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A DOS AÑOS DE LA LEY DE COMUNICACIÓN

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Galo Martínez Leisker, vicepresidente de Gráficos Nacionales.

A dos años de la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), el titular de la Superintendencia de Información (SUPERCOM), Carlos Ochoa, destacó como positiva su aplicación y aseguró que en este tiempo se abrieron 506 procesos contra medios de comunicación, 313 resoluciones, 185 sanciones pecuniarias, 198 medios sancionados, 4 conciertos 1×1, socialización de Ley en todo el país, entre otros.

 

“Sinceramente de corazón, hoy más que nunca existe en este país una verdadera libertad de expresión”, destacó el funcionario quien anunció que para finales del 2015 estará listo un paquete de reformas a la LOC que está en vigencia desde el 25 de junio del 2013.

 

Pero la aplicación de esta ley no es vista con tanto positivismo por ciertos sectores y de manera especial de los afectados, ya que consideran que la norma contiene arbitrarias regulaciones y sanciones que atentan contra la libertad de expresión y comprometen su estabilidad además de su la permanencia de una prensa independiente.

 

Es el caso de los Diarios Expreso y La Hora, que han sido amonestados y sancionados por más de una ocasión por la Supercom. El Licenciado Galo Martínez Leisker, vicepresidente de Gráficos Nacionales y el Dr. Santiago Guarderas representante legal de Diario La Hora, fueron entrevistados por revista La Verdad al respecto.

 

La revista trató desde el 15 de octubre de 2015, reiterativamente de obtener una respuesta del titular de la Superintendencia de Telecomunicaciones, Carlos Ochoa, pero hasta las 10H30 del martes 27 de octubre del presente año y hasta el cierre de esta edición, no se nos hizo llegar la respuesta al cuestionario de preguntas que la Supercom solicitó vía correo electrónico.

 

Diario Expreso

ECUADOR, Quito. 2015/09/03. Audiencia del Diario Expreso en la Supercom . Foto cortesía API / JUAN CEVALLOS.

Licenciado Galo Martínez. El pasado 3 de septiembre diario Expreso de Guayaquil y La Hora de Quito, decidieron abandonar una audiencia que se realizó en la Superintendencia de Comunicación al ser acusados de no publicar una réplica a una publicidad pagada.  ¿Por qué decidieron abandonar la audiencia?

 

GM: La audiencia era un sainete, ya la decisión estaba dada. Qué oportunidad tiene un acusado cuando el que va a fallar lo va a hacer en beneficio propio. No hay argumento para ese proceso, es un chiste decir, tengo derecho a réplica de un aviso. Cuando se habla y se quiere generalizar y meter a todo el conglomerado de emisoras, evidentemente se ve que hay una desproporción entre medios privados y públicos. ( ).

 

Para explicar: Entre los medios nacionales tenemos periódicos privados como son diario El Universo, La Hora, El Comercio y Gráficos Nacionales y por otro lado están (los oficiales) el Telégrafo y El Pepe, entonces vemos que hay más medios privados que públicos (sancionados), no obstante lo que habría que analizar es cuántas veces ha sido sancionado un medio u otro. Creo que no hay un equilibrio.

 

Poco después el titular de la Supercom Carlos Ochoa, confirmó la sanción a dos diarios del país, entre ellos Diario Expreso, medio que finalmente se acogió a la sanción impuesta bajo protesta ¿Por qué esta aclaración de bajo protesta?

Galo Martínez hace una reseña del origen de la demanda de la Supercom, al tiempo que razona sobre el contenido y las razones jurídicas de su defensa

GM: La Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (AEDEP), bajo la responsabilidad del señor Diego Cornejo ordena la publicación de un aviso en que dice claramente entre otras cosas, que se ha sancionado más a los medios privados que a los medios públicos.

 

Supercom exige una réplica. Pero lo importante aquí es, que lo que me pide es que contraste un aviso (pagado), yo puedo contrastar la información, pero ¿cómo contrasto un aviso?

