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SE VIENEN MOMENTOS DE TENSIÓN EN EL PAÍS

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“Las marchas del mes de junio, son expresiones de protesta ciudadana de carácter espontáneo, no comandadas por organizaciones políticas específicas”, expresó el politólogo Julio Echeverría.

Aquellos momentos gloriosos de popularidad que tuvo el régimen entre 2007 y 2009 al parecer no volverán. Las marchas generadas durante los últimos meses en varias ciudades del país son una muestra clara de ello. ¿Existen las condiciones necesarias para una salida del correísmo? Esa es una de las principales interrogantes que hoy surgen en la ciudadanía. El politólogo Julio Echeverría realizó un análisis para revista La Verdad sobre la coyuntura política actual.

 

Movilizaciones ciudadanas

Marchas del mes de junio ¿manifestaciones ciudadanas o conspiración de grupos y movimientos políticos en el Ecuador?

 

El régimen caracteriza a toda forma de oposición e incluso a cualquier postura que no coincida con sus ‘verdades’, como conspiración; concibe la política como exclusión y aniquilación del contrario, al cual no reconoce legitimidad alguna. Al concebirse como portador de la verdad histórica, el régimen mira a quien no coincide con sus posturas como portador de falsedad, como encarnación del mal, arriesgando de esa manera, caer en formas extremas de sectarismo, que pueden derivar en autoritarismo o totalitarismo.

 

Las marchas del mes de junio, son expresiones de protesta ciudadana de carácter espontáneo, no comandadas por organizaciones políticas específicas. Sin embargo, al calor de la movilización algunos actores pertenecientes a partidos u organizaciones, comenzaron a aparecer protagónicamente.

 

¿Qué lecciones dejan las marchas realizadas en las últimas semanas? ¿Cuáles son los principales ganadores y perdedores?

Las últimas marchas realizadas demuestran poseer las virtudes y los defectos que son propios de las movilizaciones ciudadanas que han aparecido últimamente en distintas latitudes, desde Occupy Wall Street, a la primavera árabe, desde los indignados del 15 M, hasta ahora la movilización de los Shyris en Quito; un tipo de movilización con una carga de disrupción sumamente fuerte, pero de escasa permanencia y consistencia programática; se trata movilizaciones que se activan a través de redes sociales virtuales y que no obedecen a estrategias predefinidas. Se trata de modalidades de acción social, que generan efectos importantes en la deslegitimación de los poderes hegemónicos; en el caso ecuatoriano la movilización ciudadana ha derribado el mito del liderazgo inapelable de Correa y de su organización Alianza PAIS, ha puesto en evidencia un acumulado de impugnaciones a un conjunto de medidas de corte autoritario, implementadas por instituciones como la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se han demostrado totalmente subordinadas al poder gubernamental y a la voluntad del Presidente Correa.

 

¿Qué se ha conseguido a través de las movilizaciones?

Básicamente develar el carácter autoritario y con rasgos totalitarios del régimen correísta, una impugnación que explotó como reacción a la imposición de las dos leyes, de Plusvalía y Herencia, con las cuales el régimen apuntó a radicalizar su programa de redistribución, pero que demostraron ser medidas fiscalistas y confiscatorias que atentaban contra el derecho a la propiedad y a la estructura familiar de la empresa productiva ecuatoriana. Esta situación además develó la inconsistencia del modelo económico y alertó sobre la vulnerabilidad del mismo y sobre la necesidad de detener ese proceso de radicalización, que solamente podría conducir a la debacle económica, a la desdolarización y al brusco empobrecimiento de las llamadas ‘clases medias’, sectores que inicialmente fueron favorecidos por el modelo de transferencia de rentas y de subsidios.

 

¿Qué le espera al gobierno en estos dos años en el poder?

El escenario para el régimen se pone ‘cuesta arriba’, se enfrenta a la necesidad de radicalizar aún más su proyecto, lo cual le podría significar un enfrentamiento con amplios sectores ciudadanos que le podrían conducir a situaciones de inestabilidad política de difícil control; para evitar esta posibilidad, el régimen podría optar también por un cambio de timón en la conducción económica y política, lo cual le significaría alejarse aún más de sus bases de apoyo, en cuyo caso su horizonte de permanencia política se reduciría a culminar con una débil posición, casi de sobrevivencia política, hasta las elecciones del año 2017. Ello dependerá de varios factores de singular importancia: las condiciones de financiamiento de la economía que giran tanto alrededor del precio internacional del petróleo como de las fuentes de financiamiento para el endeudamiento, las cuales tienden a ser cada vez más escasas y onerosas, y del comportamiento de la oposición política que se presenta fragmentada y sin una clara opción para las elecciones del 2017.

