Pablo Romero, ex secretario de la SENAIN, revela a Ecuadorinmediato, quién operó la inteligencia para descubrir a los hackers que atacaron cuentas de altas autoridades
En una entrevista realizada vía correo electrónico, el ahora solicitante de asilo político en España, cuenta cómo se inició la investigación para determinar los responsables de la interceptación de las cuentas personales de las más altas autoridades del Estado ecuatoriano, figuras de la política y hasta periodistas. El proceso de investigación en la Contraloría, según Romero, tenía responsabilidades en su contra porque aducía que “El Ruso” no existía. Ahora se conoce quién es y de qué nacionalidad y especialidad era. A continuación la transcripción de la entrevista completa.
¿En qué consistió la Operación Caminito?
Con el respaldo legal que tengo conocimiento que esta operación ha sido desclasificada por parte del COSEPE, y en virtud que la Fiscalía está dando palos de ciego en su “búsqueda de la verdad”, accedo a brindar esta entrevista sobre esta operación y a revelar la identidad del denominado “El Ruso”.
En el primer trimestre de 2013, cuando me desempeñaba como Secretario Nacional de Inteligencia se produce un ataque de hackers al Estado y sus varias funciones; y simultáneamente a los Gobiernos de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Argentina y Colombia, por parte del grupo internacional anarquista autodenominado Los Centauros. Para enfrentar esta amenaza, se organiza una operación denominada “Caminito”, para lo cual se recluta a un asesor extranjero “El Ruso”, experto en ciberdefensa, quien originalmente fue parte de aquel grupo de ataque.
¿Cuánto tiempo duró la Operación Caminito?
La operación “Caminito” se efectuó durante varios meses entre el año 2013 y hasta enero 2014; y generó un pago a lo largo de estos meses a favor de “el ruso”. Durante el tiempo de la operación, “El Ruso” actuó como asesor para prevenir nuevos ataques y capacitador en herramientas tecnológicas para mejorar las habilidades del equipo técnico de la SIN. Todas las reuniones personales con “El Ruso” y por su seguridad fueron realizadas en Uruguay, lugar de residencia de dicho asesor, en aquel entonces. Posteriormente a mi salida, la Secretaría de Inteligencia continuó contando con el apoyo de “El Ruso”. Desconozco el nombre que le pusieron a esa operación y desconozco el alias con el que continuaron denominando al ruso.
La Contraloría General del Estado (CGE) establece un informe con indicios de responsabilidad penal sobre esta operación y envía el informe a la Fiscalía, ¿por qué y qué tiene que decir al respecto?
La CGE, en uno de los trimestres auditados (1 de junio hasta 31 de agosto 2013), pese a las pruebas de los agentes, técnicos, analistas, etc. que confirmaron haberse reunido y trabajado con “El Ruso” determinó que la operación “Caminito” y el “El Ruso” no existieron; y por tanto envió en septiembre de 2014 a la Fiscalía General del Estado un informe con IRP, incluso sin haber solicitado previamente a la propia SIN, al MICS y al COSEPE la desclasificación de dicha operación como corresponde según la Ley de Seguridad Nacional. En su informe el Contralor General, pretende objetar sobre la naturaleza de la operación, sobre los detalles de los informes, es decir sobre los contenidos, apartándose e inmiscuyéndose en temas ajenos a su competencia; y finalmente en conocer la identidad real del “El Ruso”.
De allí el supuesto peculado. Cabe mencionar además que el informe de la CGE incumple el mandato de la FUNDAMENTACION (art. 76, 7, l). Se afirman INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL sin mencionar cuáles son esos indicios.
