Una comunidad de la nacionalidad siona de Sucumbíos se convirtió en rehén en su propio territorio por las amenazas de grupos vinculados con los disidentes de las FARC y por los paramilitares.
Un equipo de este Diario recorrió poblados fronterizos que han sido afectados por las organizaciones delictivas, que a su paso dejan rastros de extorsiones y amenazas.
Sentados a mi alrededor están cuatro líderes indígenas amenazados de muerte. No es una intimidación cualquiera, actores armados colombianos los buscan por defender su territorio ancestral en la provincia de Sucumbíos, en la frontera con Colombia.
Este momento es preferible no entrar a su comunidad, ubicada a orillas del río Putumayo. La llegada de cualquier extraño pone en riesgo sus vidas, advierte una defensora del Pueblo. Para conocer su historia cambiaron la selva por una oficina de vidrios transparentes en Nueva Loja. Solo piden protección, nada de fotos ni publicar sus nombres.
Lo peor para el pueblo siona empezó en 2016, cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) salieron de sectores de la frontera, dejando un área apetecida por grupos disidentes y paramilitares. Ambos querían volverse ricos con el negocio de la cocaína.
Unos se hacían llamar “Los Comuneros”. Ellos llegaron al poblado, compuesto por 41 familiares, para exigirle apoyo para su causa combativa. Luego estuvieron los paras “La Constru” que buscaban amedrentarlos, relata el jefe de la comunidad San José de Visitas, de la nacionalidad siona. A su lado se encuentran tres mujeres ancianas y nueve hombres que con su silencio y miradas confirman el relato de su compañero.

Las amenazas siguieron, hace pocos meses en su comunidad botaron panfletos. Ahí les ponían horarios para su movilización. Nadie podía salir desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana del día siguiente. “Eran hojas con la foto de una pistola.
El mensaje era claro”, recuerda el dirigente. La prohibición incluye viajes hacia Lago Agrio, El Palmar, Santa Rosa, Santa Elena… Los actores armados quieren tenerlos de rehenes en su territorio en Ecuador. Ellos no pueden caminar tranquilos por la selva.
En el área se han colocado explosivos caseros, presumiblemente por los grupos disidentes. Una delegación internacional de la Cruz Roja dialogó con los indígenas siona para retirar ese peligro de sus casas.
En la comunidad está latente el temor de que los más jóvenes sean tentados a cruzar la frontera para trabajar en plantaciones de coca. El reclutamiento no es cosa del pasado y las carencias de la zona los convierten en blanco fácil. La frontera norte ha sido históricamente postergada de servicios básicos, salud, educación y también seguridad.
A pocos minutos del límite binacional existen plantaciones de hoja de coca, laboratorios de refinamiento y usan el país para sacar la droga a Estados Unidos y Europa, comentan. Pero a raíz de la firma de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC la seguridad cambió en la zona. A inicios de 2018, Inteligencia ecuatoriana identificaba a seis organizaciones armadas que luchaban por el territorio.
Estos eran el frente Óliver Sinisterra, el Clan del Golfo, Guerrillas Unidas del Pacífico, Resistencia Campesina, Gente de Orden y La Empresa. Todos con nexos con carteles mexicanos de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.
El frente Óliver Sinisterra fue el primero en atacar directamente en territorio ecuatoriano, con bombas en Esmeraldas, con el asesinato de cuatro militares; y el secuestro y muerte de tres periodistas y una pareja de comerciantes. (I)
Fuente: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/frontera-norte-amenaza-exguerrilleros-ecuador