La Asamblea Nacional aprobó hoy, jueves 27 de agosto del 2020, una resolución en la que censura al exlegislador Daniel Mendoza, exige la salida de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y la reconformación de la Comisión de Fiscalización.
La moción obtuvo 123 votos a favor, y 1 abstención, y fue presentada por el asambleísta Héctor Yépez (Creo). Tan pronto se dio la votación, el primer vicepresidente César Solórzano, encargado de la sesión, suspendió la jornada.
Antes de la aprobación del documento, hubo un debate del que participaron 16 legisladores de distintas bancadas, entre ellos dos del oficialismo.
El presidente de la Comisión Multipardista, Xavier Casanova (AP), manifestó que durante la investigación se evidenció un incremento no justificado en el patrimonio de Mendoza, quien está detenido por supuesta delincuencia organizada desde el 5 de junio.
A pesar de que Mendoza renunció a su cargo el 1 de julio pasado, en medio del proceso disciplinario, Casanova llamó al Pleno a que se aplique una censura pública para el exlegislador por incurrir en varias prohibiciones ley.
Sin embargo, el asambleísta Héctor Yépez (Creo), otro de los integrantes fue más allá y propuso que la Asamblea exija al presidente Lenín Moreno la remoción de la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
Yépez tuvo el respaldo de Ronny Aleaga y Verónica Guevara, del correísmo. Esta última presentó un video y aludió a que Romo en una comparecencia en la Comisión reconoció haber recibido sugerencias de nombres para puestos públicos.
Además, Yépez exigió que el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), que en el plazo de 48 horas convoque al CAL y dé trámite a las solicitudes de juicios políticos. Y que la Fiscalía investigue a todos los involucrados en el Gobierno, Asamblea y demás instituciones públicas y sector privado, sobre los escándalos en la salud pública.
El socialcristiano Henry Cucalón sostuvo que hay una “ineludible responsabilidad política del Gobierno” que permitió un reparto del manejo de los hospitales.
Marcelo Simbaña (Creo) pidió que los asambleístas aludidos en las denuncias “den un paso al costado”, que se enjuicie políticamente a Romo y que se reestructure a la Comisión de Fiscalización.
Roberto Gómez (exCreo) llamó al Pleno a “ponerle cascabel al gato” y responsabilizó a Romo del reparto. Pidió a los legisladores no ser cómplices.
Depuración
Tanlly Vera (Creo), una de las denunciantes contra Mendoza, criticó que la Asamblea haya tardado casi dos meses en debatir el informe de la Comisión Multipartidista sobre Daniel Mendoza.
A las críticas se unió Mae Montaño (exCreo), quien dijo que esto evidencia que “no hay voluntad política del presidente de la Asamblea, César Litardo, para llevar adelante la verdadera depuración” de esta Función.
Montaño recordó que han transcurrido tres meses desde que Mendoza fue detenido para investigaciones por supuesta delincuencia organizada. Señaló que si se toma como referencia este caso, la Asamblea tardaría 210 meses en investigar a cerca de 70 legisladores que, según sus cálculos, enfrentan procesos judiciales.
Por ello, la legisladora demandó que se conforme una comisión ocasional “para que se encargue de investigar todos estos casos en un solo paquete”, entre los que se encuentran algunos integrantes de la Comisión de Fiscalización.
A ese pedido se unió Javier Cadena, afín al PSC, quien manifestó que no se trata de buscar chivos expiatorios, sino de continuar adelante con la depuración.
“Si esta Asamblea no tiene la capacidad de autodepurarse es mejor que esta Asamblea se cierre”, acotó el socialcristiano César Rohón, quien insistió en que se reorganice la Comisión de Fiscalización, de la que Mendoza formaba parte.
Rohón consideró que la Asamblea debe pedir a la Fiscalía un informe sobre los legisladores que enfrentan procesos judiciales. “Nadie, absolutamente está por encima de la Ley”.
Denuncias
De su lado, el vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano (PSP), y Jimmy Candell (IND), uno de los integrantes de Fiscalización, rechazaron una publicación del portal digital La Posta en la que fueron aludidos como parte del reparto de hospitales.
“Estoy sorprendido, molesto, indignado (…). Con qué facilidad se daña la honra de las personas, sin tener nada que ver ni vela en este entierro. Este error tiene que ser corregido”, enfatizó Solórzano.
Candell, por su lado, dijo que tomará las acciones legales que corresponden ante lo que calificó de “infamias”. Rechazó que se lancen acusaciones, sin comprobar la información y que se dé credibilidad a involucrados en actos delictivos.
El legislador comentó que él formó parte de una subcomisión que determinó que la Contraloría, el Cpccs y el Sercop no atendieron las denuncias sobre irregularidades en el contrato por USD 16 millones para la construcción del hospital básico de Pedernales, por el que Mendoza está detenido.
Asimismo, Rosa Orellana (AP) manifestó que está dispuesta a acudir a la Fiscalía para desvirtuar las acusaciones en su contra y rechazó el “periodismo amarillista”. “No tengo nada que ver con esa repartición de los hospitales, pues yo no juego con la salud de la gente”.
Por su lado, el independiente Raúl Tello dijo haber “combatido de manera frontal, directa” a Mendoza mientras este se desempeñaba como asambleísta, por lo que rechazó cualquier vínculo con él. “Yo no le tengo miedo porque él jamás ha tenido una conversación personal conmigo… Trata de señalarme en sus cochinos negocios”
Tello dijo estar dispuesto a someterse a la prueba del polígrafo y a someterse “a todas las investigaciones habidas y por haber” para desvirtuar que estuviese involucrado en actos ilícitos.
Además, el legislador Tello y Mae Montaño, integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana, también llamaron a Litardo a “descongelar” el debate de la Ley de Extinción de Dominio. Fabricio Villamar (exCreo), proponente del proyecto, hizo también este pedido.
Villamar fustigó que hace 10 meses presentó un pedido para investigar a Karina Arteaga (AP), sin que hasta ahora la conformación de una comisión multipartidista se concrete en el Pleno.
Resolución
El texto de la resolución señala:
Artículo 1.- APROBAR el informe de la comisión y CENSURAR al Exasambleísta Daniel Mendoza Arévalo al estar incurso en las prohibiciones establecidas en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa durante el ejercicio de su cargo.
Artículo 2.- EXIGIR al Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, la remoción de la Ministra de Gobierno María Paula Romo, por haber ella reconocido durante su comparecencia en la Comisión Multipartidista haber recibido sugerencias de nombres por parte del exasambleísta investigado que luego fueron designados para ejercer cargos públicos.
Artículo 3.- EXIGIR al Presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, que en el plazo de cuarenta y ocho horas convoque al CAL y dé trámite a las solicitudes de Juicio Político que han sido presentadas y se encuentran pendientes de calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa.
Artículo 4.- EXIGIR a la Fiscalía General del Estado que investigue y procese a todos los involucrados en el Gobierno Nacional, la Asamblea Nacional, demás instituciones públicas y sector privado, sobre los escándalos en la salud pública, para lo cual deberá remitirse todo lo actuado por la comisión investigadora.
Artículo 5.- DISPONER al señor Presidente de la Asamblea Nacional, asambleísta César Litardo, que en la próxima Sesión del Pleno No. 681, inmediatamente posterior a esta, incluya como punto dos del Orden del Día, el cambio de las y los integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político.
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