 

Si el día de mañana el señor X paga la publicación de un aviso diciendo que tales terrenos le pertenecen y el señor Y me dice al día siguiente que le publique en el mismo espacio y lugar que el señor X miente… Yo no soy juez. ¿Cómo puedo contrastar esa opinión?

 

Un ejemplo más claro. La FENAPE (Federación Nacional de Periodistas del Ecuador), pagó un aviso en el que atacaba duramente a Fundamedios; me llamó Cesar Ricaurte y me dijo: “quiero que me des el derecho a la réplica”, pero quería la publicación en el mismo espacio, lugar y sin costo. Yo le contesté: No, este aviso me lo pagaron, ponga el reclamo en la Supercom. ( ).

 

La Supercom en forma inconstitucional, ilegítima, pero sobre todo ilógica me pide un espacio igual al del aviso de la AEDEP. Es la autoridad (Supercom) la que va a poner a los peritos, el fiscal, el juez y en caso que no estemos de acuerdo hay que mandarles una comunicación a ellos mismos que son los que nos sancionan. ¿Qué clase de proceso es ese? o un sainete como lo calificó el Dr. Eduardo Carmigniani. Cree usted que ante esa situación podría abrigarse siquiera una pequeña esperanza de que la resolución iba a favorecer a Gráficos Nacionales… en contra de ellos mismos… Va a fallar a favor suyo y eso es lo que pasó más allá de que (el proceso) es inconstitucional, ilegal, ilegítimo e ilógico.

 

El señor Ochoa ha declarado que va a cambiar la forma de publicar en los medios de comunicación es básicamente esto. Como hicieron una ley al apuro y para fastidiar a los medios de comunicación, vieron la opción de que cuando no le parece algo a la Supercom entonces se inventan, comienzan a recoger la multimedia, el rincón del vago, y viene un grupo de peritos de la Supercom para sancionar al medio. Toda ley tiene que tener una lógica y tiene que tener la posibilidad de aplicarse.

 

Le cito un ejemplo. Viene un perito de la Supercom y decide que es morbosa una foto de una chica en minifalda con zapatos de tacos que está depositando una flor en un altar improvisado en la calle por los fallecidos del avión de Malasia Airlines; los peritos de la Supercom, decidieron que esa foto incitaba al morbo. Gráficos Nacionales, no tuvo la oportunidad de poner sus peritos. G. N. vio en esa foto un acto de amor y solidaridad humana, pero ellos (Supercom) vieron una foto morbosa. Qué querían que la chica vaya a cambiarse antes de poner la flor. El morbo no está tipificado en la ley, no se puede sancionar algo que es apreciado de forma diferente para usted, que para mí. Para nosotros puede tratarse solo de una chica bella o muy guapa, pero ellos ven una incitación al morbo, el problema es de la Supercom.

 

“El objetivo (de la ley) es debilitar económicamente a los medios de comunicación; la forma en que fue diseñado el sistema de multas es para quebrar a los medios de comunicación”, dijo Galo Martínez.

Los medios no tenemos opciones, la Supercom pone la acusación, los peritos, el juez,   sanciona en contra de los medios de comunicación, la Supercom hace todo.

 

Otro ejemplo, el vicepresidente de la República dijo que la Supercom tenía que sancionar a Gráficos Nacionales por haber publicado una glosa de la Contraloría General del Estado, en contra de la Refinería del Pacífico. Pese a que le demostramos que habíamos pedido la opinión del representante legal de Refinería del Pacífico, nos sancionaron con 52.000 dólares porque dijeron que habíamos tomado partido a favor de la Contraloría y en contra de la Refinería del Pacífico. Qué casualidad que estos iluminados (peritos de Supercom) creen que hemos tomado partido contra la Refinería General del Estado, soy enfático del Estado, es decir, en contra de la refinería que también es del Estado y en vez de preocuparse de investigar el caso de la glosa y se despeje cualquier duda sobre el tema, para ellos lo importante es que el medio no vuelva a publicar una glosa de la Contraloría. Vamos a decirle a los medios de comunicación no al periodismo de investigación, porque si no te vamos a sancionar. No hay facilidades para investigar, mejor es no decir nada.

