Las candidaturas a las elecciones nacionales del 2021 de seis organizaciones políticas dependen de las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), a tres días de que concluya el periodo de democracia interna en las agrupaciones políticas para escoger sus aspirantes.
Ayer, el juez electoral Ángel Torres admitió a trámite un recurso subjetivo, planteado por el director de Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA), Wilson Sánchez, en contra de la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), que la extinguió del Registro Permanente de Organizaciones Políticas por estar incursa en las disposiciones del artículo 327 del Código de la Democracia.
Si Torres decide ratificar la decisión del CNE, Sánchez podrá apelar ante el pleno del TCE, que tomará la decisión final. Si se extingue al partido, Álvaro Noboa, su candidato a la Presidencia de la República, deberá buscar otro auspiciante, antes de que concluya la fase de proclamación y aceptación de las candidaturas en las primarias.
Candidaturas presidenciales que peligran son también las de Fabricio Correa, auspiciado por Justicia Social, así como la de Fernando Balda, por Libertad es Pueblo, ya que están a la espera de que el TCE se pronuncie sobre si el CNE debe ejecutar la recomendación de la Contraloría del Estado de eliminarlas por incumplir con el 1,5 % de firmas para tener su personería jurídica.
En el mismo litigio están Juntos Podemos, que aún no ha anunciado a sus candidatos; y Fuerza Compromiso Social, aunque esta se unió a la coalición UNES, cobijados por el movimiento Centro Democrático, que asumiría la inscripción del expresidente Rafael Correa a una candidatura a la Vicepresidencia de la República o asambleísta del exterior.
Esta causa está en deliberación de la Corte Constitucional (CC) por una demanda de dirimencia de competencias que planteó el contralor Pablo Celi.
La aspiración política de Rafael Correa, quien reside en Bélgica, depende también de que el Tribunal resuelva varios recursos subjetivos planteados en contra de la obligación de aceptar una candidatura de forma “personalísima” en la jurisdicción pertinente ante delegados del CNE, que consta en el reglamento de Democracia Interna.
Pero el TCE decidió enviarla a la CC para que defina si es o no inconstitucional dicha exigencia. (I)
