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“El padre deja su herencia a quien le dé la gana”

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El analista mexicano Arturo Damm, hace unos días estuvo en Guayaquil y aprovechó para analizar los proyectos de ley de Herencia y Plusvalía que el gobierno del presidente Rafael Correa recientemente retiró de manera temporal del seno de la Asamblea Nacional.

Desde la visión del analista internacional en temas económicos, el mexicano Arturo Damm, el Gobierno ecuatoriano pretende implementar en su sistema jurídico, dos leyes que se podrían considerar abusivas, que a más de afectar a la gente rica, castiga a quien trabajó a lo largo de toda su vida para dejarles algo a sus hijos.

 

El experto, que estuvo en el Puerto Principal, para dictar una conferencia a los empresarios de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), a propósito de sus 126 años de vida institucional, analizó los proyectos de ley de Herencia y Plusvalía que el gobierno del presidente Rafael Correa recientemente retiró de manera temporal del seno de la Asamblea Nacional.

 

Ambos cuerpos legales, derivaron en una serie de reacciones populares en las calles de las ciudades más grandes del país. Incluso, el sector empresarial e industrial demandó el archivo definitivo de las dos normas legales.

 

¿Cuál es su visión respecto del proyecto de Ley de Herencias que hoy tiene parte del Ecuador protestando?

En materia tributaria son los impuestos generales y cuando se habla de tributos especiales al consumo de un determinado producto como tabaco o  algún otro tipo de activo capital, como pueden ser las herencias, me parece que esto es un error.

 

¿Por qué cree que es un error?

Siempre he pensando que el sistema tributario correcto es el que está integrado por un solo impuesto, que es a la compra de bienes y servicios de consumos finales. Es el impuesto más general que podría haber, porque todos somos consumidores, esto es, desde el bebito que consume pañales hasta el viejito que está a punto de morir que también usa pañales. De ahí que cuando se habla de un impuesto específico como el de las herencias, sin duda alguna que es un tributo que trata de castigar, no necesariamente a la gente rica, sino a quien trabajó a lo largo de toda su vida, acumuló un capital y tiene la voluntad de dejárselo a sus hijos o a quien le dé la gana.

 

Si existe en el Ecuador ya ese tributo ¿por qué cree que se lo pretende retomar con un alto porcentaje de incremento?

Este es uno de esos impuestos y desde mi punto de vista es producto de la envidia por no entender los derechos de las personas. Esto, porque hay mucha gente que se pregunta, que derecho tiene un hijo a heredar lo que el padre le deja. Yo no sé sí el hijo tiene ese derecho, pero si me queda claro que el padre tiene todo el derecho de dejárselo a quien le dé la gana.

 

A más de recaudar dinero, a su juicio ¿cuál es el fin del tributo?

Estos impuestos solo buscan evitar que los hijos que heredan determinada cantidad de dinero cuenten con esa ventaja. Eso es una barbaridad porque si como padre de familia trabajé honestamente para generar ingresos, soy capaz de darles mejores oportunidades a mis hijos. Creo que todo padre tiene ese derecho y nadie se lo puede arrebatar.

 

En su experiencia, ¿cuáles son los argumentos del creador del tributo para justificar esa medida?

Qué no se vale que un muchacho herede del padre cierta cantidad de dinero y le dé una ventaja sobre otros que no tienen. El argumento es también que el Gobierno demande su tajada.

 

Usted mencionaba injusticias del tributo, ¿por qué?

Porque uno paga el Impuesto a la Renta, cuando trabajamos nos cobran impuestos, compramos bienes y servicios y también nos cobran. Pero ahora además resulta que nos morimos y nos vuelven a grabar un tributo. Esto es absurdo y en una de esas se puede ir en contra del ahorro y por lo tanto de las inversiones.

 

¿Qué montos se exigen en otros países de la región cuando se trata de gravar a la Herencia?