 

Hemos apelado al Tribunal Constitucional donde tenemos ya algunos procesos y tenemos consignadas algunas garantías.

 

El objetivo (de la ley) es debilitar económicamente a los medios de comunicación; la forma en que fue diseñado el sistema de multas es para quebrar a los medios de comunicación.

 

Mientras Expreso, va por su segunda sanción, Extra una de las empresas de información, afín a Gráficos Nacionales, ya ha enfrentado si mal no recuerdo cuatro procesos por parte de la Supercom. ¿A qué amerita usted situación?

GM: En un medio de comunicación, si usted después de esta entrevista, la escribe mal, la responsabilidad es suya ¿verdad?

 

Cuando se dice la “prensa corrupta, esta prensa corrupta que no contrasta”, no es que los accionistas de la prensa no contrastan y al que le dice corrupta es al periodista que estuvo en la cobertura, la corrupción comienza en el origen. Toda nota informativa tiene una firma de responsabilidad.

 

Cuando el periodista demuestra que lo que escribió en la nota es lo que dijo y pide una rectificación, no se la dan.

 

No se le puede pedir al editor que conozca todos los temas, como jefe tiene que confiar en los periodistas especializados y por último se ofende a todo un gremio de respetables profesionales que trabajan en la prensa privada.

 

No se cubren buenas gestiones del Gobierno porque no hay acceso a la información, o acaso usted ¿puede hacer un reportaje sobre una escuela del Milenio?

 

Con la publicación de la rectificación exigida por la Supercom, aunque bajo protesta, ¿el caso está cerrado?

GM: Siempre va a haber la posibilidad de una nueva amonestación, el sistema está diseñado para que los medios de comunicación no tengan la posibilidad de defenderse en un proceso real e imparcial. Esto no funciona como la Superintendencia de Compañías o de Bancos en donde el objetivo es regular no quebrar.

Esa es la verdad, como está diseñado el sistema (la ley), la Superintendencia de Comunicaciones tiene la capacidad de quebrar a los medios de comunicación. Si se duplica el valor de una multa, por ejemplo, si tuviéramos que pagar por una no publicación 460.000 dólares y se duplica el valor (en la forma que señala la norma) porque siempre aplican la sanción más alta, terminan quebrando a un medio de comunicación.

 

¿Cómo califica usted la libertad de expresión en el país y cómo la ve a futuro?

GM: Creo que hay un proceso de transición. En 10 años, un poco más o un poco menos, todas estas normas que se han escrito tendrán que ser revisadas por una legislación internacional, porque cada día los medios de comunicación van a ser más digitales.

 

Hay libertad de opinión eso nadie lo puede negar, la gente opina, pero hay una sanción al que opina de una forma u otra, el caso Bonil es un claro ejemplo, pero si tenemos derecho a la réplica que no es lo mismo que una rectificación. Los medios de comunicación siempre hemos dado el derecho a la rectificación. Los medios de comunicación no tratan de fastidiarle  la vida a nadie menos a la Refinería del Pacífico,  pero al final del día con este sistema de sanciones y con  funcionarios del Estado que no se sientan obligados a dar explicaciones, ni a contrastar preguntas que hacen los periodistas especializados de la información, pero más allá de  que creo que son excesos   de la Supercom como tal y por una ley con muchas fallas, creo todavía que en el Ecuador respiramos un ambiente en que podemos darle un espacio para opinar al Gobierno, a la oposición y a todos los sectores del país.

 

Diario La Hora

“La AEDEP ha respaldado continuamente la posición del Diario La Hora en este y otros procesos frente a la actuación arbitraria de la Supercom”, dijo Santiago Guarderas.

