La fiscal Diana Salazar usó ejemplos para explicar por qué el expresidente Rafael Correa no firmó los contratos con las empresas investigadas en el caso Sobornos ni receptó dinero ilícito. “Porque estaba en la cúspide de la estructura”. Luego se preguntó: “¿por qué iba a firmar si tenía su ministro?”.
Entonces pidió al Tribunal que lo declarara autor mediato por el delito de cohecho y que en el momento de imponer la pena se fijara la sanción más alta. En la sala se escucharon rumores sobre cómo se haría el cálculo. Luego, en un receso, el procurador Íñigo Salvador dijo que ese es un tema de análisis de los jueces, pero que deben usar los dos códigos penales.
En el actual Código, la máxima pena por cohecho es de siete años. En la anterior norma penal, vigente al 2012, cuando se habría iniciado el cobro de sobornos, la sanción más alta era de cinco años. A la Fiscal General se le pidió su criterio en una rueda de prensa, y cuando se apartó de las cámaras dijo que “se debería imponer unos seis años de prisión”.
Temprano, ante los jueces, Salazar ahondó más en la autoría mediata y explicó que esa figura legal se había aplicado en el caso del narcotraficante Pablo Escobar. “Él dijo que en cinco años no había tocado un solo gramo de cocaína y fue así. Claro, cuando se está a ese nivel jerárquico (superior) ya no se necesita hacer las acciones, sino que movilizan todo el aparato de poder que tienen”.
Según su argumento, “Correa no necesitaba reunirse con los cohechadores ni recibir los pagos por coimas. Aquí había un aparato organizado de poder”, sostuvo.
Por debajo del expresidente, según Salazar, estaban los demás funcionarios de alta jerarquía. Para ellos pidió que se los declare autores directos y mencionó a Jorge Glas, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Christian Viteri, Viviana Bonilla, Vinicio Alvarado, Pamela Martínez y Laura Terán, junto a 10 empresarios.
Pero para Martínez, Terán y el empresario Pedro Verduga pidió penas reducidas.
En el caso de las dos mujeres se debe tomar en cuenta la cooperación eficaz. “Este es un beneficio para quienes colaboran con la justicia”, agregó.
Si fuesen condenadas, recibirán una reducción del 90% de la sentencia. Así lo dispone el artículo 493 del COIP.
“¡90%!”, gritó el exasambleísta Viteri y al mismo tiempo se oyeron murmullos.
Salazar siguió con su exposición. Para Verduga, dueño de Equitesa, la Fiscal pidió una pena menor e invocó la figura del “atenuante trascendental”.
Este es otro beneficio para las personas que colaboran con la justicia y, en su caso, pidió que la pena sea de un tercio de los años que se imponga a los demás empresarios.
Yamil Massuh, exasesor de Duarte, fue el único sobre quien la Fiscal dijo no tener suficientes evidencias para comprobar su responsabilidad.
Además, señaló que él simplemente siguió las órdenes de Duarte. Por eso retiró su acusación. Tras conocerse eso, Francisco Pesántez, abogado y tío de Massuh, agradeció “la objetividad”. “Me hubiera gustado que mi intervención sea en Quito, pero no tenemos plata…” y se desató en llanto.
Él y el procesado siguieron las audiencias a través de videoconferencia desde la Corte de Justicia del Guayas.
En la audiencia, Salazar aclaró que hay un depósito de dinero supuestamente ilícito de Massuh y resaltó que eso será investigado. Anunció que se abrirán nuevas indagaciones “en contra de todos los procesados que están aquí” por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y peculado.
Recordó que en el caso de la oficina del edificio Concorde, en donde Martínez y Terán admitieron haber recibido los dineros de las empresas, ese arriendo se pagó con dinero de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Según el expediente, se usaron USD 30 000 del Estado para pagar ese despacho.
La Fiscal pidió que el Estado recibiera una reparación integral y dio dos cifras. La primera corresponde al monto de los aportes entregados por los empresarios a Alianza País. Esto es de USD 7,5 millones. Pero para la reparación, dijo, se debe calcular el triple de esta suma. Agregó que el Tribunal también debe considerar el total de los contratos por obras de construcción que recibieron los empresarios. Este valor es de USD 1 130 millones.
Más tarde, el procurador Salvador sostuvo que la reparación integral es de USD 23 millones aproximadamente.
La cifra pedida por Salazar “es irresponsable”, dijo José Luis Ortega, abogado de Solís.
