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La Judicatura detectó USD 41,5 millones por gastos adicionales

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  A través de un nuevo estudio, el Consejo de la Judicatura analizó detenidamente las obras ejecutadas en el país y los valores pagados entre septiembre del 2011 y enero del 2014.   El documento concluye que de los 87 contratos para construcción o adecuación de unidades judiciales firmados en ese período, 56 presentaron incrementos en los valores respecto de los montos iniciales. Los incrementos van desde el 4% hasta el 61% del valor del contrato original.   En dinero significa pagos por USD 41,5 millones adicionales. Entre las causas que motivaron ese aumento están nuevas órdenes de trabajo, incremento de los rubros y obras complementarias.   El informe de la Judicatura indica que estos aumentos se ejecutaron sin sustento técnico, sin haber certificado si existen o no recursos y violando la Ley del Sistema de Contratación Pública.     Por ejemplo, en el art. 88 de esa norma se indica que el incremento de las obras o rubros adicionales no podrá sobrepasar el 25% respecto del contrato original. En el caso del Consejo de la Judicatura, de las 57 obras que tuvieron incrementos, siete presentan mayor problema.   Estas edificaciones justamente tienen rubros que exceden el 25%. Estas son: las unidades judiciales de Latacunga (Cotopaxi), Paute (Azuay), Cayambe (Pichincha), Caluma (Bolívar) y Portoviejo (Manabí). Y los juzgados que funcionan en el edificio de la Bolsa de Valores de Guayaquil y en el centro comercial Albán Borja, en esa misma ciudad del Guayas.   La Judicatura ya remitió esta información a la Fiscalía y a la Contraloría. A esta última institución solicitó un examen especial para conocer si hubo o no un posible sobreprecio durante las anteriores administraciones.   Para Marcelo Merlo, presidente de la actual Judicatura, estos procedimientos por fuera de la Ley de Contratación se hicieron en un contexto en el que la justicia fue declarada en emergencia.   “Es importante recordar qué pasó entre el 2011 y 2013, porque esa declaratoria es la base con la que se permitió contratar a dedo”. Explicó que los convenios de pagos son instrumentos de excepción y “se pueden usar por una sola vez. Se debe analizar también la legalidad, cómo fueron firmados”, dijo.   Otro problema detectado por los auditores es que en los archivos de la institución hay solo 29 convenios de pago que avalan las razones por las que se dieron nuevos rubros.   En los demás casos se hizo sin el aval. La mayoría de rubros adicionales ya ha sido cancelada, pero actualmente existe una deuda con los contratistas por USD 13,8 millones.   Este Diario buscó a las exautoridades judiciales, pero no respondieron al correo electrónico ni a los teléfonos.   Más problemas Además de las construcciones, los auditores también encontraron anomalías en 56 contratos de consultoría que se elaboraron con base en dos grupos relacionados con los términos de referencia, cuando en términos regulares se aplica al menos 20 términos.   En este caso, por ejemplo, se excluyeron condiciones como la experiencia acreditada de los contratistas en otros proyectos de igual o mayor valor. Además, también se halló que durante el período de Carlos Pólit al frente de la Contraloría este organismo ya realizó exámenes especiales a los procesos financieros, contractuales, de ejecución y precontractuales de algunos edificios judiciales.   Sin embargo, pese a hallar anomalías, no las calificó como indicios penales. Un ejemplo de esto es el examen para la construcción del Complejo Judicial de Babahoyo, en Los Ríos, en el 2011. En ese examen se detalló que la Judicatura contrató una empresa para realizar estudios de suelo para ese proyecto.   Pero este organismo no tomó en cuenta que en el contrato 108-2011, firmado el 26 de octubre del 2011, ya se incluían los estudios de suelo. “Lo que ocasionó que la entidad haya erogado recursos por USD 4 930 por esta contratación, que ya se solicitó”.   En este caso, los auditores concluyeron que se afectó al principio de oportunidad. La actual Judicatura indica que también detectó que “muchos de los proyectos se iniciaron sin contar con los estudios de suelo, permisos de construcción, ambientales ni con el título de propiedad del terreno en donde se iba a construir”.   Por ejemplo, en el sector el barrio de La Pulida, en el norte de Quito, se adelantaron obras civiles sobre un terreno de 81 hectáreas. Pero en el 2014 la obra fue suspendida definitivamente, porque la Judicatura no contaba con los permisos. Según José Cisneros, coordinador de Infraestructura de la Judicatura, esto derivó en problemas legales con contratistas, retrasos y suspensiones en la ejecución de las obras; además del incremento de costos.   Otro problema que se originó de la falta de estudios es que actualmente hay edificios vacíos o en los que trabajan menos funcionarios de lo previsto. La Unidad Judicial de Trabajo, Inquilinato, Relaciones Vecinales y Civil, ubicada en la calle Manuel Larrea y Arenas, en el centro de Quito, se encuentra deshabitada.   Este edificio fue construido en el 2012 y estuvo ocupado hasta el 2017. Este año estaba previsto que allí funcione la Unidad Judicial Contra la Delincuencia Organizada, en la que se tramitarían casos de terrorismo o delitos graves, como el atentado con carro bomba en San Lorenzo.   Pero el proyecto quedó suspendido desde mayo, pues la creación de esa unidad judicial está en consulta en la Corte Constitucional y sus jueces deberán pronunciarse.   En contexto El 7 de mayo del 2011, en consulta popular, se dio paso a la emergencia de la Función Judicial. Desde esa fecha hasta el 2013 se emplearon USD 304 millones. En el período 2014-2016, para la “modernización judicial” se entregaron USD 200 millones más. (I)       Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/judicatura-edificios-judiciales-sobreprecios-ecuador.html