Pese a que la presidencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) no ha sido notificada formalmente de la resolución de la Sala Penal Permanente de la Corte de Justicia de Perú que declara improcedente la extradición de Ramiro González, expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), acusado del delito de tráfico de influencias, Paulina Aguirre, presidenta del organismo, solicitó que las autoridades de justicia peruana reconsideren la decisión.
En los seis puntos del documento, Aguirre pidió la reconsideración de la medida pues cree que hay afirmaciones imprecisas y sesgadas en el análisis hecho por la Sala de la Corte de Perú. La CNJ ecuatoriana defendió la información entregada como sustento para la extradición y además niega que esté imprecisa o incompleta.
El pedido de reconsideración fue emitido el 6 de enero. Aguirre solicitó que se haga conocer de este pedido a las autoridades de la República de Perú de forma urgente, a través de la Cancillería y a la jueza de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, que es titular de la causa por tráfico de influencias.
