Luego de la aprobación de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, el debate sobre su incidencia en la estabilidad del IESS ha cobrado mayor fuerza, a pesar de ser ya una ley de la República que fue publicada en el Registro Oficial del 20 de abril. El debate se ha intensificado, pues no existe aún una comprensión adecuada sobre los estudios actuariales que justifiquen que el retiro del 40% del aporte del Estado, destinado a financiar las pensiones del Instituto, no va a provocar problemas financieros a la Seguridad Social. Mientras sigue el trámite a los pedidos de inconstitucionalidad de la norma, el Ejecutivo ha señalado que en los próximos meses tendrá listo el proyecto de nueva Ley de Seguridad Social. Frente a ello, se busca desde varios sectores un mayor análisis antes de aprobar dicha Ley, de tal manera que el debate recién empieza. Revista La Verdad recogió importantes criterios del asambleísta Luis Fernando Torres quien analizó la Ley de Justicia Laboral a profundidad.
¿Cuál es su análisis sobre la Ley Orgánica de Justicia Laboral aprobada por la Asamblea?
Realmente se trata de una Ley inconstitucional, es por ello que nueve legisladores que constituimos el segundo bloque en la Asamblea, pertenecientes a movimientos locales, hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad a varios de los artículos de la Ley. Entre otras cosas, alegamos la inconstitucionalidad por la forma de la Ley de Justicia Laboral por cuanto esta no aborda una sola materia como exige el artículo 136 de la Constitución, sino cuatro materias diferentes; tan ciento es esto que la Ley de Justicia Laboral reforma el Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social, la Ley de Servicio Público y la Ley de Empresas Públicas, cada una de estas leyes regula materias diferentes, las relaciones jurídicas que se derivan de cada una de estas normas reformadas por la Ley de Justicia Laboral son distintas. Existe entonces un vicio de inconstitucionalidad por la forma y esperamos que la Corte Constitucional por lo menos lo analice con la debida fundamentación.
Luego, la demanda de inconstitucionalidad presentada también cuestiona dos artículos de la Ley de Justicia Laboral por el fondo. El primero es aquel que tiene que ver con el límite a las utilidades para los trabajadores que no están dentro de los sectores que explotan recursos no renovables, el artículo 328 de la Constitución solamente permite limitar las utilidades de los trabajadores que están en el sector de los recursos no renovables, sin embargo la Ley limita a todos aquellos que vayan a percibir utilidades superiores a los ocho mil cuatrocientos dólares, esa limitación viola el artículo 328 de la Constitución, viola el principio de igualdad porque discrimina cuando debió haber dado un trato diferenciado a aquellos que considera diferentes la propia norma constitucional y, finalmente confisca dineros de los trabajadores porque el excedente, esto es, lo que haya sobre las ocho mil cuatrocientos dólares, dice la Ley de Justicia Laboral, servirá para financiar las prestaciones de la seguridad social. Luego está la inconstitucionalidad del artículo 237 de la Ley de la Seguridad Social, que elimina la obligación del Estado de aportar para la sostenibilidad de la seguridad social, el artículo 371 de la Constitución dice que el Estado tiene la obligación de aportar y contribuir para el financiamiento de las prestaciones de la seguridad social. El artículo 237 de la Ley de Justicia Laboral no habla de aporte sino de una garantía genérica, abstracta, lírica y poética; esto es el Estado se compromete a garantizar si no cuenta con recursos el IESS, pero hay algo más, el artículo 237 junto a la garantía incorpora la obligación subsidiaria del Estado para el financiamiento de las pensiones, ni lo uno ni lo otro, esto es ni la garantía ni la obligación subsidiaria caben dentro del artículo 371 de la Constitución.
“…en la actual crisis fiscal en la que existe una gran iliquidez fiscal, lo que buscan desde el régimen es disminuir erogaciones fiscales”.
¿Por qué se han eludido varios artículos del Mandato Constitucional?