El informe referido cubre un trimestre del 2012, cuando la operación duró unos ocho meses. Es decir, en los otros trimestres “no hubo” irregularidad por decirlo así. El informe estuvo sesgado desde el comienzo porque el ex contralor Carlos Pólit tenía paranoia de todos los órganos de seguridad y creía que era vigilado y observado. Creo que a él ya desde esa época le preocupaban estos temas de Odebrecht y otros. Y realmente en la Secretaría de Inteligencia nunca tuvimos ninguna disposición, ni tampoco actuamos por iniciativa propia en alguna investigación de cualquier naturaleza sobre el ex contralor destituido Pólit.
Sin embargo, con esa paranoia que él tenía, me presionaba para que le entregue los informes y trabajos de asesoría que realizaba “El Ruso” y también su identidad real. Siempre tuvimos discrepancias por ello, por cuanto la ley le faculta a auditar sobre el uso de los gastos reservados, mas no sobre el contenido de los informes producidos.
Es interesante revelar además que la CGE me auditó sobre los gastos especiales, 8 trimestres que correspondieron 6 a mi gestión directa y 2 a la gestión de Raúl Patiño quien nunca compareció como secretario y “delegó” aquella responsabilidad lo cual está claramente prohibido en la ley. Y de esas 8 auditorías, las 7 no tuvieron problema alguno. Además, hubo cientos de informes con identidades encubiertas de agentes, informantes, etc.; y nunca se pidió la identidad real de esos sujetos
¿A qué se refiere con ese límite que tiene la Contraloría sobre el alcance de las auditorías sobre gastos especiales?
El Art. 26 de la LEY DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEL ESTADO indica:
“Del control a los gastos especiales. – La rendición de cuentas sobre el uso de los gastos especiales que efectúe la Secretaría Nacional de Inteligencia se realizará ante el Contralor General del Estado, conforme el procedimiento que este funcionario emitirá para el efecto, en el que necesariamente se establecerá que los gastos efectuados deberán tener respaldo instrumental.
De dichos documentos únicamente se conservarán los que permitan conocer el destino de los gastos especiales, mas no sus beneficiarios, a fin de que puedan desclasificarse dentro del plazo de quince (15) años previsto en esta ley. Los demás serán incinerados por el Contralor.”
El REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS PERMANENTES DE GASTOS ESPECIALESDESTINADOS A ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA PARA LA PROTECCIÓN INTERNA, EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO Y DE LA DEFENSA NACIONAL, señala en su Artículo 8.- “Juzgamiento. – El Contralor General del Estado, personalmente y en forma privativa e indelegable, juzgará las cuentas rendidas por la Secretaría o el Secretario Nacional de Inteligencia…”
Le corresponde entonces al Contralor revisar las cuentas de los gastos especiales, más no el contenido de los informes, conclusiones o actividades de las operaciones de inteligencia o contra inteligencia.
Si tuviese duda o pruebas de un mal uso de los gastos especiales en alguna operación de inteligencia o contra inteligencia, previo a remitir a la Fiscalía, algún informe con indicios de responsabilidad tiene la obligación de solicitar a los organismos competentes, la desclasificación de la información.
En ningún caso, la Contraloría puede proceder sin cumplir esta disposición claramente establecida en la ley.
Por otro lado, el juzgamiento de las cuentas rendidas debe ser realizada por el mismo Contralor titular. Esta función es “PRIVATIVA E INDELEGABLE”, lo que nunca ocurrió, pues fue siempre encargada a terceras personas, incurriendo en un vicio de procedimiento
¿Cómo contactaron al “Ruso” por vez primera?
Desde enero de 2013 empezamos a sufrir ataques y filtración de importante información sobre la seguridad del Estado. Me refiero a las contraseñas de las cuentas de correo de los principales directivos del Estado; del Presidente y Vicepresidente de la República; de todos los ministros incluido el de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores; del Fiscal General, del Procurador General; del Presidente de la Asamblea y decenas de asambleístas; del presidente de la Corte Nacional de Justicia, al director del diario El Telégrafo y otras personalidades del gobierno de entonces. Nos dedicamos en los meses siguientes a localizar a alguno de los responsables y nos ganamos su confianza para “reclutarlo” y concertamos la primera reunión para evaluarlo y determinar la factibilidad de su contratación, el 15 de junio de 2013 en Montevideo. Viajamos desde Quito a Buenos Aires el 14 de junio y regresamos desde Buenos Aires a Quito el 16 de junio. Con el movimiento migratorio se puede confirmar lo aseverado. De Buenos Aires viajamos a Montevideo para dicha reunión, en la que participaron:
Politóloga Carolina Alejandra Andrade Quevedo quien, en su calidad de Coordinadora General de Inteligencia, en dicha fecha, participó en la primera reunión para evaluar su perfil.