No tengo las cifras a la mano, pero independientemente de cuanto se vaya a cobrar, qué justifica que el Gobierno se vaya a quedar con una buena proporción del producto del trabajo de alguien. El ejemplo más claro es que si como padre dejo una herencia de 10 millones de dólares, el Gobierno se va a querer quedar con el 80%. Eso es una arbitrariedad.

 

Pero todos los impuestos generan problemas de entrada y muchas veces al final se quedan

Todo impuesto de entrada tiene un problema que supone que el Estado obliga al contribuyente a entregarle parte del producto de su trabajo. Este es un impuesto que data desde el siglo 19, especialmente en Europa.

 

“Desde ya responsabilizamos al Gobierno Nacional y a la Asamblea por cualquiera que sea el desenvolvimiento de los acontecimientos que están ocurriendo en el país”. Henry Kronfle, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE).

 

¿Estamos frente a una medida de carácter ideológico apegada al comunismo?

Se trata de quitarle al que tiene, para darle al que no tiene. Para eso se hace una ley y se transforma en un robo legal. Es obligar al contribuyente, bajo amenaza de castigo, a entregarle lo suyo al recaudador estatal.

 

Acá en el Ecuador hablamos de inequidades y de distribuir bien la riqueza que está en manos de unos pocos grupos

La única distribución de riqueza que se justifica es la voluntaria. Si yo deseo, por mi propia iniciativa regalar lo mío a otro, que bueno y ojalá sea así, pero cuando llega un tercero que es el Estado y me obligan a compartir lo mío con alguien más, esa es una definición de robo.

 

¿La ley a la que nos estamos refiriendo tiene el objetivo de hacer cumplir necesidades insatisfechas?

La tarea de los gobiernos es la de defender y garantizar los derechos de las personas, pero ocurre que desde hace décadas, ciertos regímenes en lugar de cumplir ese rol, se han dedicado a satisfacer necesidades y a defender a ciertos productores nacionales que no compiten con las importaciones y cuando el Estado prohíbe las importaciones, está defendiendo a esa industria, en detrimento de la gente que se ve obligada a adquirir algo de menor calidad.

 

“La industria privada da empleo en un 82% a la población ecuatoriana”. Richard Martínez, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador.

 

En el caso de otro proyecto de Ley de Plusvalía, ¿cómo lo analiza?

Ese es otro impuesto especial. Gravar a la Plusvalía significa que de un bien cuyo valor es 100 el Estado pretende quedarse con una buena parte de aquello, pero se olvida que es una actividad comercial especulativa por excelencia. Si yo me dedico al negocio de bienes raíces, compro a determinado precio para venderlo a otro mayor, esa diferencia es la plusvalía. Si no especuláramos, no ganaríamos.

 

¿Se justifica entonces en sacarle una buena tajada a una casa, un terreno, o un carro?

Si tengo un terreno valorado en 5 millones de dólares y lo vendo en 10, cual es el problema, porque es oferta y demanda y al final una negociación válida.

 

“Se quiere hacer labor social con el dinero ajeno”. Renato Carlos, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas.

 

“Cuando llega un tercero que es el Estado y me obligan a compartir lo mío con alguien más, esa es una definición de robo”. Arturo Damm.

¿Cómo califica ambos impuestos?

De abusivos.

 

Unidos por el retiro definitivo

Durante las últimas semanas de junio, la postura del Gobierno no fue bien vista por los sectores productivos del país. Ellos provocaron varias reuniones para hacer sus pronunciamientos.

 

Los primeros fueron los representantes del comercio agremiados en la Cámara de Comercio de Guayaquil y luego las federaciones de cada uno de estos sectores. En ambos encuentros, el pronunciamiento fue unánime en el sentido de pedir el retiro total de las dos leyes.

 

Sin embargo, el presidente Rafael Correa a su llegada al país después de una gira internacional y ante la ola de marchas ciudadanas en ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, Machala, entre otras, consideró el retiro temporal de las leyes para abrir la posibilidad de un diálogo nacional con todos los sectores.

 

La postura del mandatario no cambió el panorama del reclamo y los empresarios en su último enunciado insistieron en el archivo definitivo de las leyes.

(I)