Lo han hecho básicamente porque en la actual crisis fiscal en la que existe una gran iliquidez fiscal, lo que buscan desde el régimen es disminuir erogaciones fiscales, una vez aprobada esta Ley el 2015 el gobierno no le va a transferir a la seguridad social cerca de ochocientos cincuenta millones de dólares. Ya pagó lo correspondiente al cuarenta por ciento por los meses de enero, febrero y marzo, pero una vez aprobada la Ley deja de pagar de abril a diciembre que le supone al gobierno un ahorro de ochocientos cincuenta millones de dólares. Esta reforma a la seguridad social tiene una razón eminentemente fiscal, lo que quieren es no aportar al IESS.
¿Qué implica la eliminación del aporte del cuarenta por ciento del Estado, para financiar las pensiones?
Dicen las voces oficialistas que el Fondo de Pensiones tiene un superávit de quinientos nueve millones de dólares, si tiene superávit dicen ellos, para qué necesita el aporte del cuarenta por ciento del Estado, allí existe una gran confusión, que tenga superávit no significa que el Fondo de Pensiones sea sostenible o solvente, porque existe una gran diferencia entre liquidez y solvencia, entre superávit y sostenibilidad, más aún los fondos de pensiones, los fondos de jubilaciones por sí mismos siempre deben ser excedentarios y deben tener un superávit y el excedente, el superávit sirve en último término para capitalizar esos recursos a fin de que sea sostenible en el tiempo el Fondo de Pensiones.
Ahora bien, que nos diga el oficialismo que esos quinientos nueve millones de dólares deben consumirse en el año, significa que para ellos no hay déficit actuarial en el Fondo de Pensiones, porque si hubiera déficit actuarial deberían decir capitalicen, pero dicen no, tienen la plata, dispongan de los dineros, utilicen para pagar las jubilaciones y el próximo año veremos si habrá nuevamente un superávit. Ello inclusive es contradictorio con lo que han expresado el Presidente de la República y el expresidente del Consejo Directivo. El Presidente ha dicho que el Fondo de Pensiones es sostenible por 23 años, González ha dicho que el Fondo de Liquidez es sostenible por 12 años, eso significa que hoy ellos creen que el Fondo de Pensiones tiene un déficit actuarial; sin embargo, al probar la norma sostienen que no hay déficit actuarial y que por tanto se puede disponer de superávit.
“…lo cierto es que hay un déficit actuarial y si hay un déficit actuarial sea en 12 años, sea en 23 años, no puede el Fondo de Pensiones consumir cada año el superávit, es una locura hacerlo”. Luis Fernando Torres.
¿Y por qué surge ahora esa contradicción entre quienes en su momento fueron aliados?
Es que ningunos de los dos tiene a su lado estudios de último momento que puedan decirse que son independiente del IESS, realizados por firmas actuariales que accedieron a información de diciembre de 2015, unos utilizan o especulan con un informe del 2010 y el otro especula con informes internos de última hora del IESS. Sea lo uno o lo otro, lo cierto es que hay un déficit actuarial y si hay un déficit actuarial sea en 12 años, sea en 23 años, no puede el Fondo de Pensiones consumir cada año el superávit, es una locura hacerlo; entonces ahí está la gran contradicción, por ello digo que la reforma tiene solo una razón de ser, evitarle al Fisco que este año entregue ochocientos cincuenta millones de dólares y el próximo año mil cien millones de dólares al Fondo de Pensiones, es una razón estrictamente fiscal.
Sin embargo, desde el oficialismo se ha indicado que existen ocho aportantes por cada jubilado lo cual garantiza la sostenibilidad de las pensiones jubilares y la seguridad social en el futuro. ¿Está de acuerdo con estas afirmaciones?