Ingeniero Miguel Loaiza, quien, en su calidad de asesor de la Secretaría de Inteligencia, participó en esta primera reunión para evaluar el perfil técnico del ruso, y coordinar los aspectos técnicos de dicha cooperación y asesoría.
Ingeniero Luis Solís, quien en su calidad de asesor de la Secretaría de Inteligencia participó en esta primera reunión para también evaluar el perfil técnico de “El Ruso”, y coordinar temas de encriptación y seguridades durante la operación “Caminito”.
Fruto de esta primera reunión de evaluación, se decide contratar a dicho asesor en temas de ciberdefensa y protección de ataques de hackers. Posteriormente en la operación “Caminito” participaron otros funcionarios que mantuvieron contacto personal y/o online con dicho asesor.
¿Cuánto se pagó a “El Ruso” por sus servicios y cómo se realizaban los pagos?
Él planteó honorarios de 10 mil euros al mes. Walter Olalla Silva, quien era agente de la Coordinación de Contrainteligencia, tuvo como misión llevar los pagos en efectivo hasta Montevideo. Estos pagos a petición de “El Ruso” debían ser en billetes de 500. En esa época Uruguay no exigía ni controlaba el ingreso de dinero por aeropuerto de tal manera que nunca hubo ningún contratiempo en efectuar dichos pagos. Walter Olalla a su vez recibía los informes sobre las novedades de ataques y recomendaciones que hacía el ruso. Estos informes los entregaba en medios magnéticos y cifrados. El señor Walter Olalla viajó varias veces a Uruguay
¿Hubo otros funcionarios que se reunieron con “El Ruso” o que supieron de su existencia?
Varios funcionarios se reunieron en diferentes momentos con él, pero además varios interactuaban permanentemente vía online a través de aplicaciones encriptadas. En mi formación de sociólogo no tuve mayor capacitación ni conocimiento sobre aplicaciones de tecnología, por lo que el día a día no lo compartí, además había decenas de operaciones, algunas ejecutándose en simultáneo. Mis ocupaciones eran de carácter estratégico, no operativo.
Hubo otros funcionarios en Quito, de menor rango, que tenían conocimiento de la existencia de “El Ruso”, ya que procesaban la información recibida o implementaban las recomendaciones de defensa que sugería. Podemos citar entre esos a varios funcionarios pero por su seguridad prefiero ahora no mencionarlos.
¿Por qué este asunto de 2014 se retomó en 2018?
Interesante pregunta. Este expediente debió ya ser archivado, pero por razones que confirman la persecución política no solamente que no se archivó, sino que se inicia una instrucción fiscal.
El Fiscal General inició a fines de 2014 la indagación previa 065-2014 en base al informe de Contraloría antes mencionado. Se nos cita a comparecer a varios exfuncionarios que participamos en dicha operación. Rendimos nuestras versiones y quedó claro hasta la saciedad sobre la real ejecución de “Caminito”. Mi versión la rendí el 27 de abril de 2015. Sin embargo, de ello, en lugar de archivar la indagación, la Fiscalía solicitó a la SIN el levantamiento del carácter de “SECRETO” de dicha operación, lo que fue negado mediante oficio y se ratificó el carácter de Secreto.
