El informe habla de detenciones ilegales, de allanamientos sin órdenes judiciales, de opositores al correísmo que fueron vinculados cuando las investigaciones estaban a punto de cerrarse, de violación de garantías al debido proceso.
Los detalles de estas “irregularidades” judiciales durante el anterior Gobierno fueron recogidos por la Mesa de la Verdad y la Justicia. Hoy serán presentados públicamente. El caso de Margoth Escobar aparece en ese documento.
Ella fue procesada en el 2015 por protestar contra un proyecto petrolero y le abrieron un expediente por ataque y resistencia, un delito penado con cárcel de seis meses a dos años. Ahora recuerda que un juez la llamaba a audiencias reservadas en feriados o en la madrugada.
Dice que el magistrado incluso aceptó una acusación particular cuando ya había terminado la fase de investigación. Escobar contó estos detalles en una audiencia pública ante los cinco integrantes de la Mesa, creada por el Consejo de la Judicatura el 21 de agosto del año pasado.
De los 247 casos que llegaron a la Mesa, en similares diligencias se conocieron los testimonios de 77 personas que dijeron haber sido perseguidas por jueces y fiscales durante la época del correísmo. Tras analizar estos casos, la Mesa estableció 14 conclusiones.
En una de estas se dice que entre el 2007 y 2017 “existió persecución política” y que el sistema judiciales irrespetó los procesos. Por eso, la Mesa identificó 493 indicios que alertan violaciones al debido proceso. En el informe también consta el caso de 23 autoridades indígenas de Cañar Alto.
Ellos fueron procesados por secuestro, daño al bien ajeno y secuestro extorsivo. Este proceso se abrió tras aplicar la justicia indígena en diferentes casos entre el 2015 y 2016. Según Paúl Jácome, presidente de la Mesa, en el correísmo “se criminalizaron las prácticas de justicia indígena”.
Por ejemplo, tras un proceso judicial, siete dirigentes fueron sentenciados a cinco años de cárcel. Según el informe, los jueces no consideraron los testimonios y pruebas presentadas por los abogados de los procesados. Entre los investigados está José Sarmiento, presidente del Consejo de Justicia Indígena de San Pedro de Cañar.
Sus abogados dijeron en la Mesa que el fiscal del caso incluyó “pruebas falsas” en el expediente y fueron acogidas por los jueces. En el informe, además, consta una supuesta “red de extorsión” en el Alto Cañar que involucraría a jueces.
La investigación determinó que en las oficinas judiciales se acusaba a líderes indígenas de secuestro y pedían hasta USD 50 000 a cambio de no vincularlos en los procesos penales. Si no pagaban iban presos.
Los nombres de esos magistrados constan como parte del informe, en una lista de 495 jueces y fiscales involucrados en los diferentes casos que conoció la Mesa. Jácome pedirá al Consejo de la Judicatura que indague a los funcionarios.
En esa lista también están el juez y el fiscal que conocieron la muerte del líder antiminero José Tendetza. En el 2014, el cuerpo del dirigente fue encontrado amarrado a un árbol en la comunidad de Yanúa Kim, Zamora Chinchipe.
Según el expediente, el fiscal que acudió al levantamiento del cadáver ordenó que le enterraran como no identificado en un cementerio de Yantzaza, y solicitó que se archivara el caso. Dos años después, “por presión de los familiares, la Fiscalía inició la investigación reservada”.
En esa causa hubo dos trabajadores que fueron procesados. Sin embargo, en el 2016, un Tribunal absolvió a los sospechosos. Esta sentencia fue ratificada por la Corte Provincial de Zamora Chinchipe, y la Corte Nacional tampoco admitió el recurso de casación.
Patricia Carrión, jurista que llevó el caso, indicó que “una irregularidad fue que al no establecer responsabilidades penales en contra de los dos procesados, el juez no solicitó que se investigara a otros posibles responsables”. (I)
Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/informe-actuacion-jueces-fiscales-parcializada.html