Lo curioso es que los afiliados el año 2015 solamente van aportar unos dos mil cuatrocientos ochenta dólares, y a los jubilados se les va a tener que pagar en el 2015 unos dos mil novecientos cincuenta millones de dólares, en otras palabras, si solo analizamos lo que ingresa por aporte de los afiliados con lo que egresa por pago a los jubilados en el Fondo de Pensiones existe una diferencia de cerca de quinientos millones de dólares en contra, por lo tanto, así sean ocho que sostienen a uno, resulta que el sistema no es sostenible y por ello se requiere del aporte del Estado.
¿Cómo se cubre esa diferencia en el año 2015?
Con los rendimientos del IESS que llegan más o menos a quinientos millones de dólares y también los aportes que ya ha hecho por el cuarenta por ciento de los tres meses que bordean los doscientos cincuenta millones de dólares y algunos otros ingresos que están en ciento cincuenta millones de dólares, por eso hay superávit el 2015, pero solamente aquello relacionado con el aporte de afiliados y el pago a jubilados ya tenemos una diferencia en contra, digo yo que si el Tribunal Constitucional el año 2001 no declaraba inconstitucional el artículo 176 de la Ley de la Seguridad Social, la suerte de la seguridad social en el país hubiera sido otra. Si se hubiera garantizado el sistema de capitalización individual para los nuevos afiliados y se mantenía el régimen de solidaridad intergeneracional para los que ya estaban afiliados con aporte del Estado hoy hubiéramos tenido un seguro social diferente, sin embargo una mayoría en el Tribunal Constitucional en el 2001 con una visión estatista y media socialista, desbarató la Ley de la Seguridad Social y cortó la oportunidad que tenían los nuevos afiliados de tener un sistema de capitalización individual como el que existe por ejemplo en Chile.
¿Qué va a pasar con la incorporación de un millón y medio de amas de casa como nuevos aportantes?
Desde el punto de vista económico le va a mejorar al Fondo de Pensiones, dicen que en veinte años se recaudarían cerca de seis mil millones de dólares, ello significa un promedio de 300 millones al año, sin embargo no hay un estudio, un documento oficial que sustente este hecho. Las amas de casa van a tener que esperar veinte años, en esos veinte años ingresan los fondos al Fondo de Pensiones, pero esos fondos que entiendo que van a mezclarse con otros, finalmente deberán destinarse a pagar las jubilaciones de las amas de casa que por cierto, solamente van a percibir la jubilación y no van a tener derecho a la prestación de salud.
Usted ha señalado que se está confundiendo al gobierno con el Seguro Social ¿En qué sentido?
Eso es muy grave porque el gobierno en nombre del Estado prácticamente ha tomado el control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el representante del Estado preside el Consejo Directivo y siendo uno, prácticamente tiene mando y voz cantante. Lo que llama la atención es que todavía el Estado o el gobierno en nombre del Estado quieran seguir mandando en el IESS cuando ya no va a aportar el cuarenta por ciento que venía aportando.
Entonces ¿el IESS es un gran negocio para el Estado?
Para el gobierno de turno el IESS se ha convertido en la caja chica porque cuando necesita recursos el gobierno le entrega papeles y el IESS le entrega recursos, cerca de siete mil millones de dólares en bonos tiene el IESS, claro que por esos siete mil millones de dólares el gobierno le paga anualmente un interés que bordea los quinientos millones de dólares, pero no tiene liquidez efectivamente el IESS porque está inundado prácticamente de bonos.
