Solicitar asilo o refugio. Esas son las alternativas que tienen los asambleístas del correísmo que desde hace más de una semana permanecen en la Embajada de México en Quito.
El coordinador del bloque de la Revolución Ciudadana, Juan Cristóbal Lloret, manifestó el lunes 21 de octubre del 2019 que sus coidearios Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri Gualinga todavía están “evaluando” qué pasos seguir.
Los tres asambleístas permanecen acompañados de sus cónyuges en la representación diplomática: Luis Flores (Rivadeneira), Edwin Jarrín (Buendía) y Tania Pauker (Viteri Gualinga).
A ellos se suma Luis Fernando Molina, alterno de Mónica Alemán, también del correísmo. “En los próximos días darán a conocer cuál es su estatus o su condición, en algunos casos podrían pedir asilo.
Eso es lo que se está evaluando y se dará a conocer oportunamente”, expresó Lloret. En cualquier caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores (o Cancillería) del país azteca cuenta con lineamientos diferenciados para atender este tipo de pedidos desde el 2016.
“Al conceder el asilo se debe informar de inmediato al país de origen”, señala ese reglamento.
Y de eso no ha sido informada hasta ahora la Cancillería ecuatoriana.
La normativa mexicana agrega que, si bien no existe un procedimiento universal para la concesión del asilo, se trata de una facultad discrecional del Estado.
Precisa que este debe fundamentarse en razón de “delitos políticos o delitos comunes con fines políticos”.
Las autoridades del Gobierno ecuatoriano, si bien apuntan al correísmo de promover un fallido intento de golpe de Estado, no han presentado cargos contra ninguno de los legisladores que están en la Embajada.
Tampoco la justicia ha dispuesto diligencias en contra de los parlamentarios.
Los lineamientos de la Cancillería mexicana en relación con el refugio indican que “una vez presentada la solicitud de reconocimiento no se podrá proporcionar información alguna al país de origen”.
Entre las motivaciones para acceder a esta protección se incluyen las opiniones políticas, conflictos internos o pertenencia a determinado grupo social, entre otras.
Sin embargo, puntualiza que para poder aplicar “el individuo necesariamente debe encontrarse en el territorio del Estado que habría de reconocer la condición de refugiado”.
El último pronunciamiento que hizo la Cancillería mexicana al respecto fue el 15 de octubre pasado. En un comunicado indicó que da “protección y resguardo” a un total de siete personas en su Embajada.
Añadió que ante esta representación diplomática se presentó Leónidas Moreno, como asesor jurídico de Luis Fernando Molina, pero que él “no solicitó resguardo ni protección”.
El caso de los asambleístas es inédito en Ecuador, pero podría equipararse a la situación que vivió en febrero del 2012 el director de diario El Universo, Carlos Pérez, quien se asiló en la Embajada de Panamá en Quito tras ratificarse una condena por injurias al expresidente Rafael Correa.
Panamá solicitó entonces un salvoconducto al Gobierno de Correa a favor de Pérez, pero el entonces canciller, Ricardo Patiño, puso objeciones.
Para hoy se prevé que la situación que afrontan los asambleístas del correísmo sea analizada por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL). Ana Belén Marín (AP), una de las integrantes del organismo, dijo que se analizará un informe jurídico al respecto.
Rivadeneira, Buendía y Viteri principalizaron a sus alternos para que acudan al Pleno.
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