La Fiscalía envió oficio en julio de 2014 al MICS (ex Ministerio Coordinador de Seguridad), en el que solicita se autorice la desclasificación de la operación “Caminito”, para “…valorar si existen elementos suficientes para formular cargos y sostener una acusación”. En octubre de 2015, el MICS contesta que no es procedente desclasificar la información.
El tema es llevado al COSEPE para que conozca sobre este particular y luego de 14 meses recién en diciembre 2016, el COSEPE resuelve ratificar el carácter secreto de la operación “Caminito”. Instruye a la SIN para que elabore el respectivo informe y remita a la Fiscalía.
Pese a la resolución que se tomó en diciembre de 2016, de no desclasificar la información de la operación “Caminito”; la Fiscalía remitió el expediente a la Corte Nacional de Justicia en enero de 2017 y solicita mi “…prisión para fines de investigación”. Para lo que argumenta: “…evidenciado el abuso de dineros públicos, pues se habrían realizado algunos pagos a un supuesto informante denominado “El Ruso” sin que exista evidencia de que éste haya entregado la información y es más no existe certeza en la identidad de quien recibió estos dineros”.
Esta afirmación la realizó la Fiscalía y antes el Contralor, por cuanto “El Ruso”, al firmar los recibos, lo hizo con una identidad encubierta por obvias razones. Argumentó además maliciosa y temerariamente “…es indispensable contar con su presencia en la investigación fiscal más aún cuando Fiscalía ha requerido al Ministerio de Coordinación de Seguridad la desclasificación de la información clasificada como secretísima de los documentos de la operación denominada “Caminito”, motivo de la presente investigación previa”.
A dicha fecha (enero de 2017), no solo que el Ministerio de Coordinación de Seguridad había negado la desclasificación, sino que además ya en diciembre de 2016, el COSEPE rechazó dicha solicitud.
El 13 de febrero de 2017, la Secretaría de Inteligencia, entregó a la Fiscalía General el oficio No SIN-D-S-0063-2017, donde se dejó constancia que la información reservada calificada como “secreto” no se desclasificaría, con lo cual el Fiscal General solicitó al Juez, el levantamiento de medidas cautelares existentes en mi contra, hecho que se produjo en abril de 2017.
Desde dicha fecha la fiscalía general del estado no realizó ninguna acción ni diligencia en torno a esta indagación previa; ni atendió ninguna de nuestras solicitudes.
Y curiosamente en mayo de 2018, (después de más de 370 días de inactividad), y en medio del mediatizado caso de persecución política denominado “Caso Balda”, el Fiscal encargado, firma una providencia y solicita entre otras acciones, que yo amplíe mi versión y envía nuevamente la solicitud de desclasificación de la operación caminito al COSEPE.
Como yo solicité en junio de 2017, asilo al Reino de España, estoy impedido de cumplir ninguna actividad o reunión con funcionarios ecuatorianos. Por esa razón, no rendí la ampliación de la versión solicitada. Pero, además, nunca y hasta la fecha se me informó si el COSEPE, levantó el carácter de SECRETO de la operación caminito a efectos de que yo mismo o cualquiera de los otros funcionarios pudieran rendir la versión. En días recientes mis abogados han revisado el expediente y han confirmado extra oficialmente que el COSEPE ha levantado el carácter de reservada de dicha operación y por ello esta entrevista.
Esta investigación solo ratifica y expresa la voluntad de una persecución política contra mí, por haber sido parte del equipo de gobierno de expresidente Rafael Correa. Pues se pretende formularme cargos sin que la fiscalía pueda probar “la no existencia” del ruso. En cambio, yo puedo probar que existe, pues fueron varios los funcionarios que se reunieron personalmente con él.
¿Usted indica que la Secretaría de Inteligencia, luego de su salida en marzo de 2014, continuó con los servicios del ruso?