¿Qué pasará con los reclamos que van a entablar los jubilados ante el Tribunal Constitucional
La Corte Constitucional ha demostrado ser una Corte reverente con el Poder Ejecutivo, solamente ha tramitado las demandas de inconstitucionalidad que ha presentado el oficialismo o el Presidente de la República, pero las demás presentadas por ciudadanos críticos o por legisladores de oposición como es mi caso que presenté la demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de Comunicación, la Corte siempre ha sido reverente al poder de turno y nunca ha declarado inconstitucionalidades, por el contrario, se ha encargado de justificar leyes inconstitucionales como si estas fueran legítimas. Con las demandas presentadas en la Corte Constitucional y entre ellas la demanda que hemos presentado nueve legisladores de la oposición, la Corte Constitucional si no hay cambios dirá lo que esperamos, que las normas son constitucionales. Sin embargo, el hecho de ir a la Corte Constitucional nos permite aprovechar otro espacio institucional debido a que el espacio en la Asamblea se agotó, el momento en que se terminó la aprobación de la Ley el espacio Legislativo está agotado; ahora en la Corte Constitucional se abre un nuevo debate entiendo yo mucho más riguroso desde el punto de vista constitucional y jurídico, además que la demanda que hemos hecho los nueve legisladores tiene como finalidad sumarse en definitiva a otras demandas que han presentado ciertos grupos entre ellos los grupos de jubilados.
Por otro lado, en el ámbito netamente político ¿cómo mira usted el escenario y la coyuntura política actual?
No se puede subestimar la capacidad de movilización que tiene el gobierno, dado que el Presidente, el oficialismo controla la más poderosa maquinaria que existe en el territorio del Ecuador llamada Estado con sus instituciones, tienen una gran capacidad de maniobra política. Que se ha desgastado el Presidente, que se ha desgastado el gobierno no cabe la menor duda, pero el desgaste no es tal como para minimizar la importancia, poder e influencia que tiene, inclusive si no variaran las condiciones y el Presidente iría a la reelección tendría grandes posibilidades de ganar si del lado de la oposición no existe primero un proyecto alternativo que encante al ciudadano; en segundo lugar, una suma de líderes nacionales y locales que logren construir una organización institucional que haga frente al Estado, porque las elecciones del 2017 si el presidente Correa se presenta, no serán entre el presidente Correa y algún candidato de la oposición, también serán entre el Estado y la institucionalidad política que la oposición logre levantar, por lo pronto yo veo en el lado de la oposición demasiada inmadurez, son pocos los dirigentes que han demostrado madurez y visión, uno de ellos Jaime Nebot que ha venido promoviendo la idea de que se forje una verdadera unidad con un proyecto alternativo, Compromiso Ecuador es una iniciativa interesante, pero hay varios grupos dispersos a tal punto que por ahora yo veo muy difícil que existan menos de tres candidatos en el lado de la oposición
¿No logra ver usted un acuerdo nacional en el lado de la oposición?
Es que los personalismos que ha sido la característica de la historia ecuatoriana siguen presentes. Hay una gran inmadurez política, una falta de visión con la historia nacional, con la idea de reconstruir la democracia, las libertades en el Ecuador; ojalá me equivoque y a mediados del 2016 veamos iniciativas positivas para construir una gran coalición que esté más allá de las ambiciones personales.
¿En la actualidad el discurso de confrontación le sigue dando réditos al gobierno?
El gobierno si obtiene réditos de la confrontación porque construye el enemigo, y el discurso amigo enemigo en segmentos importantes de la ciudadanía tiene impacto. Sin embargo, ya se ve un desgaste en el estilo, para ciertos sectores que no eran parte del bloque duro de Alianza PAÍS o del bloque duro de votantes del presidente Correa sino de aquellos que se mueven en la periferia, como que quieren ver un estilo distinto. Esto es natural que ocurra después de ocho años en el poder.
“La reforma tiene solo una razón de ser, evitarle al Fisco que este año entregue ochocientos cincuenta millones de dólares y el próximo año mil cien millones de dólares al Fondo de Pensiones, es una razón estrictamente fiscal”.
¿El poder desgasta?
El poder no creo que desgasta pero si desencanta, si desilusiona, el liderazgo tiende a agotarse y no veo yo una renovación propositiva en aquellos que hoy dirigen el país, repiten lo mismo, si bien la repetición les ayudó para posicionar en la mente de los ecuatorianos determinado tipo de imágenes, prejuicios, visiones; ahora creo que la repetición les está triturando porque ya no se ve capacidad de innovación en el discurso y en la propuesta.