 

“El escenario para el régimen se pone ‘cuesta arriba’, se enfrenta a la necesidad de radicalizar aún más su proyecto, lo cual le podría significar un enfrentamiento con amplios sectores ciudadanos que le podrían conducir a situaciones de inestabilidad política de difícil control”.  

 

¿Cómo evalúa el discurso del presidente Rafael Correa frente a las manifestaciones ciudadanas?

El discurso presidencial tiende a minimizar el impacto de las movilizaciones, a desconocer su carácter ciudadano y a presentarlo como una obscura maquinación de las fuerzas de la llamada ‘restauración conservadora’. Parecería evaluar con claridad las dificultades de optar por una u otra línea, y frente a ello, prefiere afianzarse en su opción más segura, aquella que le ha rendido buenos resultados políticos, como es la estrategia de la confrontación y la de la polarización. Realiza una operación de construcción o remozamiento de su línea confrontativa; ahora ya no es la ‘partidocracia’, ahora son los ricos, los cuales son una minoría a quienes se debe enfrentar, sin advertir que las condiciones de la crisis económica y las medidas adoptadas (salvaguardias, confiscación de rentas a maestros, a jubilados, y ahora los impuestos a la herencia y a la plusvalía) terminan por afectar a amplios sectores ciudadanos, al ser medidas recesivas que afectan la relación inversión-producción-crecimiento impactando en el desempeño económico del conjunto del país.

 

 El presidente ha llamado a un “gran diálogo nacional” ¿Existen las condiciones necesarias para ello?

En un contexto de movilización y rechazo a la política económica del régimen, el llamado al diálogo parecería ser más una operación de distracción frente a la adversidad de la coyuntura, que la definición de un legítimo espacio para la construcción de consensos. La convocatoria y la metodología adoptada al discriminar a los convocados al diálogo juzgando su idoneidad y buena fe, no hace sino reeditar e insistir en la confrontación. Por otro lado, el reconocimiento cada vez más generalizado de que la oposición es el modelo y no uno de sus elementos, hace que la discusión o el diálogo aparezca como una maniobra de distracción del régimen, además la convocatoria por parte de un régimen que durante los 8 años de su estancia en el poder nunca ha acudido a la construcción de consensos sino a su sistemática negación, bajo la premisa de que quien dialoga debe primero demostrar su legitimidad, por la cantidad de votos que haya logrado alcanzar en las contiendas electorales.

 

¿Cuáles son los temas centrales que se deben debatir en el país en estos momentos?

Los temas centrales tienen que ver con el carácter del modelo económico y del modelo político; el primero por su condición rentista, que no ha logrado en sus 8 años de implementación, superar la característica primario exportadora de la economía nacional, evidenciando el fracaso del llamado cambio de la matriz productiva. La economía es hoy más vulnerable que antes frente a choques externos a los cuales se trata de cubrir con más endeudamiento y exasperando el rentismo; y respecto al segundo, la necesidad de recuperar la democracia y las instituciones del Estado de derecho, seriamente afectadas por la implementación del ‘mandato de Montecristi’. En ese sentido, la discusión necesariamente deberá tomar como referente la Constitución, las fuerzas políticas deberán exigir y caminar hacia una reforma constitucional, que modifique sustancialmente las condiciones de vigencia tanto del modelo económico como del político y sus relaciones.

 

Frente al debilitamiento del régimen en los últimos meses ¿se han generado las condiciones para hablar de un post correísmo?

La discusión sobre la lógica que anima a los modelos económico y político que están definidos constitucionalmente, es una forma de discutir las condiciones del postcorreísmo; la aceptación de la discusión, en los términos de la convocatoria a los diálogos realizada por el régimen, solo apuntaría a legitimar las condiciones de regresión democrática y de afectación de la economía de los ciudadanos. La discusión del postcorreísmo es cada vez más una necesidad para la articulación programática de las fuerzas de oposición.

 

¿Considera oportuno que el régimen ceda ante los reclamos ciudadanos o puede ser visto como una derrota más en el ámbito político?

Considero oportuno que el régimen ceda frente al reclamo ciudadano, ello sería una oportunidad de sobrevivencia política y de cambio de rumbo para la llamada ‘revolución ciudadana’, lo cual significaría alejar a aquellos sectores de AP que entienden la política como anulación del adversario. Sin embargo, ello podría significar también el fortalecimiento en el régimen de aquellos sectores ‘menos ideologizados’ y ‘más pragmáticos’, o sea de aquellos que usufructúan del rentismo y consolidan lógicas exclusivas de acumulación de poder, entorno a la figura del presidente.

