y suicidios, sobre todo ahorcadura.
En el monitoreo de flujo de la población venezolana (ONU 2019) se expone que casi el 64% de migrantes venezolanos no contaba con los recursos suficientes para realizar su viaje.
Al llegar al país de acogida, tampoco el dinero para sobrevivir. Frente a ello, ¿qué pasa si se suma la muerte de un familiar en territorio ajeno? Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezolana en Ecuador, explicó que cuando un venezolano fallece la primera opción de sus familiares es repatriarlo.
Pero la idea queda en ilusión. “Es muy costoso para una persona que apenas llega con pocos recursos.
Entonces lo que hacemos es orientarlos para la cremación que tiene un permiso mucho más ágil en el Consulado de Venezuela”, mencionó. El proceso de repatriación de un cuerpo puede costar, mínimo, $ 8.000.
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