Finalmente, usted ha señalado que el 2017 se va a producir un gran cambio en la vida política del Ecuador. ¿Cómo asegurar eso a la ciudadanía cuando desde el poder o desde un personaje no se lo ha demostrado?
El presidente Correa, a pesar de los errores de su gobierno, los defectos que pueda tener, tiene ya un sitio en la historia del país nos guste o no, después de veinte años, treinta años qué dirán los historiadores del período que vivió el país entre el 2007 y el 2017, casi una década, muchos verán logros, otros desaciertos, pero será un período que marque la historia política y constitucional del Ecuador, porque al final sería el gobierno más largo del siglo XX y, en esas circunstancias el 2017 el cambio que pueda venir no será un cambio repentino. En el supuesto que el presidente Correa no siga en el 2017 y que alguien de la oposición asuma el poder, en el Ecuador no va a haber un cambio en el 2018 porque la institucionalidad que han construido en estos diez años es una institucionalidad muy fuerte. Para provocar un cambio se va a necesitar primero un líder con vocación histórica y con vocación nacional que anteponga sus intereses personales a los intereses del país y en segundo lugar, una mayoría sólida en la Asamblea, si no existe ni lo uno ni lo otro ni las dos cosas, por más que haya un relevo de personas no habrá ningún cambio posible a partir del 2017.
¿Cuál es el desafío entonces?
El desafío que tenemos quienes estamos en una oposición democrática, institucional y propositiva es el que le ofrezcamos al país un proyecto distinto que mantenga algunos de los elementos importantes de estos diez años. Si alguien por ejemplo en el tema de la salud quiere descuartizar el sistema público se equivoca, alguien que quiera descuartizar completamente el sistema público educativo se equivoca. El Ecuador no está preparado para ese cambio el año 2017. De allí entonces de lo que podamos hacer el 2017 con las condiciones que he señalado pasa también por reconocer que debe continuar de aquello que se levantó entre el 2007 y el 2017, sería un suicidio desmontar todo. Se habla por ejemplo de una Asamblea Constituyente que es interesante, pero no creo que una Asamblea Constituyente que hipotéticamente puede instalarse el 2017 o el 2018 haga lo que hizo la Constituyente del año 2007 – 2008. Podría incluso darse la vuelta, por ello es que el tema debe ser realizado lejos de las pasiones, con muchísima objetividad, con muchísima visión nacional y, el 2017 no creo que sea el año tampoco para los amateurs porque en el lado del Estado vamos a tener a profesionales de la política, es lo mismo que el fútbol, si usted tiene un equipo profesional y quiere enfrentar con un equipo amateur de cuarta ya sabemos cuál será el resultado. Es por ello es que el 2017 es sumamente serio, si queremos provocar un cierto quiebre en el curso del cambio en el país.
Luis Fernando Torres, Asambleísta Nacional.
“El gobierno en nombre del Estado prácticamente ha tomado el control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”.
Perfil
Luis Fernando Torres es Asambleísta Nacional (2013-2017). Doctor en Jurisprudencia. Profesor de Derecho Constitucional a nivel de Postgrado (UASB, USFQ). Autor de los libros (Presidencialismo Constituyente). Fue alcalde de Ambato en dos oportunidades y Diputado de la República del Ecuador en tres ocasiones. Presidente de las Comisiones de Constitución y de Justicia del Congreso. Líder del Movimiento Cambio. Abogado de la Universidad Católica de Quito. Tiene una Maestría en Política comparada por LSE (Inglaterra). Estudios de especialización en la Universidad Católica de Leuven (Bélgica) y en el Lafayette College de Estados Unidos. Experto en Derecho Público, así como en Análisis y Estrategia Política. Obtuvo un diploma de alto nivel en Law & Economics. Miembro de la Comisión Jurídica de la Casa de la Cultura del Ecuador. Político activo con alto perfil nacional.
Por: Cristhian Bravo
Fotos: María Augusta Rojas.