 

“La convocatoria por parte de un régimen que durante los 8 años de su estancia en el poder nunca ha acudido a la construcción de consensos sino a su sistemática negación, bajo la premisa de que quien dialoga debe primero demostrar su legitimidad, por la cantidad de votos que haya logrado alcanzar en las contiendas electorales”.

 

Democracia

¿Cómo mira usted el sistema democrático en el Ecuador en la actualidad?

La democracia en la actualidad está fuertemente disminuida, no solamente por el ejercicio autoritario del régimen correísta, sino por el mismo diseño institucional definido en la Constitución de Montecristi, en el cual se debilitan las instituciones del Estado de Derecho, en particular el principio de la división e independencia de los poderes públicos. La gestión política antidemocrática y autoritaria del régimen no hace sino instrumentar lo definido en el texto constitucional, en el cual se estipulan las condiciones del hiperpresidencialismo.

 

¿Cómo fortalecer el sistema democrático en el Ecuador?

Recuperando la autonomía de los poderes públicos y desmontando los mecanismos de control de la expresión ciudadana. Modificando por tanto las bases del hiperpresidencialismo que están en la Constitución de Montecristi. Ello significaría potenciar las condiciones del pluralismo político, mediante la agregación de las distintas oposiciones que ahora lucen fragmentadas y dispersas. Frente a la polarización y a la confrontación disimulada por los llamados al dialogo, las oposiciones deben agregarse en la construcción de un programa político post correísta, que sea creíble y dotado de legitimidad

 

¿Cómo lograr una verdadera gestión pública en democracia?

La gestión pública en democracia implica la rendición de cuentas sobre la acción de las autoridades. Cuando hay concentración del poder en una sola función del Estado, cuando la función de control social y transparencia, la de justicia e incluso la justicia constitucional no tienen autonomía, sino que responden directamente a las órdenes del Ejecutivo, no puede haber gestión democrática de los asuntos públicos. Estos rasgos se profundizarían en el caso de que se apruebe la reelección indefinida, porque la alternabilidad en el poder limita la arbitrariedad y el abuso. Una verdadera gestión pública en democracia solo se puede lograr recortando los poderes al hiperpresidencialismo.

 

¿Por qué Ecuador a pesar de haber tenido tantas leyes y constituciones ha tenido tan poca institucionalidad y ciudadanía?

Las crisis de los sistemas institucionales no son exclusivas de los países de desarrollo bajo o medio, como es el caso del Ecuador. El fortalecimiento de las instituciones y de la ciudadanía depende de múltiples factores, como del tipo de liderazgos, o del económico. En el caso del Ecuador, se encuentra una vinculación entre el incremento de la renta petrolera y los rasgos autoritarios del régimen, por ejemplo.

 

¿Qué medidas tendrá que tomar un gobierno (no correísta) en el futuro para reinstalar la confianza y atraer inversionistas nacionales y exteriores?

Seguramente la principal medida tendrá que ver con el rescate de la institucionalidad del estado de derecho mediante una reforma política generada consensualmente; ello contribuiría a la recuperación de la seguridad jurídica, aspecto de particular relevancia para el impulso de una transformación productiva que abandone el rentismo y promueva la sostenibilidad del crecimiento económico y por esa vía la generación de empleo y la reducción de las asimetrías distributivas. El nexo entre el modelo político y el modelo económico es estrecho y las reformas deberán realizarse en estas dos dimensiones, emitiendo así señales claras que fortalezcan el pluralismo político, eliminando las leyes que lo coartan como son las de comunicación y las disposiciones que persiguen y atentan contra la organización autónoma e independiente de la sociedad civil.

 

“Cuando hay concentración del poder en una sola función del Estado, cuando la función de control social y transparencia, la de justicia e incluso la justicia constitucional no tienen autonomía, sino que responden directamente a las órdenes del Ejecutivo, no puede haber gestión democrática de los asuntos públicos”.

 

Perfil

Julio Echeverría es Doctor en Sociología, Politólogo, Investigador y Catedrático Universitario. Es profesor de la Universidad Central del Ecuador y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Ha sido columnista de Diario El Comercio y analista en temas políticos. Actualmente es Director del Instituto de la Ciudad.

 

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Por: Cristian Bravo Gallardo

Fotografía: María Augusta Rojas