La Contraloría General confirmó la presunción de posibles delitos penales en dos de los casos más escandalosos de corrupción, detectados en el Gobierno de Rafael Correa, y que involucran a la firma Caminosca y las preventas de crudo a Petrochina y Unipec.
Esos dos expedientes ya están en la justicia pero había una limitación en la investigación fiscal: no había un informe con indicios de responsabilidad penal. Ese documento abre la puerta para indagar, por ejemplo, presunto peculado o enriquecimiento ilícito. El jueves 8 de febrero, el contralor subrogante, Pablo Celi, dijo que “hay informes con responsabilidad penal en los dos casos”.
Este nuevo elemento podría sacar del letargo la investigación del caso Caminosca que, según los integrantes de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, “duerme en los laureles”. La semana pasada, ellos fueron hasta la Fiscalía para exigir respuestas. Esa entidad indaga el supuesto pago de coimas a cambio de contratos, denunciado por EXPRESO, en 2017.
Caminosca tuvo, al menos, 13 contratos con el Estado, la mayoría en los sectores estratégicos. Estuvo vinculada desde la construcción de carreteras hasta hidroeléctricas y el Metro de Quito. El contrato que objeta Contraloría tiene que ver con la ejecución del proyecto poliducto Pascuales-Cuenca, con Petroecuador.
El año anterior, la entidad de control determinó que la petrolera estatal “ha erogado un valor de 126,5 millones de dólares para viabilizar la construcción del citado proyecto por deficiencias en los diseños preparados por la consultora Caminosca S.A.”.