Doctor Santiago Guarderas, el titular de la Superintendencia de la Información y la Comunicación Carlos Ochoa, confirmó la sanción a dos diarios del país, entre ellos Diario La Hora, en el que le pide rectificaciones sobre el anuncio publicitario publicado en sus páginas del 20 de julio del 2015, titulado: ‘Indefensión jurídica ante la Ley de Comunicación”, ustedes han presentado una acción de protección para frenar este proceso. ¿Qué expectativas tienen de la viabilidad de este recurso?

SG: Dado que la resolución del Superintendente de la Información y Comunicación vulnera los derechos constitucionales al debido proceso, a la tutela efectiva, expedita e imparcial de los derechos, y  a la resistencia, Diario La Hora presentó una acción de protección con el fin de lograr su reparación integral. Dicha acción fue conocida en primera instancia por el Juez Tercero del Trabajo de Pichincha quien la negó. En virtud de un recurso de apelación, la causa actualmente está en conocimiento de la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Pichincha, en donde se espera se haga justicia y se declare la vulneración de los referidos derechos. Caso contrario, el diario acudirá a las instancias internacionales para protegerlos.

 

El anuncio publicado respondía a la contratación con un tercero, en este caso, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), ¿ustedes han recibido algún tipo de respaldo de este organismo?

SG: En efecto, se trataba de un anuncio publicitario contratado por la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) que tenía por contenido una evaluación de la aplicación de la Ley de Comunicación a los dos años de su vigencia. Llevaba por título “Indefensión Jurídica ante la Ley de Comunicación”. A dicho anuncio el Diario no agregó una sola coma. Únicamente en cumplimiento de las normas previstas en el Reglamento a la Ley de Comunicación se lo identificó con las siglas P y O que significan publicidad y opinión.

 

La AEDEP ha respaldado continuamente la posición del Diario La Hora en este y otros procesos frente a la actuación arbitraria de la Supercom.

 

Durante la audiencia de Diario La Hora y Expreso, el 3 de septiembre pasado, los representantes legales de ambos medios abandonaron la sala, alegando que no había independencia jurídica. En el caso que usted representa, ¿en qué se fundamenta ese argumento?

Diario La Hora ha sido enfática en señalar que, en este procedimiento administrativo sancionatorio, la Supercom no es una autoridad imparcial pues es la parte denunciante y la autoridad juzgadora. Se ha sustentado en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se han precisado que las garantías judiciales a las que se hace referencia en la Convención son aplicables a todo procedimiento, de la naturaleza que fuere, incluyendo naturalmente los administrativos cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas.

 

A su criterio, ¿se analizaron o no todos los elementos jurídicos que determina la ley?

SG: De ninguna manera. Son procedimientos con tinte político antes que jurídico cuyo fin último es provocar censura previa en los medios independientes. Es sinceramente iluso pensar que una persona pueda obtener un resultado favorable en una causa en la que la Supercom sobre la base de informes técnicos elaborados por los mismos funcionarios de la Supercom inicie de oficio, un proceso que tendrá por autoridad sancionadora la propia Supercom. ¿Dónde quedan los elementos subjetivo y objetivo de la imparcialidad?

 

FUNDAMEDIOS SOLICITA UN RECURSO DE PROTECCION

¿Cuáles cree usted que son las normas constitucionales que deben primar en este proceso?

SG: Deben primar las garantías del debido proceso aplicables universalmente a todos los procesos en los que se declaran derechos y obligaciones. No olvidemos que de acuerdo con nuestra Ley Suprema, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución deben prevalecer sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.

 

¿Puede darnos una síntesis de los principales puntos que expone su defensa?

SG: La falta de imparcialidad de la Supercom quien actúa por sí mismo (de oficio) y en calidad de autoridad sancionadora en este caso. Falta de imparcialidad que, además, la ha demostrado cuando ha tenido que resolver solicitudes de réplicas de terceros en contra de medios de comunicación públicos. Aquello deriva en que el Diario La Hora no pueda obtener una tutela imparcial a la que tiene derecho y que, por otra parte, se le vulnere su derecho a la resistencia frente a las acciones arbitrarias de la Supercom.

