Para este año, la Secretaría Anticorrupción tenía previsto un presupuesto de USD 615 850 para sueldos. También, en lo referente a viáticos se planificaron USD 427 084. Es decir, en el 2020 la entidad le habría costado al país al menos USD 1 042 934, pero desde el miércoles 20 de mayo del 2020 se cerró esta institución.
De ese presupuesto, según esa entidad, se usaron USD 153 962,50 en salarios y otros USD 8 643,71 en viáticos. Además, el Presupuesto Anual de Contrataciones para el 2020 era de USD 621 800.
Debido a la emergencia sanitaria por el covid-19, esos recursos se redireccionaron a los ministerios que enfrentan la pandemia.
La Secretaría Anticorrupción se creó el 6 de febrero del 2019, como entidad adscrita a la Presidencia. La resolución presidencial estableció que una de sus funciones era generar políticas públicas para facilitar la denuncia de la corrupción.
Los cuestionamientos sobre su existencia se acentuaron en la emergencia sanitaria, cuando se investigaban actos de corrupción. El 7 de mayo pasado se conoció sobre un oficio emitido por la fiscal Diana Salazar, en el que se cuestiona su rol.
En ese documento se señalaba que “actividades investigativas se han visto afectadas en varias ocasiones por la información o requerimientos que se efectúan desde la Secretaría Anticorrupción a los diferentes fiscales a cargo de las investigaciones, así como también por la información que se publica en redes sociales”.
Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, un ente de la sociedad civil, dijo que la Secretaría no cumplió su finalidad. Comentó que, por ejemplo, la Comisión que coordina ya había alertado en julio del 2019 de “sobreprecios en la estructura de la salud pública”.
Una de las tareas pendientes de este esta Secretaría es el inicio del trabajo de la Comisión Internacional de Lucha Anticorrupción anunciada en mayo del 2019.
En febrero pasado, el aún secretario anticorrupción, José de la Gasca, dijo que estaba previsto que empezara a funcionar a finales de ese mismo mes. Sin embargo, esto no sucede.
Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete, señaló ayer, 21 de mayo, a este Diario que el Decreto para el cierre de la Secretaría aún se estaba redactando. Explicó que en esa resolución se establecería a quién se encargaría el manejo de la Comisión Internacional Anticorrupción.
En la Asamblea, legisladores del oficialismo y la oposición coinciden en que no faltan leyes sino voluntad de todas las autoridades para combatir la corrupción en el país.
Entre los integrantes de la Comisión de Justicia se distribuyó esta mañana un proyecto de nueve artículos del presidente Moreno, que fue presentado el 5 de marzo pasado y apunta a reformar nuevamente el COIP.
El texto aborda delitos como la obstrucción a la justicia, oferta de realizar tráfico de influencias y actos de corrupción en el sector privado.
En esa misma comisión se tramita una propuesta del exsecretario Anticorrupción, Iván Granda, para crear jueces y fiscales en esta materia. El proyecto fue entregado en septiembre pasado y no tiene informe de primer debate.
Elizabeth Cabezas (AP) señaló que otro de los pendientes es la Ley de Extinción de Dominio, que ella presentó hace más de un año. Esta se tramita en la Comisión de Participación Ciudadana, que debe entregar un informe para segundo debate.
Cinco meses han pasado desde que las últimas reformas al COIP fueran publicadas en el Registro Oficial. Allí se incorporaron algunas propuestas de la Ley para la protección al denunciante, que también presentó el Poder Ejecutivo.
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