Mantener al Estado es costoso. La alternativa de concesionar empresas públicas y otras entidades surge, en parte, por los gastos que se heredaron del gobierno del expresidente Rafael Correa. Empresas como CNT y las eléctricas Celec y CNELalbergan a más de 20.388 funcionarios.
Santiago Cuesta, consejero del presidente Lenín Moreno, ha mencionado a las tres instituciones como las primeras en pasar al sector privado.
Ante el anuncio, los trabajadores de CNT solicitaron, ayer, información a las autoridades. Ellos esperan que, si se concreta el traslado temporal al sector privado, se mantengan derechos adquiridos como el contrato colectivo, los años de servicio y otros beneficios. Sobre todo, dicen los líderes sindicales, esperan tener estabilidad laboral.
Lo mismo puede concluirse en otras entidades que se mencionan en el discurso de concesión. La semana pasada, EXPRESO publicó el interés de parte del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por concesionar el sistema de salud. Es decir, hospitales y centros médicos que, según los últimos informes de la institución, están subutilizados por un descontrol del sector público.
En total, el IESS tiene más de 27.000 médicos y profesionales de la salud en su nómina. Un número que genera gastos que mes a mes debe cubrir el Seguro Social pese a su crisis económica.
Felipe Pezo, vocal del Directorio del IESS en representación de los empleadores, cree que el sector privado puede lidiar con los costos que genera el sistema de salud porque será una administración más ordenada y productiva. Se revisarán horarios y jornadas de trabajo para equilibrar cargas y no subutilizar ni las instalaciones ni al personal contratado.
En la Refinería de Esmeraldas hay un caso similar. El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, contó que existe la posibilidad de concesionar la planta a una transnacional como Shell. Aseguró, a inicios del mes pasado, que hay conversaciones y que la empresa privada analiza la conveniencia de la operación. Aseguró que no se trata de una venta de activos, sino de una concesión temporal donde el Estado mantiene la propiedad de la refinadora.
Este Diario consultó más detalles de la operación pero, hasta el cierre de esta edición, no contó con una respuesta.
El último informe estadístico de la petrolera estatal Petroecuador muestra que la empresa contó, entre enero y diciembre de 2018, con más de 1.258 empleados en el área de refinación. Esto representa un incremento de 1,70 % con respecto al número de trabajadores de 2017.
En el conteo se toma en cuenta a los empleados de Esmeraldas y de otras plantas más pequeñas.
Cuesta mencionó -cuando EXPRESO publicó la opción de concesiones en octubre- que la operación de traspaso al sector privado generará ventajas para todos. A los trabajadores, por ejemplo, se les incluirá anualmente el pago de utilidades, algo que no reciben como entidad pública. El Gobierno, en cambio, aliviará sus gastos, obtendrá liquidez inmediata y hasta recibirá más impuestos.
Optimización
El personal se mantiene
Las empresas públicas y otras entidades estatales, pese al Decreto de Austeridad de septiembre de 2017, no han reducido el número de trabajadores. En todo el aparato estatal, según datos de Santiago Cuesta, se aumentaron unos 20.000 empleados.
Él dijo a EXPRESO que la nómina creció porque se contrataron a más médicos y docentes para fortalecer el trabajo en sectores sociales que desarrolla el Gobierno. (I)
Fuente: https://www.expreso.ec/actualidad/empresas-concesiones-trabajadores-estabilidad-EX2606996