 

Esta no es la primera ocasión en que este medio recibe una sanción por parte de la Supercom, e incluso se han acogido al derecho a la resistencia, ¿pero esta sanción reiterativa y por distintas causas, no haría pensar que quizás el medio estaría fallando en la aplicación de la Ley de Comunicación?

SG: Cuando se analizan las estadísticas y se comprueba que los procesos que lleva adelante la Supercom están dirigidos, casi en su totalidad, en contra de los medios de comunicación que tienen una línea editorial independiente, iniciados bien de oficio, o bien fundamentalmente por funcionarios y autoridades públicas, uno comienza a descartar esa posibilidad. Por el contrario, comienza a convencerse que se trata de una suerte de persecución que tiene por objeto silenciar a los medios de comunicación. Por otra parte, situaciones similares pero cometidas por los medios incautados o medios públicos merecen otro tratamiento, lo cual, en cambio, es sospechoso.

 

Si es así, ¿qué es lo que no convence a la Supercom?

SG: ¡Todo! Diario La Hora ha sido sancionado por lo que publica, por lo que no publica y por lo que publica por encargo de terceros. Y lo más grave es que, en los casos de réplica, es la propia Supercom la que entrega el producto con la réplica completamente elaborada y maqueteada únicamente para su publicación.

 

Hasta el momento, el organismo de control ha emitido por diferentes razones, resoluciones contra medios de comunicación. ¿Qué es lo que ocurre o qué no está claro en la norma que no les permite a los medios ajustarse a la ley?

SG: Son normas abiertas que permiten la interpretación subjetiva de la autoridad. No se actúa con rigor académico ni jurídico, prevalece la motivación política. Diario El Universo fue sancionado pese a haber rectificado una nota periodística pero cuyo contenido no le gustó a la Supercom. Lo que sí está extremadamente claro es que el gobierno no quiere noticias y opiniones contrarias al régimen. No importa lo que disponga la ley.

 

Independientemente de las sanciones que ha sufrido el diario a causa de la LOC, ¿cuáles cree usted que son los beneficios de la ley?

SG: Naturalmente no todo es malo. El hecho de que se permita la participación nacional en la programación de los medios de comunicación social o la necesidad de incorporar programas interculturales son importantes. Sin embargo, creo que son mayores los perjuicios que los beneficios que la ciudadanía ha obtenido con la aplicación de la Ley.

 

¿Cómo califica usted la libertad de expresión en el país y cómo la ve a futuro?

SG: Nefasta. Mientras no se adecúe la legislación nacional a los estándares internacionales, la libertad de expresión seguirá deteriorándose día a día. Esperemos que no ocurra lo que pasa en Venezuela, Nicaragua o Cuba en donde se busca que exista un solo medio que difunda la verdad oficial. Creo que el mayor homenaje que se puede hacer a la libertad de expresión en el país es derogar la Ley de Comunicación.

 

Reformas

En las comparecencias para tramitar el proyecto de reforma a la Ley de Comunicación en la Comisión de Derechos Colectivos, la asambleísta Cynthia Viteri (MG-PSC) aprovechó la presencia de Carlos Ochoa para cuestionar solicitar que se elimine el numeral 4 del artículo 64, sobre multas a los medios por reincidencia en la difusión de contenidos discriminatorios.

 

La asambleísta dijo que solicitarán la derogatoria de la ley por considerar que coarta la libertad de expresión y viola instrumentos internacionales. Ella expuso sus argumentos ante lo que Ochoa no respondió ni en su intervención ni al salir de la sala. No habló con la prensa ni al ingreso ni al término de su exposición, en la que pidió que se archive el proyecto de Viteri y defendió la ley al decir que hasta los detractores han entendido su necesidad al proponer la reforma de un solo párrafo.

 

El funcionario negó que el cuestionado numeral 4 haya generado multas por $ 273.938, porque hasta la fecha jamás se ha generado una multa por la aplicación de esa norma,  y que los activos declarados por los 61 medios nacionales, a mayo pasado, ascienden a $513 millones.

Por: Julia Abifandi

 

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