Los 10 artículos y las cinco disposiciones que contiene la Ley Anticorrupción y Protección del Denunciante fueron analizados, este miércoles 30 de enero del 2019, en la Comisión legislativa de Justicia. Allí se elabora el borrador para el segundo y definitivo debate.
El texto fue remitido por la Presidencia, en septiembre pasado. El Gobierno necesita que esta ley entre en vigencia, pues dijo que solo así “entregará” a la Fiscalía los nombres de los 17 testaferros que prestaron sus nombres a altos exfuncionarios del correísmo.
Según Iván Granda, subsecretario de Acción Política, con la nueva ley estas 17 personas revelarán las rutas del dinero ilegal y a cambio recibirán protección y beneficios. Para el penalista Gabriel Ponce, “la Fiscalía no puede estar condicionada; debe ejercer la acción penal (investigar) de oficio, porque esa es su tarea”.
El jurista indica que la Fiscalía debe abrir una indagación previa y solicitar a la Presidencia los nombres e información de los testaferros, sin esperar a que se promulgue la Ley. “Si se espera, sería una irresponsabilidad de la Fiscalía General y de la Subsecretaría”.
Ponce dice que solo con la Fiscalía se puede firmar un acuerdo de cooperación y recibir los beneficios, como la reducción de condenas, que ya se plantean en el Código Integral Penal (COIP).
Gonzalo Silva coincide con ese criterio. “Si ahora se conoce que hay testaferros, es obligación del Subsecretario presentar la denuncia con nombres y apellidos; guardar silencio sabiendo lo que hay detrás, lo convierte en coautor o cómplice”.
También subraya que este tipo de acuerdos debe firmarse con base en del Código Penal, pues “es el único marco legal que permite la cooperación en temas penales”. El COIP incluso considera como una contravención el hecho de que un servidor público no denuncie los actos de corrupción.
El artículo 277 determina que la sanción en estos casos es cárcel, de 15 a 30 días. Para Granda, el trabajo de investigación y acercamiento hacia estos ‘prestanombres’ se basa en las políticas del gobierno del presidente Lenín Moreno, “políticas que están escritas en las líneas de planificación estratégica del Estado”.
Según el funcionario, “la lucha contra la corrupción es una de las principales acciones del Presidente”, pero asegura que “necesitan el apoyo irrestricto del poder judicial”.
Granda afirma que el trabajo de la Subsecretaría se realiza con la colaboración de “todas las instituciones vinculadas a un ejercicio de persecución o investigación para recuperación de lavado de activos”. -¿Incluida la Fiscalía? “Por supuesto”, agrega.
El presidente Moreno también defiende esta iniciativa. “Hemos ido más allá de nuestras responsabilidades, para demostrar que sí es posible recuperar el dinero de los ecuatorianos”, dijo luego de que la Subsecretaría y la Unidad de Análisis Financiero concretaran un acuerdo con el empresario Tomislav Topic.
A través de este convenio el empresario se comprometió a consignar al Estado USD 13,5 millones, provenientes de Odebrecht. Este miércoles 30 de enero, este Diario buscó una reacción de la fiscal general encargada, Ruth Palacios. Pero la institución no respondió.
Sin embargo, luego del acuerdo con Topic, Palacios dijo a este Diario que la “dueña de la acción penal” es la Fiscalía y que esta entidad es la única que puede determinar los beneficios legales que tienen los cooperadores o delatores.
El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo promueve cinco tipos de beneficios para quienes proporcionen datos. Por ejemplo, a quienes ayuden a recuperar dinero de la corrupción se les entregará el 20% del total, siempre que no hayan participado en el delito.
A los servidores públicos que denuncien se les dará un reconocimiento público, podrán solicitar traslados administrativos y cambiar de trabajo y obtener licencias con remuneración. A cualquier persona que sea parte de una red de corrupción, que haya prestado su nombre o haya ayudado a ocultar bienes de origen ilegal, se le permitirá firmar acuerdos de cooperación eficaz con la Fiscalía.
A través de esa vía también se beneficiarán de la suspensión condicional de la pena, es decir, podrá cumplir sus condenas en libertad. El legislador Henry Cucalón, miembro de la Comisión de Justicia, dice que apoya “todas las iniciativas para recuperar los fondos de la corrupción y perseguir a los peces gordos”.
Asegura, además, que actualmente ya existen las herramientas jurídicas -como la cooperación eficaz- que permiten rastrear los fondos mal habidos. Espera que la nueva ley se apruebe antes de la vacancia legislativa, que comienza a mediados de febrero.
En la Asamblea hay otras iniciativas contra la corrupción: el proyecto de Ley de Recuperación de Capitales (impulsado por Elizabeth Cabezas) y las reformas al COIP, para traspasar bienes incautados a nombre del Estado, aun sin que haya condena en los casos.
En contexto
Luego del escándalo de corrupción en Petroecuador y la trama de pagos de sobornos montada por Odebrecht, la Asamblea recibió una serie de iniciativas para mejorar la lucha contra la corrupción. Entre estas se habló de la muerte civil del procesado.
Los hechos
20 de diciembre del 2018
El entonces fiscal general, Carlos Baca, remitió a la Asamblea un proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que hasta el momento no ha sido aprobado.
14 de agosto del 2018
La Asamblea aprobó la Ley de Lucha contra la Corrupción. Esta reducía la pena del delito de asociación ilícita, por el que fue condenado Jorge Glas. Fue vetada.
12 de septiembre del 2018
El Jefe de Estado anunció que remitió a la Asamblea Nacional un proyecto denominado Ley Anticorrupción y Protección del Denunciante.
15 enero del 2019
Los legisladores concluyeron el primer debate de la Ley Anticorrupción, que es impulsada por la Presidencia. El análisis duró dos horas. (I)
Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/criticas-acuerdo-testaferros-gobierno-corrupcion.html
