El turno de ese 14 de agosto del 2019 apenas comenzaba. En la amplia oficina, cubierta con vidrios polarizados, el teléfono sonaba una y otra vez.
Una mujer llamaba y decía saber en dónde estaba Anahí, una niña de 2 años que ocho días antes había sido secuestra en Pueblo Unido, un barrio del sur quiteño que se conmocionó por lo sucedido. Para entonces, nadie sabía nada de la menor, pero la persona que se comunicó dijo que era pariente de quienes la plagiaron.
Contó al operador de la línea 1800-delito que Anahí estaba en Coca, Orellana. Antes de colgar dio detalles de la casa en donde se encontraba.
Quien contestó la llamada fue el agente Jaime Ruiz. Dos años después, recuerda que la comunicación duró cinco minutos. Los datos los pasó a la Unase, que opera en secuestros. Anahí fue liberada.
El 1800-delito es una central de llamadas que se creó hace 10 años para recibir datos sobre delitos perpetrados. Desde entonces, recaba información de robos, tráfico de drogas, usura, sicariato, muertes violentas o desapariciones.
El acceso a esta oficina, la única en el país, es restringido. Un policía escolta hasta llegar ahí. En el lugar hay silencio, nadie habla, solo se escucha el sonido de los teclados de cinco agentes que están de turno.
De repente el teléfono suena. Timbra tres veces y contesta Jorge Ugsha, agente con rango de sargento. Quien llama es un hombre. Dice que se comunica desde Guayaquil.
En voz baja cuenta que en las noches, desde su casa, ve a su vecino entregar pequeñas fundas plásticas y recibe dinero. Cree que se trata de drogas.
Al terminar el relato, el agente le pide la dirección de la casa, un punto de referencia y un número de contacto. Antes de colgar, Ugsha le asegura que la información es confidencial y de uso exclusivo de la Policía.
15 minutos después, los datos son enviados a la Dirección de Antinarcóticos. Es la base para abrir una investigación.
Marcela Zambrano es jefa de la Unidad Recepción de Información de Delitos. Junto a su escritorio hay un mueble lleno de carpetas. Ahí guarda respaldos de los informes enviados a la Policía Judicial.
Allí reposa, por ejemplo, un expediente de octubre del 2018. Ese mes recibieron información sobre las personas que grafitearon el vagón del Metro de Quito. Carlos Sisa atendió esa llamada. Él recuerda que una mujer dijo que sabía dónde vivían dos de los sospechosos. Con esa alerta se ejecutaron allanamientos en el sur de la capital y los detuvieron.
Con los insumos que se recogieron a través del 1800-delito, el 19 de febrero pasado, la Policía también detuvo al octavo más buscado del país. El hombre está acusado de violación y asesinato.
Una persona llamó a la central y contó que el entonces prófugo estaba en una hacienda. Esa información también la receptó Sisa. Cada día, los operadores reciben alrededor de 20 comunicaciones.
11 779 llamadas entraron desde el 2015 hasta el 13 de marzo.
En uno de los 10 cubículos que tiene la central, el agente César Mejía atiende las llamadas. Por el teléfono escucha a un hombre. Dice que llama desde Arenillas, en El Oro, y delata a un chulquero.
Durante nueve minutos narra que el sospechoso amenaza a su familia si no se iguala en las cuotas de un préstamo de USD 3 000. “Perdí mi trabajo y no pude pagar el crédito”.
Toda la conversación se graba. El informante entrega detalles de la casa y del lugar de trabajo del usurero. “Tengo miedo a represalias”. El operador cuelga tras asegurarle que su identidad será protegida.
Para ingresar al 1800-delito, los agentes se someten al polígrafo y firman un acta de confidencialidad. Reciben capacitación con psicólogos y aprenden a obtener información sensible de las personas.
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