Efectivamente, mi sucesor en la Secretaría de Inteligencia, teniente coronel Rommy Vallejo, me pidió le ayude a ubicar a “El Ruso” para continuar contando con su apoyo, pues habían tenido muchos problemas de ataques a los sistemas informáticos del Estado por parte de hackers. Así que realizo el contacto pertinente y viajamos hasta Montevideo, dos funcionarios de la Secretaría de Inteligencia a órdenes del secretario Rommy Vallejo, el Mayor de la Policía Paul López y otra persona de quien supe recientemente es familia del Mayor López.
También participó la señorita Paulina Zumárraga quien actuó a pedido del Mayor Paúl López y entiendo del propio Rommy Vallejo, como enlace entre la Secretaria de Inteligencia y yo. Nos reunimos el miércoles 11 de febrero de 2015, a las 15h00 en el Café del Puerto, Muelle del Buquebus en Montevideo. Allí les presento a “El Ruso”. A partir de dicha reunión entiendo se generó una nueva operación de colaboración entre él y la Secretaría de Inteligencia, cuyos detalles desconozco. Fue la última vez que tuve contacto con “El Ruso”.
Usted menciona que se usa la operación “Caminito” como herramienta de persecución política en su contra. ¿Por qué?
Esta investigación se fundamenta en la “no existencia” de “El Ruso” y no del contenido ni detalles de la operación, que con todo respeto ponen en riesgo la estabilidad de cualquier gobierno, inclusive del actual.
Con el Oficio N.º. SIN-D-S-0063-2017, remitido en marzo de 2017 a la Fiscalía, por parte de la Secretaría Nacional de Inteligencia, en el que se dio a conocer la Resolución de la negativa de desclasificación de la información clasificada como secreta de los documentos de la operación denominada “CAMINITO”, dictada por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado Ecuatoriano, no sólo que se modificaron las circunstancias que motivaron el pedido para mi detención en enero de 2017, sino que la Fiscalía debió llegar a la certeza que el hecho que se investiga no constituía delito alguno.
Transcurrieron más de trescientos treinta (370) días desde la presentación del Oficio N.º. SIN-D-S-0063-2017, sin que la Fiscalía solicitara alguna otra diligencia; y recién el 14 de mayo de 2018, en plena vorágine del denominado “Caso Balda”, se reabre esta indagación y el 7 de noviembre de 2018 se me formula cargos con la absurda acusación de que “El Ruso” no existe. ¿Cómo se demuestra “que algo o alguien no existe?”.
Pero en esta conversación no lo está demostrando…
Al contrario, como lo he indicado precedentemente, yo sí puedo demostrar como lo estoy demostrando con fechas, testigos y lugares que el “El Ruso” si existe y por lo tanto la “Operación Caminito” se efectuó; por ello hablo de persecución política y violación de derechos humanos por “odio político y razones ideológicas”.
La Fiscalía cometió en el pasado muchos errores o actuó de mala fe en esta indagación previa; y creo que es el momento que las actuales autoridades recapaciten y detengan esta persecución sin fundamento alguno. Están dedicando cientos de horas de trabajo, gastando recursos del Estado, elaborando informes y pidiendo peritajes que con el debido respeto no servirán para nada.
¿Quién es “El Ruso”?, ¿cuál es su nombre?, ¿qué nacionalidad tiene? ¿Dónde vive?
El “ruso” es IVÁN GERMÁN VELÁZQUEZ DURÁN, de nacionalidad argentina. Ex militar, expolicía, informático. Nació el 23 de abril de 1979 (40 años) Hijo de Laura María Cristina Durán y del médico cirujano Iván Germán Velázquez
Tras egresar del Colegio Militar como oficial, se especializó en inteligencia, contrainteligencia, contraterrorismo, acción psicológica, propaganda y guerra electrónica. Se desempeñó en el Ejército Argentino, la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado) y en la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria).
Por razones de estar perseguido y/o procesado en su país, se radicó en Uruguay. Desconozco si sigue en Uruguay o en virtud de un sobreseimiento ocurrido en 2015, haya regresado a Argentina. (I)
