Alexis Mera sujetaba con la mano izquierda una mochila negra. Estuvo protegido con casco y chaleco antibalas.
Así abandonó el edificio de la Policía Judicial de Guayaquil y caminó hacia un patrullero.
Pasado el mediodía de ayer, 24 de septiembre del 2020, y una vez que fue valorado médicamente, los agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) lo trasladaron a la cárcel de Cotopaxi, para que cumpla la pena de ocho años por el caso Sobornos 2012-2016.
Antes de irse dijo que era víctima de una persecución política y que estaba preso por sus ideas. “La persecución ha hecho que deba enfrentar la cárcel y lo haré con honor. Para mí, la cárcel es un honor”. Los policías apresuraron su paso.
Horas antes, el exsecretario jurídico del correísmo abandonó su casa, en donde permanecía en arresto domiciliario desde el 6 de julio del 2019.
La orden de su traslado consta en la ejecución de la sentencia, que desde el miércoles 23 de septiembre está en vigencia. Ahí existen 10 acciones, que los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez dispusieron que se cumplieran.
Los magistrados ordenaron la búsqueda y captura del expresidente Rafael Correa y de otros 17 sentenciados.
En el documento también se pide arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, pero él ya está preso en la cárcel de Cotopaxi, en donde cumple la condena por asociación ilícita en el caso Odebrecht.
La ministra María Paula Romo confirmó que la Policía localiza a otros sentenciados.
La exministra de Obras Públicas María de los Ángeles Duarte se encuentra en la Embajada de Argentina en Ecuador, desde el 13 de agosto.
Romo negó cualquier posibilidad de que la exfuncionaria pueda abandonar el país por vía diplomática. “De ninguna manera el Estado ecuatoriano piensa autorizar su salida de la Embajada. Si se llega a requerir un salvoconducto no va a ser concedido, porque nos parece un abuso de esta figura de asilo… Permanecerá ahí y la otra opción es cumplir la ley”.
En el caso de Rafael Correa, Ecuador planteará un pedido de captura a Interpol.
El 31 de julio pasado, la Comisión del Control de Ficheros de la Policía Internacional no dio paso al pedido de actualización de información sobre difusión roja del exmandatario.
La observación fue que no había “información adicional” sobre el caso y porque se incumplieron otros requisitos.
Dentro de las acciones ordenadas por los jueces también consta el inicio del proceso para que los sentenciados paguen USD 14,7 millones como reparación integral.
Pablo Encalada, abogado del empresario Rafael Córdova, indicó que su cliente le dispuso enviar un oficio a la Corte para indicar que está dispuesto a afrontar la penalidad económica. El jurista confirmó que su cliente se encuentra fuera del país y que no tiene previsto volver para cumplir su condena en prisión, pues advierte que no hay garantías.
Con la sentencia en firme, los autores del delito deben pagar USD 778 224 cada uno y los cómplices, USD 368 632.
Según el fallo, la disposición se debe cumplir en los 30 días posteriores a la ejecutoria del proceso. Por eso se dispuso a la Procuraduría, en representación del Estado, que proporcione al Tribunal el número de cuenta en la que se deberán hacer los depósitos.
Paúl Ocaña, abogado del empresario Teodoro Calle, indicó ayer, 24 de septiembre, que tras el fallo final están a la espera de aquello.
Dijo que su cliente pagará con cheque certificado y que él se encuentra en Ecuador. Le recomendó no entregarse, pues está pendiente un pedido de revisión en la Corte.
En la tarde, la Procuraduría indicó haber entregado ese número de cuenta para las transferencias respectivas.
En cambio, el 16 de septiembre, el empresario Pedro Verduga, de 82 años, ingresó un escrito en la Corte y anunció que se presentará “voluntariamente a cumplir la pena”.
En la sentencia hay una disposición judicial para el comiso de bienes inmuebles de todos los imputados. Así se busca garantizar que cumplan con la restitución económica.
Mientras eso ocurre, la Policía rastrea al exministro Vinicio Alvarado, al exsecretario del Agua Walter Solís (estaría en EE.UU.), a la asambleísta Viviana Bonilla y al exparlamentario Christian Viteri. Igual ocurre con los empresarios Mateo Choi y William Phillips.
En contexto
El caso Sobornos estalló en mayo del 2019; Pamela Martínez y Laura Terán fueron las primeras detenidas. En abril del 2020, el Tribunal de la Corte emitió la pena de ocho años por cohecho. Luego fue negada una apelación. Tras la casación, el fallo quedó ejecutoriado el martes.
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