Quito –
En los últimos tres años –ante los Panama Papers, la trama de corrupción en Petroecuador, la red de coimas de Odebrecht o casos de irregularidades en el Gobierno anterior– escuchar hablar de la notificación roja a Interpol se ha hecho común para los ecuatorianos.
Interpol es la Policía Internacional, por sus siglas en inglés, y la notificación roja se usa para solicitar la localización y detención de una persona buscada por las autoridades judiciales con miras a su extradición.
En abril, el proceso contra el excanciller Ricardo Patiño fue uno de los últimos en los que un juez solicitó a la Oficina Central Nacional de Interpol (OCNI) Quito que difunda una notificación roja para que sea detenido en cualquiera de los 194 países miembros de Interpol.
El pedido sigue en trámite y se conoce que Patiño salió por tierra a Perú, un día antes de que se le formularan cargos por supuesto delito de instigación.
En la lista de quienes tienen notificación roja de Interpol hay 288 personas (hasta el 25 de abril pasado), emitidas desde la OCNI-Quito. Entre ellos: Ramiro González, expresidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; el excontralor Carlos Pólit; Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación; Pedro Delgado, exdirectivo del Banco Central; Pablo Romero, exsecretario nacional de Inteligencia, y otros.
El director de la OCNI en Ecuador, coronel Galo Muñoz, califica a la notificación roja como uno de los instrumentos más importantes y sensibles que maneja Interpol. Por ello, aclara, este “organismo técnico” tiene protocolos claros que deben cumplirse estrictamente para solicitarla.
Reconoce que si se trata de un funcionario, el proceso de análisis lleva más tiempo si se compara la rapidez con que se da paso a pedidos relacionados con delitos comunes (asesinatos, tráfico de drogas) y personas no vinculadas con el sector público.
En los casos con exservidores públicos de por medio, que dice el oficial son la menor cantidad, la Secretaría General, la Oficina de Asuntos Legales y hasta la Comisión de Ficheros de Interpol pueden pedir mayor información para asegurarse de que el caso no viola derechos o cae en alguna de las prohibiciones expresas de la institución.
Un ejemplo del tiempo que puede llevar el análisis de Interpol de un caso en el que es requerido un exfuncionario público es el del expresidente Rafael Correa. En el juicio por el plagio de Fernando Balda él recibió una orden de prisión preventiva y se solicitó una alerta roja internacional para su captura. Vive en Bélgica desde que dejó el mando en el 2017.
En julio de 2018 la jueza del caso, Daniela Camacho, solicitó a Interpol que emita una notificación roja contra Correa, y cinco meses después Interpol notificó con la negativa de incluir al exmandatario en la lista. La razón: la retención de los datos de Correa en el Sistema de Información de Interpol “no era compatible con la obligación de Interpol de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales, dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
Finalmente, en abril, la Comisión de Control de Ficheros de Interpol negó el pedido de la Corte Nacional de Justicia para revisar la decisión que beneficiaba a Correa.
Otro caso en el que Interpol rechazó la notificación roja solicitada por la justicia ecuatoriana fue el de Carlos Ochoa, exsuperintendente de Comunicación que se encuentra en Bolivia. Interpol consideró que lo que se analizaba en el caso era un delito de “carácter administrativo” y en menos de un mes negó el pedido.
Mientras tanto, el pedido de alerta roja contra la exasambleísta del correato Sofía Espín, acusada de fraude procesal en grado de tentativa, sigue en análisis, pese a que se solicitó en enero pasado. Tanto Ochoa como Espín han pedido refugio en Bolivia aduciendo que son perseguidos políticos.
Entre las 288 notificaciones rojas hechas desde Ecuador, a través de la OCNI-Quito, hay ecuatorianos y extranjeros requeridos. La más antigua es de un caso del 2002, del que no se dieron detalles y se actualiza la solicitud cada cinco años.
Y son 106 ecuatorianos los que mantienen notificación roja solicitada por otros países como EE.UU., España, Argentina, Perú y Finlandia. (I)
Trámite – notificaciones rojas
- Entre los requisitos para elaborar el borrador de notificación está la orden judicial vigente con el pedido de detención y el establecimiento de la identidad de la persona y el delito cometido. El borrador es subido al sistema de Interpol I24/7 y pasa a conocimiento de la Secretaría General, en Francia, que califica o no la notificación.
- Todo procedimiento es manejado en el ámbito policial y legal, debe estar enmarcado en el respeto a la Declaración Universal de DD.HH. y en la prohibición para realizar cualquier actividad o intervención en asuntos de carácter político, militar, religioso o racial. (I)
