En el Ecuador hay 279 organizaciones políticas aprobadas para las elecciones seccionales de 2023. De ellas, solamente seis son partidos políticos. El resto son movimientos nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales.
Esa cifra es la razón principal por la que el Gobierno plantea, en su pregunta 5, la necesidad de una reducción del número de organizaciones políticas. Dice que la normativa electoral actual ocasiona cuatro problemas.
El tema lleva en discusión al menos desde los dos últimos procesos electorales (2019 y 2021). Para estas elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) espera al menos 80 000 candidatos para alcaldías, prefecturas, concejalías
y juntas parroquiales.
El Ejecutivo apunta a que los movimientos políticos no solo cuenten con adherentes permanentes, sino con afiliados, como los partidos. Además, quiere que regularmente demuestren su 1,5% de afiliados como medida de control.
El expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Aguinaga, dice que uno de los problemas respecto del tema es que, al final, solamente el 10% de quienes dan su firma para la constitución de los movimientos forma parte de los mismos.
El proyecto de enmienda señala lo mismo: “el 90% de sus miembros no tiene ningún tipo de vinculación participativa con el movimiento, ni tampoco se encuentran sujetos a ningún régimen de responsabilidad o control”.
Los cuatro problemas
El primero es la baja calidad de las organizaciones políticas. En este aspecto, el proyecto de enmienda identifica tres consecuencias. Una tiene que ver con que hay falta de representatividad de los movimientos. También adolecen de una estructura poco cohesionada y hay una polarización política.
El segundo tiene que ver con la fragmentación y dispersión. No tienen un incentivo supeditado a su supervivencia para formar alianzas. “Están incentivados a fragmentarse para recibir mayores estipendios públicos”, dice el proyecto. En consecuencia, el voto será disperso.
El tercero es la vulneración del principio de igualdad. Según el Ejecutivo, se vulnera cuando hay requisitos más estrictos para los partidos que para los movimientos. Esto teniendo en cuenta que ambas organizaciones comparten el mismo porcentaje de registro y ambas gozan de los mismos derechos y obligaciones.
El cuarto problema es que el CNE no tiene un registro confiable. Según el proyecto de enmienda, hoy se carece de un registro supervisado por el CNE y los datos que constan en la institución no son actualizados de manera continua. Entonces, no existe una base oficial que permita conocer cuántos miembros -entre adherentes y adherentes permanentes- tienen los movimientos políticos.
Otro problema en cada proceso electoral es que existen denuncias por afiliaciones no consentidas. En el actual proceso, las quejas se iniciaron por parte de quienes aspiraban a ser parte de la Policía y aparecían afiliados a partidos y movimientos.
Según la presidenta del CNE, Diana Atamaint, el cambio podría ser una solución. Sin embargo, para ese cambio (el control recurrente del registro) es necesario que la entidad cuente con presupuesto. Así se podrán implementar opciones tecnológicas para ese fin.
Modificación
La enmienda exige que los partidos y los movimientos tengan al menos el 1,5% de afiliados. Además, estos serán necesarios tanto para la creación como para su funcionamiento. Y deberán conocer los principios ideológicos de la organización política, promover sus fines y estarán sujetos a los diferentes controles.
El CNE tendrá que modernizar sus sistemas para verificar la identidad de los afiliados. También implementará una plataforma electrónica que permita a cada ciudadano consultar su estado de afiliación.
