Petrolia, filial de New Stratus Energy, dice que la controversia fue presentada porque el Estado no ha dado paso a la renegociación del contrato de los bloques 16 y 67.

Petrolia, filial en Ecuador de la petrolera canadiense New Stratus Energy (NSE), presentó ante el Ministerio de Energía y Minas, la notificación de controversia e inicio de negociaciones directas por sus contratos en los bloques petroleros 16 y 67.
La notificación fue presentada por la empresa el 25 de noviembre de 2022 y la controversia surge, según Petrolia, por una serie de incumplimientos contractuales por parte del Estado ecuatoriano.
Entre los supuestos incumplimientos que cita la empresa están:
Falta de pago de las sumas adeudadas en función de la aplicación del factor de corrección, establecido en los Contratos Modificatorios.
Interrupción abrupta y arbitraria de la renegociación de los contratos para extender el plazo de caducidad y para cambiar el actual contrato que es de servicios específicos, por un contrato de participación.
Los actuales contratos que tiene Petrolia vencen el 31 de diciembre de 2022, la empresa busca una extensión de los mismos por 15 o 20 años más.
Petrolia añade que los incumplimientos del Estado ecuatoriano vulneran los legítimos derechos y garantías de la empresa, y el quebrantamiento de la seguridad jurídica.
Lo anterior, según la compañía, “ha ocasionado graves perjuicios a los bloques 16 y 67, a Petrolia Ecuador y a sus accionistas”.
La notificación es parte de la fase de negociación con el Estado para evitar un arbitraje internacional.
El origen de la controversia
La disputa con Petrolia comenzó cuando la empresa compró el 35% de las acciones que la petrolera Repsol tenía en esos bloques, de los cuales era operadora.
El traspaso de acciones tuvo lugar en España, en octubre de 2021. El Ministerio de Energía alega que Petrolia no solicitó permiso para adquirir esas acciones.
Este permiso debía darlo Ecuador, mediante un acuerdo ministerial, según el viceministro de Hidrocarburos, Rubén Espín.
Por su parte, Petrolia alega que al ser un acuerdo de venta de acciones internacional no era necesario el permiso del ministerio.
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